Más de 5 de los 7,5 millones de euros que según El País tenía anotados Bárcenas en la presunta contabilidad paralela que maneja el diario de Prisa serían ilegales, ya que incumplirían la Ley de financiación de partidos políticos en uno o dos sentidos.
El primero de ellos sería que en muchos casos se excedería notablemente el límite que dicha ley establecía para las donaciones de una persona física o jurídica, que era de 60.000 euros –diez millones de pesetas- aunque más tarde se subió a 100.000 euros.
El segundo caso de ilicitud sería que, siempre según El País, muchas de las empresas que hicieron estas donaciones no podían, por ley, participar en la financiación de los partidos, ya que se trataba de compañías constructoras que se relacionaban frecuentemente con la administración, extremo también prohibido por la ley que se refiere específicamente a las "empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública".
Sin embargo, la mayor parte de los presuntamente implicados han negado a El País la verdad de los apuntes contables supuestamente hechos por Bárcenas. Este es el caso, por ejemplo, de, tal y como dice el propio diario de Prisa, "las personas más conocidas de la lista": Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero, presidente de OHL y expresidentes de Sacyr Vallehermoso, respectivamente, que niegan tajantemente los pagos que se les atribuyen.