Rajoy limita su respuesta política a pedir a Mas que se someta al TC

Lejos de las previsiones del Gobierno, el incendio político de Cataluña, en vez de amainar, va a más. En no pocas ocasiones, desde la Moncloa se han visto signos de que el pulso secesionista protagonizado por Artur Mas iba a menos, pero poco después se demostraba lo contrario. El clímax llegó este miércoles: sólo horas después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la declaración de soberanía, el líder regional redoblaba el desafío con una comisión a tal efecto.

En este contexto tan peliagudo, el presidente vuelve a Barcelona. Como ocurrió la última vez -cuando inauguró la línea AVE con la frontera francesa-, su viaje tiene un perfil estrictamente económico. Pero, utilizando esta percha, volverá a defender la vertebración nacional en suelo catalán, sin que esto signifique referirse a lo ocurrido en el Parlamento catalán.

El Gobierno explica su estrategia: en una comunidad al borde de la quiebra, con muchas dificultades para pagar a proveedores y con hospitales a medio gas, Mariano Rajoy quiere demostrar que la recuperación económica sólo llegará de la mano del resto de España. Así, almorzará con los directivos de las principales empresas del sector automovilístico afincadas en todo el conjunto nacional, y que se están convirtiendo en un acicate importante para salir de la crisis.

Al encuentro también asistirá el líder catalán. Protocolo de Moncloa le invitó nada más cerró el acto y, aunque tardó en contestar, finalmente dijo que estaría. Ambos departamentos acordaron que Mas también tomara la palabra aunque, a pesar de lo publicado, esta decisión se tomó días antes de que el Alto Tribunal parara los pies a la Generalidad.

Los discursos de Rajoy y Mas serán en abierto, pero después la sala del hotel Miramar, donde se celebra la cumbre, se cerrará a la prensa. No se espera que traten a fondo la cuestión, pero fuentes del Ejecutivo dan por seguro un alineamiento entre el presidente y los empresarios en su apuesta por la unidad nacional para la salida de la crisis. “Trabajar unidos frente a la crisis para fortalecer los mecanismos que tiene España para salir adelante”, como suele decir la vicepresidenta.

Se trate o no el espinoso asunto a puerta cerrada, el Ejecutivo afirma que tiene bien claro qué hacer en caso de Mas no dé marcha atrás. El precedente del tribunal es decisivo, aseguran: será una declaración, pero es inconstitucional. Y Rajoy “cumplirá y hará cumplir las reglas de juego”, reiteran en Moncloa.

Ahora bien, esto no significa que se vayan a dar una respuesta política más allá de advertir que las decisiones judiciales están para acatarla. Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz Gallardón lanzaron este mensaje en los pasillos del Congreso sin ir más lejos: “Nadie está por encima de la Constitución”. “Creo que es el momento de que hagamos todos una reflexión desde la serenidad de que no hay discurso político que pueda enfrentarse a lo que establece el Estado de Derecho”, añadió el titular de Justicia.

El ministro no contestó si el Gobierno plantea alguna medida excepcional ante la declarada insumisión, tal y como se le requirió. De momento, seguirán por la vía judicial, “que es la que nos da legitimidad”, reseñan. La consigna es esperar y no echar más leña al fuego. De ahí que Rajoy no tenga intención de sacar el tema en su visita a Barcelona. Si lo hace será en privado y sin entrar en el detalle: “Mas sabe que su viaje es hacia ninguna parte y que nos tendrá de frente”, inciden.

Las opciones de Moncloa

El Gobierno no quiere ir más allá del Constitucional, al que irá "siempre que sea necesario", pero también puede recurrir a la vía penal si Mas no se detiene e intentar convocar la consulta. Tal y como informó en su día este diario, Mas podría incurrir en un delito de desobediencia o prevaricación, motivos que le podrían llevar a la inhabilitación para ejercer sus funciones. En ningún caso este delito podría llevarle a prisión.

Rajoy se guarda una última y tercera vía, y que recoge la misma Constitución que dice que un referéndum sólo puede ser convocado por el Gobierno de la nación. Y ésta es la que articula el artículo 155 del texto, que permite suspender una autonomía "si no cumple las obligaciones de la Carta Magna y otras leyes" o "atenta gravemente contra el interés nacional de España". Este paso llevaría aparejado la destitución del presidente de la Generalidad.

Varias opciones que, de momento, siguen guardadas en el cajón. “No daremos estos pasos, de momento”, insisten. El diálogo sigue abierto y el Ejecutivo espera como siempre ha hecho que, finalmente, Mas acepte las reglas de juego y negocie el modelo de financiación. Pero sigue sin dar marcha atrás.