El Gobierno descarta "cualquier comparación" entre el error de Interior y el chivatazo

El Gobierno muestra públicamente su bochorno ante "el error" del ministerio del Interior adelantando el anuncio de unas detenciones de etarras que aún no se habían producido. Pero se esfuerzan en dejar claro que fue precisamente eso: un error que, de momento, ya ha provocado la dimisión del director de comunicación del departamento.

El resto de comparaciones no corresponde con la realidad a juicio del gabinete. "Se cometió un fallo humano que hubiéramos deseado que no se produjera", es la versión oficial. "Cualquier similitud ha quedado solventada por la Fiscalía", cortó en seco la vicepresidenta cuando se le preguntó expresamente por el chivatazo a la banda terrorista ETA, llevado a cabo en época de José Luis Rodríguez Zapatero. Insistió para que no quedaran dudas: "Queda absolutamente descartada cualquier comparación".

El principal argumento que ofreció Soraya Sáenz de Santamaría es que la Fiscalía se ha dado por satisfecha con las explicaciones de Interior y la caída de Albert Gimeno, el responsable de la comunicación y muy próximo a Jorge Fernández Díaz. "Ocurre en determinadas ocasiones. La persona responsable ha presentado su dimisión", resumió la portavoz, al término del Consejo de Ministros.

En principio, la depuración de responsabilidades quedará ahí. "Ha habido un error grave y quién lo ha cometido ha presentado su dimisión", es la respuesta que se da desde la Moncloa. Pero los sindicatos de Policía y Guardia Civil van más allá y apuntan al propio ministro, que acumula ya varios deslices que han comprometido actuaciones de las fuerzas de seguridad. El propio departamento admitió la eliminación de documentación sensible, lo que ha provocado indignación en las filas populares.

El ministro "está tocado"

De la vicepresidenta no salieron palabras de apoyo al ministro, y sí a las fuerzas de seguridad: "Ha sido una operación muy importante contra ETA y su tarea es lo primero que tenemos que poner de manifiesto", aseguró. Diputados populares, ya el jueves, se quejaron de que "no es la primera vez" y parece "indignante" que se pueda comprometer así una operación. Pero no pocos también recuerdan el vínculo estrecho del ministro con Mariano Rajoy; de hecho, fue su colaborador en varios ministerios en época de Aznar.

Incluso dentro del propio Gobierno se pone en entredicho a Fernández Díaz, que dicen "está tocado" y es el primero que se avergüenza por lo ocurrido. "Todos cometemos fallos, eso es normal. Pero lo de esta semana es grave y hay que hacer una profunda reflexión", en voz de un ministro, que no da su nombre.

Sáenz de Santamaría no entró en esa cuestión, pero sí quiso alejar el fantasma de que la operación se produjera por una cuestión política, como se ha sugerido en algunos medios y partidos políticos, y no policial y judicial: "Las operaciones no se deciden ni se organizan de la noche a la mañana" sino tras "una profunda organización, análisis y estudio" y, además, deriva "de una decisión judicial". De hecho, instó al PSOE, cuyos concejales de San Sebastián se alinearon con Bildu en contra de la Guardia Civil, a que respete y apoye a las fuerzas de seguridad.

Se estudia que no puedan ser concejales

Fuentes del Ejecutivo aseguran que, en todo caso, es un aviso a navegantes: la banda terrorista "debe saber que vamos a por ellos hasta que no entreguen las armas y se disuelvan por completo". Como prueba, y en un gesto claro a las víctimas -muy alejadas de Rajoy tras el fin de la doctrina Parot-, el Gobierno estudia en paralelo la posibilidad de que antiguos integrantes de ETA o su entorno no puedan concurrir a las elecciones autonómica y locales, como tampoco puedan ser altos cargos. "Lo estamos estudiando", avanza la vicepresidenta; implicados están expertos y también la Abogacía del Estado.

"En momentos como éste, el ejercicio de las funciones pública exige unos niveles de ejemplaridad que tiene que estar regulado", puso encima de la mesa la número dos del presidente. La idea es aplicar los requisitos de los altos cargos a los candidatos a las elecciones, pero esto afecta a la ley electoral. "Estamos analizando si esos elementos de ejemplaridad pueden extenderse a otros ámbitos", precisó.