Durante la pasada semana hemos visto en los medios varias noticias diferentes y aparentemente inconexas, pero que tienen un significado común y profundo más allá de los titulares: el hecho de que desde pequeñas asociaciones de la sociedad civil o desde partidos políticos minoritarios se planteen iniciativas que probablemente deberían ser lideradas por los grandes partidos o las instituciones.
El primer ejemplo fue, sin ningún género de dudas, la demanda que el colectivo de víctimas del terrorismo Covite presentó ante el Tribunal de La Haya. Covite pretende que esta institución eleve los delitos de ETA al rango de genocidio, lo que tendría un evidente valor simbólico y uno legal aun mayor: en ese caso los delitos cometidos por la banda terrorista no prescribirían nunca.
Uno de los miembros de Covite explicaba en esRadio algo que no escapa a cualquier observador medianamente avezado: si la iniciativa de las víctimas tiene sentido es porque las instituciones no han hecho sus deberes, ni durante años para cambiar la legislación, ni antes de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, ni después de emitir dicho auto para dificulta en lugar de favorecer su cumplimiento.
Tanto los partidos mayoritarios –el PSOE desde hace mucho tiempo, el PP sobre todo desde su llegada al poder- como la Justicia –flagrantemente a partir del momento en el que Estrasburgo dictó su sentencia- han dejado a las víctimas del terrorismo arrinconadas: "Nos vemos desamparados después de tantos años pues no ha habido una iniciativa en este sentido ni tampoco interés político en acabar con ETA", decía Josu Puelles.
¿Quién defiende a la Justicia?
El pasado martes una publicación revelaba que el fiscal Horrach, cuya función se supone que es ejercer la acusación en el caso Nóos, era uno de los principales estrategas de la defensa de la infanta Cristina.
La noticia fue negada por el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, pero el desmentido no oculta una realidad que se ha podido ver durante toda la evolución del caso: prepare o no la defensa de la hija del Rey, la Fiscalía ha hecho todo lo posible por evitar las dos imputaciones de una infanta que, como mínimo, estaba claro que debía ser interrogada por el juez Castro.
Es un caso claro en el que los poderes del Estado han renunciando a su papel, defender la Justicia, fiscalizar en las dos acepciones –sobre todo en la segunda- que la palabra tiene en el diccionario de la RAE.
Ha tenido que ser el peculiar sindicato Manos Limpias, conocido sobre todo por su intensa actividad judicial, el que logre con su empeño que la investigación del caso Noós y de las probables responsabilidades de la infanta no caiga en saco roto. Una vez más, instituciones y los partidos ni están, ni se les espera.
¿Quién defiende la integridad territorial?
Y también ha tenido que ser también Manos Limpias quién lleve a Artur Mas ante los tribunales o, mejor –puesto es dudoso que la querella tenga mucho recorrido judicial- recordarle a Mas y recordarnos a los demás que muchas de las cosas que está haciendo podrían considerarse delito.
Y ha sido la única advertencia que el presidente de la Generalidad ha recibido en el plano judicial, lo que debería sorprendernos, pues se trata del hombre que está encabezando la operación para separar a Cataluña de España, totalmente en contra de las principales leyes vigentes.
Sin embargo, tampoco es extraño que Manos Limpias tenga que encabezar lo que podríamos denominar el "frente judicial", cuando el "frente político" está en manos de un partido que sólo tiene un pequeño grupo parlamentario de cinco diputados: UPyD.
Porque han sido los de Rosa Díez los que han presentado la primera iniciativa en el Congreso de los Diputados para que la cámara que es depositaria de la soberanía nacional rechazase formalmente el desafío separatista, una moción a la que se tuvieron que unir PP y PSOE, pero que ellos no se atrevieron a presentar.
En suma, ni por lo que se refiere a las víctimas, ni en la lucha contra la corrupción, ni en el plano de la Justicia y menos todavía en el de la protección de la nación, los que deberían ser los primeros en luchar por los valores primordiales de la democracia y en defender España parecen haberla abandonado y haber dejado su tarea en manos de los restos de una debilitada sociedad civil.