La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado y dejado sin efecto la imputación de los ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ha pedido a la juez Mercedes Alaya que dicte una nueva resolución donde exponga con "mayor precisión" los hechos que atribuye a ambos.
El auto se basa en los mismos principios que aplicó para anular la imputación en el caso de la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez.
En este caso, "parece que su imputación se desprendería tan solo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos", dice la Sección Séptima de la Audiencia.
La Audiencia entiende que "subsisten las mismas razones" que motivaron la anulación de la imputación de Magdalena Álvarez, respecto a la cual la juez Mercedes Alaya dictó en 2013 un nuevo auto ampliatorio con los hechos de los que le acusaba, le volvió a tomar declaración y finalmente le impuso una fianza civil de 29 millones de euros que en la actualidad se encuentra en fase de ejecución de los embargos.
La Audiencia da la razón al abogado de Lozano y Aguilera, José María Mohedano, en el sentido de que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva "por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación".
Dice el auto que "la complejidad de los hechos investigados" y la amplitud de delitos (prevaricación, malversación, cohecho, falsedad, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública o asociación ilícita) "hubiera hecho deseable que se especificase qué concreta participación en qué concreto delito se atribuía" a los ex altos cargos.
Los magistrados, sin embargo, reconocen que Alaya ha ido haciendo esa concreción "a medida que se ampliaba el panorama de personas investigadas".
El auto afirma que es necesaria esa "mayor precisión" puesto que Lozano y Aguilera, que fueron directores de Presupuestos de la Consejería de Hacienda entre 2002 y 2012, no coincidieron totalmente con los años en que Álvarez fue consejera de Hacienda entre 1994 y 2004.
Según la Audiencia, la inconcreción de la acusación se centra en las llamadas transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas y el verbo "permitir" que la juez instructora atribuye a los ex altos cargos de la Junta imputados.
Tal verbo tiene "una significación equívoca en su propia acepción gramatical, puesto que lo mismo puede aludir a una acción que a una omisión, de forma que podría interpretarse como alusión a una culpa 'in vigilando' por parte de las personas a las que el auto se refiere, según la Audiencia.
En "coherencia procesal" con esta decisión, la Audiencia ha emitido otro auto en el que anula la fianza civil de 46 millones de euros impuesta a Lozano por las ayudas otorgadas bajo su mandato.
Álvarez, Lozano y Aguilera fueron imputados en la causa de los ERE juntos a otros 17 ex altos cargos de la Junta, aunque la Audiencia concreta que la anulación de esta imputación "no puede extenderse a terceros ajenos a este recurso"