Alaya imputa a otro ex director general de presupuestos de la Junta

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha acusado este martes al que fuera director general de Presupuestos entre los años 2009 y 2012 Buenaventura Aguilera de haber ejecutado "un cambio meramente aparente" y de haber conocido desde el mismo momento de su toma de posesión "las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria investigada", ya que con anterioridad a ser nombrado director de Presupuestos ya "habría conocido el ilegal uso de las transferencias de financiación".

Así, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos a Buenaventura Aguilera, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez instructora no le concediera 30 minutos para estudiar las imputaciones conocidas este mismo martes.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que el imputado, como quiera que ocupó entre 2003 y 2009 el cargo de jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria de la Junta, "habría conocido el ilegal uso de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para conceder subvenciones".

La instructora señala que, tras ello, fue nombrado director general de Presupuestos de la Junta el 28 de abril de 2009, ocupando el cargo hasta el 12 de junio de 2012 en una trayectoria que "vendría presuntamente definida a aparentar desde el comienzo un cambio", para lo que a los 45 días de su toma de posesión se dictó una instrucción "no publicada en ningún boletín informativo" a fin de cambiar el sistema de las transferencias de financiación.

Según la juez, esta instrucción no obedeció a "un cambio legislativo reciente", sino al hecho de que "se conocían las consecuencias a lo largo de la década de falta de control y de distorsión de la financiación que, según la citada instrucción, generaba el uso inadecuado de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones".

La juez indica que, "a partir de ese momento, y para el presupuesto 2010, desaparecía la partida fraudulenta 440.51.31.L, siendo sustituida por los artículos correspondientes a los beneficiarios últimos de las subvenciones, por ejemplo a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro".