Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) han expresado su deseo de comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo (TS) en caso de que el Alto Tribunal asuma las competencias de la parte relativa a los aforados que afecta a la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y de la que está en posesión desde este martes.
Lo han hecho en Canal Sur, que afirma que ambos políticos están "aliviados" tras la decisión de Alaya. En sendas entrevistas, han expresado su deseo de declarar de forma voluntaria ante el Supremo y poder poner fin así al, dicen, periodo de "indefensión" que consideran que han sufrido desde que el pasado 10 de septiembre de 2013 la juez dictara un auto comunicándoles la existencia del procedimiento "en calidad de imputados".
El expresidente Manuel Chaves ha asegurado a la RTVA que quiere ir a declarar "voluntariamente" ante el Supremo, entre otras cosas, porque tiene la "conciencia absolutamente tranquila". "No tengo ningún tipo de problema, por tanto, a partir de Tribunal Supremo asuma la competencia del tema, estoy dispuesto a declarar voluntariamente porque tengo una absoluta tranquilidad de conciencia".
En esta línea, ha insistido en que mientras que fue presidente de la Junta de Andalucía -cargó que ostentó durante 19 años- "todas las decisiones políticas han sido decisiones legales y, por tanto, en ningún momento ha habido ni confabulación ni conspiración de nadie para que otros pudieran delinquir". De ahí, que se haya mostrado "totalmente convencido de que eso el Tribunal Supremo lo acreditará".
Por su parte, el expresidente Griñán también ha asegurado estar "tranquilo", fundamentalmente, porque "ha terminado un periodo largo de indefensión en donde, bueno, te señalaban y no te podías defender".
"No se han llevado ni un euro", dice
"Ahora ya están señalando y yo puedo hacer las alegaciones correspondientes, que no son pocas, ante el Tribunal Supremo y pediré comparecer voluntariamente", ha añadido Griñán, quien ha asegurado que "nadie de los aforados se ha llevado ni un euro".
"No ha habido ni una sustracción de recursos públicos, ha habido, eso sí, se nos acusa de un procedimiento irregular por el que se permitió que se produjeran delitos", ha dicho. "Nosotros mantenemos que no solamente era regular sino que era legal y ya tenemos ganas de hacer nuestras propias alegaciones", ha insistido.