El Gobierno regulará el papel del tesorero y cambiará la ley de contratos

Un total de 40 medidas que afectan a 10 leyes. El Gobierno da este viernes luz verde a su plan de choque contra la corrupción que, a renglón seguido, será remitido a las fuerzas políticas para alcanzar el máximo consenso. La negociación se antoja compleja y difícil -bastaba acudir este miércoles al Congreso, en el que se vivió un tenso rifirrafe a consecuencia del caso Bárcenas- si bien el pliego de reformas -de cumplirse- cambiaría sustancialmente el quehacer político de España.

Cargos implicados en la redacción del informe aseguran, incluso, que se ha ido "demasiado lejos". Pero en el Ejecutivo, bajo el mandato de Soraya Sáenz de Santamaría, ha imperado la máxima de recuperar la credibilidad ciudadana a base de ejemplaridad. De aprobarse el boceto, al que tuvo acceso este diario, se llevará a cabo una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos, que contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas en los estatutos de todas las formaciones; cuentas que deberán ser depositadas en un registro público.

Con el ejemplo de Luis Bárcenas en la mente de todos, la normativa regulará por primera vez el papel del tesorero -no sólo del PP sino también del resto de partidos, claro- que comparecerá de forma anual en el Congreso. También estarán bajo lupa los procedimientos de contratación, la retención de los pagos de subvenciones y la publicidad de las subvenciones. Se mejorará el régimen sancionador en materia de financiación y aumentarán los plazos de prescripción.

El Tribunal de Cuentas, tan en entredicho actualmente, sufrirá una importante transformación, si se cumplen los planes de la vicepresidenta. La reforma afectará tanto a los partidos como a las fundaciones vinculadas a los mismos -véase FAES, en el caso del PP, o Ideas, del PSOE- y busca "una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos".

Otra de las patas cardinales del plan nacional de regeneración es la relativa a la Ley de Contratos del Sector Público. Se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público "a todas las personas tanto físicas como jurídicas" condenadas por delitos relacionados con la corrupción, según los papeles de Moncloa.

De igual forma, se creará una Ley Reguladora de las Fundaciones Políticas, que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditoría de su situación patrimonial al final de su mandato. Esto es, en la práctica, tener un "control total" de los que "cobran dinero público", en voz de un alto cargo de Moncloa.

En la batería de medidas, hay otras dos reformas destacadas. La del Código Penal, a fin de endurecer las penas asociadas con la corrupción -se creará la figura de "financiación ilegal" y se controlará el enriquecimiento injustificado de cargos públicos electos-, y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de los procedimientos judiciales.

Difícil negociación con el PSOE

El Gobierno empezó a negociar estas medidas con el PSOE en paralelo a la Ley de Transparencia -que, finalmente, no apoyó- pero los canales de comunicación quedaron rotos por las novedades relativas al extesorero del PP. Hoy por hoy, tanto el Ejecutivo como los cargos populares encargados de entablar los contactos ven muy difícil que los socialistas se sumen al proyecto. "No quieren negociar nada", afirmó gráficamente un miembro de la dirección nacional.

Un ejemplo de la crispación reinante fue tanto el tono como el fondo usado en la interpelación sobre corrupción del PSOE, y que contestó Sáenz de Santamaría. "No logrará menoscabar la estabilidad de este Gobierno", le llegó a decir la vicepresidenta a Soraya Rodríguez. Al término, la portavoz del Ejecutivo reconoció que el clima no es bueno, pero que se intentará entablar una negociación. En realidad serán dos: una puramente política y otra más técnica. Aunque, también dejó claro que el Gobierno seguirá adelante con sus planes.