El Gobierno mueve ficha en su objetivo de adelgazar la administración. Explican fuentes del Ejecutivo que no tiene competencias para eliminar de sopetón los organismos autonómicos existentes pero sí para diseñar una legislación básica a la que se tengan que acoger, sí o sí, las comunidades. El plan ya está diseñado, y verá la luz antes del 30 de junio.
Partiendo de la base de que el Gobierno no puede ordenar la “liquidación” de ningún ente que no pertenezca a la red estatal, el equipo que dirige Soraya Sáenz de Santamaría ha ideado la fórmula para controlar y atar en corto a los organismos autonómicos. Así, delimitará por ley la utilidad y eficiencia económica de los entes mediante una norma nacional, extremo que tendrán que cumplir las autonomías. Además, se asegurará de que no proliferen ya que tendrán que cumplir estas directrices.
En caso de mirar para otro lado, el Gobierno se dotará de herramientas de corrección e incluso sancionadoras. Así, entienden, si no se cumplen los requisitos serán las propias comunidades las que procedan a su reestructuración. “En muy pocos casos se ha dado la insumisión, este instrumento servirá para un mayor control y evitar los excesos”, explican a este diario los encargados de la norma.
Nuevas fórmulas de contratación
En el paquete de medidas incluye también recomendaciones, órdenes ministeriales y nuevas formas de contratación. Para apremiar a los suyos, la vicepresidenta ha decidido reunir a la comisión encargada de la reforma, la CORA, semanalmente. Este mismo miércoles, Sáenz de Santamaría les instó a acelerar los trabajos para avanzar en la reforma.
Según las fuentes consultadas, la mano derecha del presidente les dijo a los suyos que “no queda tiempo” y que la ciudadanía reclama ya medidas concretas. La propia Sáenz de Santamaría aseguró en conversación informal en el Congreso que se mantienen los plazos: antes de verano estará listo el informe de la CORA sobre la reforma y, a partir de entonces, se empezarán a tomar medidas. Se contará con la opinión de la comunidades autónomas, “pero algunas cosas son de cajón y se harán de inmediato”, reseñan.
Recientemente, Jaime Pérez Renovales, presidente de la comisión y subsecretario del Ministerio de Presidencia, se trasladó a Londres para reunirse con el Ejecutivo de David Cameron y recabar ideas para profundizar en la reforma. El viaje fue muy productivo, desvelan. Ahora, falta pasar a la acción. La vicepresidenta suele comentar lo complejo del paquete de medidas: es muy fácil crear una fundación o un observatorio, argumenta, pero muy difícil deshacer este tipo de organismos.