Desde que el rey Juan Carlos comunicara su abdicación el pasado 2 de junio muchas son las voces que reclaman la celebración de una consulta popular para que los españoles elijan entre Monarquía o República. Un referéndum (o referendo) que la RAE define como "procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone". El mismo puede ser a nivel provincial, regional o nacional. Y es, en definitiva, una herramienta de participación directa de los ciudadanos en las decisiones del Estado.
Se usa fundamentalmente en dos lugares del mundo, considerados ejemplo de Democracia Participativa (o Democracia Directa): Suiza y California. En ambos lugares, los votantes marcan en gran medida la política del Ejecutivo de turno, y lo hacen a través de referendos o iniciativas populares vinculantes.
De hecho, hoy en día la pena de muerte se mantiene en vigor en el mencionado estado americano tras someterse a consulta popular en 2012 y que un 55% de los votantes rechazara eliminarla.
En Europa, el uso del referéndum es habitual en Liechtenstein, Italia y -sobre todo- en Suiza, donde los ciudadanos suelen estar convocados a votar al menos cuatro veces al año (de media), tanto para cuestiones nacionales, como cantonales o municipales.
El caso suizo
Según la Constitución de Suiza, el pueblo dispone de dos tipos de herramientas de participación ciudadana: el referéndum (facultativo u obligatorio, en cualquier caso vinculante) y la iniciativa legislativa popular, que -por cierto- se somete a consulta si reúne el mínimo de firmas.
Así, el pueblo suizo puede derogar una ley ratificada por el Parlamento, si se reúnen 50.000 firmas en un espacio de cien días tras la promulgación de la norma, para obligar al gobierno a someter el asunto a votación pública, mediante un referéndum facultativo. Y si la decisión de la Cámara concierne normas constitucionales o del derecho internacional, se usa el referéndum obligatorio.
Por ejemplo, el presente año los helvéticos ya han votado en dos ocasiones. El pasado 9 de febrero, cuando aprobaron establecer cuotas para la entrada de todos los extranjeros -incluidos los ciudadanos europeos- como herramienta para frenar una supuesta inmigración masiva. Y el 18 de mayo, fecha en que los suizos rechazaron, por una amplia mayoría, la instauración de un salario mínimo legal de 4.000 francos (más de 3.000 euros) o 22 francos la hora (18 euros). De la misma manera, votaron en contra de la compra de veintidós nuevos cazas de combate, por un valor cercano a los 3.500 millones de dólares.
En Italia y Grecia
Italia, por su parte, ha celebrado una veintena de referendos desde finales de los años cincuenta. Así, en junio de 2011, los italianos decidieron abolir el programa nuclear, la privatización del agua, el encarecimiento de las tarifas y la ley del legítimo impedimento (que permitía que Berlusconi aducir empeños institucionales para no presentarse a sus juicios).
Otros países utilizan el uso del referéndum vinculante de forma excepcional, para casos de extrema importancia para el país. Sin duda, uno de los más relevantes de las últimas décadas nos lleva hasta Grecia, y fue el convocado por Karamanlis, en 1974. Una consulta en la que el pueblo griego decidió el fin de la monarquía que encabezaba el rey Constantino, hermano de la reina doña Sofía.