El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contiene la afirmación de que la empresa Canal Baeza y La Loma "mantuvo operaciones comerciales (ingresos y pagos) con dos sociedades vinculadas directamente a Juan Lanzas y cuyo administrador único era su cuñado Ismael Sierra", imputado en la causa y utilizado, a juicio de la Guardia Civil, como testaferro del ex sindicalista para el manejo de los fondos obtenidos por las comisiones de los ERE. La juez Alaya investiga ahora cómo Sierra pudo pagar 50.000 euros de fianzas en pocos días.
Según La Razón, "el administrador único de Canal Baeza fue hasta el 25 de noviembre de 2002 Antonio Garrido Santoyo, que, curiosamente, es el primer "intruso" que detectó el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la "trama de los ERE" –concretamente en Mercasevilla– y que ocupó el cargo de secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza.
En el informe de la UCO se refleja que Maginae Solutions, la empresa de Sierra, cuñado de Juan Lanzas, declaró en 2007 haber mantenido operaciones comerciales por importe de 32.280 euros con Canal Baeza y La Loma. En 2008 y 2009, las relaciones comerciales las estableció Al Andalus Mass Media Channel por importes de 21.372 y 7.105 euros respectivamente. Ambas sociedades, según la instrucción, estaban controladas por Lanzas ya que "se podría inferir en base a los indicios objetivos" que era él el que controlaba las cuentas bancarias.
Licencias de TDT
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resolvió el 29 de julio de 2008 el concurso por el que se otorgaban distintas licencias de televisión digital terrestre a particulares en las ocho provincias andaluzas. El departamento de Gaspar Zarrías, entonces consejero de la Presidencia, era el responsable de esta materia. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la resolución de esta concesión el 21 de octubre de 2008 firmada por el propio Zarrías. Había otros candidatos, pero la empresa elegida fue La LomaTV, que mantenía contactos con Lanzas.
Durante 16 años (1994-2010), Zarrías ha sido secretario provincial del PSOE de Jaén. Por su parte, Lanzas también ha tenido su base de operaciones en la provincia, lugar desde el que acumuló un patrimonio "desproporcionado con los ingresos legalmente obtenidos", entre los que se incluyen 16 inmuebles. Pero la Guardia Civil no ha desvelado aún las relaciones entre ambos que consideran de difícil definición.
El vínculo entre Lanzas y Garrido Santoyo sí está constatado. Además de en la televisión local, La Razón desveló que ambos aparecían como ejecutivos de la fábrica de piensos Agropecuaria Loma de los Donceles, en la localidad jienense de Arquillos y que recibió una ayuda de 148.259 euros pese a que no tenía los permisos necesarios para la actividad subvencionada.
Sospechosas invitaciones
La existencia de esta televisión local no pasó desapercibida para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero. En su segunda declaración ante la juez Alaya, la magistrada le inquirió sobre una estancia en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza pagada por Lanzas para celebrar la Nochevieja de 2007.
La versión del ex alto cargo es que fue invitado "por la Radio Local de Baeza, viendo con ellos una serie de proyectos que le presentaron, y quien le acompañó fue el Sr. Lanzas, por su conocimiento en el tema".
El PSOE y el control de las teles andaluzas
Además del control absoluto de Canal Sur TV 1 y 2 y su control indirecto de las principales productoras andaluzas, casi todas ellas en manos de "amigos", el PSOE ha cuidado mucho el patio televisivo andaluz de modo que su influencia fuese siempre mayoritaria.
Por ejemplo, en el concurso mencionado más arriba que dio una televisión al amigo de Juan Lanzas, COPE, que tenía entonces a Federico Jiménez Losantos y a César Vidal como cabezas de cartel, optaba a varias licencias y no consiguió ninguna. Sin embargo, tres grupos de comunicación sin implantación en Andalucía se llevaron el 70 por ciento de las licencias.
Green Publicidad y Medios, por ejemplo, penetrada por el clan de empresarios prosocialistas de Castilla la Mancha. algunos de ellos relacionados con el escándalo de los números rojos de la misma, obtuvo nada menos que 42 licencias de las 163 ofertadas, un 25 por ciento.
