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El Gobierno aún no ha recibido la información reclamada al embajador de EEUU

La vicepresidenta evita el choque con Estados Unidos: "No puedo ni confirmar ni desmentir ninguno de los extremos", se escuda.

El Consejo de Ministros se reunió este jueves aún sin los datos reclamados a Estados Unidos sobre el supuesto espionaje masivo que podría haber afectado, incluso, al gabinete anterior y al vigente. El lunes, se convocó de forma urgente al embajador, el recién llegado James Costos. Pero, más allá del clima de distensión de la cita, aún no se ha recibido la información solicitada por el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo.

"Hemos reclamado por la vía diplomática una información y estamos pendientes de que se nos haga saber", confirmó la vicepresidenta. Si bien, Soraya Sáenz de Santamaría evitó elevar el tono porque, enfatizó, es el momento de ser "prudentes". "No puedo ni confirmar ni desmentir ninguno de los extremos", zanjó en rueda de prensa.

El Gobierno se mueve con pies de plomo, como así lo evidenció Mariano Rajoy en la sede de la soberanía nacional este mismo miércoles. "Si se confirman algunas informaciones", puntualizó la portavoz del Ejecutivo, "afectarían a la confianza y la relación mutua", pero nada quiso dar por cierto. Esto es, Moncloa sigue esperando algún movimiento de la administración de Barack Obama, a la que también requiere una invitación a la Casa Blanca.

Sáenz de Santamaría, que es la responsable de la Inteligencia del país, se escudó en la legislación para no dar más detalles. Además, precisó que la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en el Congreso será en un ámbito "secreto y discreto". Efectivamente, en la comisión de secretos oficiales -a la que acude el próximo miércoles, a las nueve de la mañana- no pueden entrar las cámaras y se le pide a los portavoces de los grupos que no filtren el contenido de la reunión.

En todo caso, la vicepresidenta quiso mandar un mensaje de tranquilidad a una opinión pública convulsionada por las informaciones que se van conociendo: en España, aseguró, existe un "control judicial" en la intercepción de las telecomunicaciones. Desde 2002, "cualquier actuación" en este sentido "tiene que estar autorizada por el juez", en palabras de Sáenz de Santamaría.

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