El debate en los círculos populares es intenso. Este mismo jueves, el ministro del Interior, Jorge Fernández, apoyó la propuesta de Ana Botella e Ignacio González de regular las manifestaciones en el centro de Madrid. Pero, de momento, el Gobierno descarta tomar medidas en este sentido, consciente de que le generaría una dura respuesta de los partidos de la oposición.
El plan de Botella parece, pues, no tener recorrido, al menos de momento. Desde Moncloa se defiende que hay estudiar los itinerarios de las protestas y conciliar los derechos de todos. Pero admite que no ha reclamado ningún informe jurídico sobre el ejercicio de manifestación. Esto es, sobre la posibilidad de blindar los entornos históricos y ejes estratégicos de transporte, como piden consistorio y comunidad, y llevar las marchas a un espacio concreto.
La vicepresidenta fue concisa: el Ejecutivo "no ha reclamado ninguna posición jurídica" a los ministerios pertinentes –los de Interior y Justicia- "ni se está trabajando en este sentido". Un cerrojazo evidente tras el fuerte debate político y mediático, en el que se pudo observar un encendido intercambio de declaraciones entre Botella y Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno, que ya advirtió que ella no era la competente.
Esto no quiere decir que "en ocasiones" no se puedan rectificar itinerarios. Y por ahí parecen ir los planes del gabinete para evitar el daño que las marchas puedan estar provocando a sectores clave para la economía municipal, como se queja Botella. "En este derecho y en su ejercicio vamos a buscar en todo momento y en cada manifestación concreta, de qué manera, preservando el derecho de manifestación, preservemos también los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos para que se vean lo menos perjudicados posibles", afirmó Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros.
Aviso al PSOE y partidos de izquierda
La número dos del Ejecutivo aprovechó la comparecencia de prensa para hacer una encendida defensa de la labor de las fuerzas de seguridad y sacar los colores a aquellos partidos que han incluido matices en su rechazo a la violencia del pasado sábado. La violencia, dijo de forma vehemente y por varias veces, es la "línea roja" y debe "ser rechazada sin matices".
"Nadie debería matizar ni escatimar la condena", zanjó Sáenz de Santamaría en una respuesta muy estudiada. Un aviso de navegantes a todos los partidos de izquierda, pero en especial al PSOE. A ellos, y a la opinión pública en general, recordó que el vandalismo y acoso a los agentes durante el denominado 22-M "no tiene ninguna justificación" y la reacción ha de ser muy clara: "Tolerancia cero frente a los violentos".
"Una cosa es manifestarse pacíficamente y otra aprovechar una manifestación para atentar contra los derechos de los demás", resumió la portavoz, que con sus palabras reconoció la alarma que las imágenes del sábado ha causado en el gabinete, al margen de que se tengan que solucionar los fallos en la estrategia de seguridad. Algo que, en privado, se reconoce: "A punto estuvieron de matar a un policía y eso nos tiene que llevar a la reflexión y en eso estamos", en voz de una fuente de alto rango.
Sáenz de Santamaría defendió que "nadie quiere esas escenas en la calle y espero que estemos todos unidos para demostrar que garantizar el derecho de manifestación es también evitar que algunos vayan buscando lo que van buscando". En otras palabras, la portavoz exigió que los violentos no puedan tener "el mínimo resquicio" ni "cobertura" de los partidos.