Para Antonio Sanz, entonces secretario general del PP, "el problema" fue que el Gobierno andaluz concedió las televisiones digitales "a grupos que, ni estaban preparados, ni querían tirar adelante con esas concesiones. Ese es el problema, no la crisis internacional". Sanz recuerda que la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (Acutel), la más importante en esta comunidad, "casi un 70 por ciento de los otorgamientos de licencias han quedado fuera del alcance de las televisiones locales históricas", algunas de las cuales ahora, según Sanz, estarían recibiendo las propuestas de reventa o alquiler de las concesiones.
Sanz afirma que "solo se han preocupado de montar un chiringuito mediático, construido vía TDT, a la medida del PSOE y del Gobierno andaluz" y que al menos un 65% de las televisiones se han concentrado en "grupos afines al Gobierno".
Las concesiones de la TDT en Andalucía
En julio de 2008, la Junta otorgaba las dos primeras concesiones de TDT de gestión municipal a agrupaciones de ayuntamientos. Las dos iban a parar a la zona de influencia del denominado "Clan de Alcalá" socialista de la provincia de Cádiz que comandaba el entonces consejero de Gobernación y vicesecretario andaluz del PSOE, Luis Pizarro.
El Consejo de Gobierno otorgó el día 22 de julio a las agrupaciones de ayuntamientos integrados en las empresas Medina Sidonia, SL, y Arcos de la Frontera, SL, las concesiones de explotación de dos canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en la provincia de Cádiz, por un plazo de diez años. La sociedad Medina Sidonia gestionará el canal público reservado para la demarcación del mismo nombre, que está integrada por Alcalá de los Gazules, Benalup-Casa Viejas, Medina Sidonia y Paterna de Rivera. Por su parte, la de Arcos de la Frontera englobará a este municipio y los de Algar, Bornos, Espera, San José del Valle y Villamartín.
Las corporaciones locales tenían reservados programas en las 60 demarcaciones que componen el mapa andaluz de la televisión digital. Trece de ellas contaban con un canal propio sin necesidad de compartirlo con otros municipios. Se trataba de los ayuntamientos de las ocho capitales de provincia y de Algeciras, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola y Jerez de la Frontera, que obtuvieron sus concesiones de explotación en diciembre de 2007. En las demarcaciones de más de 150.000 habitantes, de donde estos municipios son cabecera, se reservaba además un segundo programa de gestión pública local compartida para el resto de las localidades incluidas.
Poco después, a finales de julio de 2008, el Grupo COPE denunció la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que otorgaba 163 concesiones de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local y gestión privada que "supone una discriminación al Grupo COPE que ha desarrollado desde el año 2001 una de las redes de televisión local de referencia. Las concesiones favorecen a los grupos mediáticos más afines al Gobierno de Manuel Chaves e impulsan una concentración contraria al pluralismo informativo".
Popular TV, que concurría en las demarcaciones de Málaga, Sevilla y Córdoba, a través de iniciativas en las que participaban las tres diócesis, no había resultado adjudicataria de ninguna licencia. Las emisoras de televisión del Grupo COPE tenian una gran implantación en las ciudades de Sevilla y Málaga, emitían desde hacía seis años una amplia programación de proximidad y habían creado numerosos puestos de trabajo que fueron puestos en peligro por esta decisión. En las tres capitales andaluzas el respaldo que había dado la audiencia a Popular TV fue masivo.
El PP anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión por parte de la Junta de licencias de emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local de gestión privada, ya que consideraba que iba contra el pluralismo informativo y estaba llena de "favoritismo político". El recurso se presentaría contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno después de analizar los informes jurídicos solicitados, según ha anunciado hoy en rueda de prensa por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien añadió que fue un acuerdo "que no respeta la ley".
Según el dirigente popular, la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta ni respetaba la ley de televisiones privadas ni garantizaba un procedimiento que cumpla con las normas en esta materia, sobre todo en lo referente al "incumplimiento de la prevención de la concentración de concesiones sobre una misma empresa".