El Partido Popular puso en solfa el último auto del juez Pablo Ruz -según el cual, la formación utilizó una contabilidad paralela e ilegal para reformar su sede nacional- hasta el punto de reclamar a la Fiscalía que tome cartas en el asunto porque las facturas demuestran que se equivoca. "Los número no engañan", resumió María Dolores de Cospedal, que puso voz a la indignación que desde el viernes expresan desde las distintas estructuras de la formación.
Bajo la premisa del "respeto" a las decisiones judiciales, la número dos del PP vino a rechazar de manera seca y global su acusación de irregularidades. Según el magistrado, el partido se sirvió de su contabilidad b para remodelar Génova13. Unas obras que empezaron en 2006 para terminar en 2010 y que costaron 5.600.000 euros. "La contabilidad consta en el juzgado y es conocida por todos. Constan todas las facturas y el pago de la obra", afirmó Cospedal, que vio cómo este asunto y la condena a Carlos Fabra monopolizaban la comparecencia al término del Comité Ejecutivo.
Tan seguros están en Génova de que Ruz se equivoca que han pedido ayuda al fiscal. En concreto, y dado que el PP no es parte en el procedimiento, remitirán un escrito en las próximas horas para emplazarle a que revise las facturas que ya están en manos del magistrado y sobre las que, deslizan, ha hecho caso omiso. "Pedimos que las revise", defendió Cospedal. "No quiero insinuar nada en relación con el auto, lo que quiero decir es que en la contabilidad del partido figura el pago de la sede", enfatizó.
Cospedal también dio explicaciones a puerta cerrada, ante un Comité Ejecutivo con muchas ausencias -tantas que sólo asistió un presidente autonómico, el de Cantabria-. Si en público se cuidó de evitar el nombre de Luis Bárcenas -se refirió únicamente a los "apuntes de otras personas"-, en privado sí se refirió en concreto a la "caja" del extesorero de la formación. Según varias fuentes, puso encima de la mesa que ha sido él quién "se ha llevado el dinero" y, por lo cual, tendrá que responder por ello.
Fabra y su carnet de militante
En pleno comité, en los móviles de la cúpula saltó el urgente sobre la condena a Fabra. Por su puesto, Mariano Rajoy no se refirió a este asunto en ningún momento, como tampoco a la presunta contabilidad b -las explicaciones las dio, en exclusiva, Cospedal-. En rueda de prensa, la número dos avanzó que el Comité de Derechos y Garantías, que dirige Alfonso Fernández Mañueco, decidiría sobre la retirada del carnet de militante, si bien el aludido se adelantó solicitando la baja al PP de Castellón.
En todo caso, Cospedal quiso recalcar que "aún no está dictada la última sentencia". "Conocemos una sentencia y la respetamos como la tenemos que respetar. Y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia en nuestro país", contestó sin querer ahondar en la cuestión.