El Gobierno se divide y vacila ante el reto separatista de Mas

El Gobierno dio una vuelta de tuerca en su respuesta al desafío catalán. Si en un primer momento descartó la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional -la declaración, se adujo, “no tiene efectos jurídicos”-, dos días después dio orden a la Abogacía del Estado, que dirige Marta Silva de la Puerta, para que, de manera urgente, eleve un informe sobre la posibilidad de tomar acciones más allá del plano político. Esto es, que le dé “dos vueltas” y busque “resquicios para actuar en el plano judicial”.

La posibilidad de acudir al Alto Tribunal provocó un debate inusual en el gabinete. Por un lado, algunos de sus miembros mostraron de inmediato la imposibilidad de acudir al TC amparándose al caso del plan Ibarretxe. José Manuel García Margallo, titular de Exteriores, llegó a tachar de “muy difícil” plantear el recurso, recordando que así lo hizo siendo José María Aznar presidente y fue rechazado por una cuestión de forma. Desde el Ministerio de Justicia se sumaron a esta tesis, y se abogó por “acciones políticas”.

Así, cuando la estrategia parecía clara -esperar a que se sucedan los acontecimientos y considerar la resolución como un paso más al que responder, únicamente, con la advertencia de “la ley y el Estado de Derecho”-, el presidente sorprendió desde Santiago de Lima anunciando la petición de un informe a los servicios jurídicos de la Moncloa. Fue, de hecho, una especie de enmienda a la totalidad a sus propias palabras sólo horas antes, desde Lima (Perú), cuando despreció el texto: “Pretender poner en tela de juicio todo, aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional, no sirve para nada”, fue su reflexión.

Ya en una entrevista, en ABC Punto Radio, pasó del “estoy muy tranquilo” a admitir preocupación. No sólo la de él, sino también la del jefe del Estado, el Rey Juan Carlos. “El Gobierno está dispuesto a hablar con Mas de lo que quiera, pero el president, al igual que todos, tendrá que cumplir la ley, y si no acudiremos a los tribunales”, afirmó, matizando el tono suave de la víspera.

Sólo minutos después, y con la solemnidad que otorga la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta hizo suyo el discurso más duro ante Artur Mas, hasta el punto de dar más que verosimilitud a la posibilidad de recurrir el texto. “Hemos pedido un informe urgente para saber el alcance de la declaración”, expuso como punto de partida. Y “estaremos a lo que diga ese informe para proceder”, avanzó, no descartando ninguna de las posibilidades.

“Le diría a todos que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y nadie le puede pedir que haga dejación de funciones. La Constitución no la ha inventado este Gobierno, es de todos y no se puede contemporizar la ley de todos”, afirmó Soraya Sáenz de Santamaría, con la responsabilidad añadida de presidir el Consejo de Ministros tras el nuevo órdago separatista.

La portavoz fue muy clara en su planteamientos. El miércoles, “hubo cambios con respecto” a la declaración inicial que se iba a llevar al Parlemento autonómico. Con el texto ya aprobado por la Cámara, “se analizarán todos los aspectos” si bien “es indudable” que determinados artículos supondrán “un mayor análisis”. Se refería, admiten en privado, a aquél que denomina a Cataluña sujeto “político y soberano” y, por ello, se abre un proceso para hacer efecto “el derecho a decidir”.

“En el plazo más breve”, enfatizó la vicepresidenta, en relación a la petitoria a la Abogacía. Aunque no se dieron fechas concretas. Lo único que se debe tener claro, asegura tanto el presidente como su equipo, es que el Gobierno no puede ni va a permitir un referéndum independentista. “Sería, en todo caso, una decisión que afecta al conjunto nacional”, recuerdan, con la Carta Magna en la mano.

De hecho, aseveran, declaración va mucho más allá del Estatuto regional, que sí se aprobó por mayoría. “Para hacer una reforma del estatuto se necesitan dos tercios”, mentó con cierta malicia Sáenz de Santamaría, que abordada por una “respuesta política” aún respondió: “La declaración añade incertidumbre, no es el marco europeo en el que nos movemos”, y -en consecuencia- va en contra del ordenamiento jurídico español.

El Gobierno pide “tranquilidad”, incluso de puertas para adentro -a aquellos sectores que lamentan que no sean más contundentes-, porque “estamos ante un tema muy complejo, en el que debemos andar con sumo cuidado”, afirman. Pero, y esto también lo dejan muy claro en cada una de sus respuestas públicas, “todo está escrito, y bien escrito” en la Constitución.