Esperanza Aguirre ha comparecido este miércoles ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, del que sigue siendo presidenta. Como viene siendo habitual, la popular ha aprovechado para, a preguntas de los periodistas, opinar sobre diversos aspectos de la actualidad no sólo en Madrid sino en toda España.
Así, por ejemplo, ha comentado la alta conflictividad sindical en determinadas áreas que está sufriendo el país y, en especial la Comunidad de Madrid, señalando que "los sindicatos son fuertes en la función pública y en las empresas públicas" y eso explicaba huelgas como la de la Sanidad, la de Telemadrid o la del Metro.
Precisamente sobre las huelgas en el Metro, Aguirre se ha mostrado indignada de que se tenga "capturados a los ciudadanos" tras reuniones en las que sólo hay "300 o 400 trabajadores, un porcentaje muy pequeño" del total de la plantilla, que de hecho supera las 7.500 personas.
Además, la popular ha recordado que la Constitución exige que se regule el derecho de huelga y que, mientras tanto, la regula un Decreto Ley –promulgado en 1977- "que dice que para aprobar una huelga hace falta quórum", es decir, un número suficiente de trabajadores que voten si se hace o no, número que la propia Aguirre ha cifrado en "la mitad más uno", por lo que "ninguna" de las huelgas convocadas recientemente Metro lo ha tenido.
Asimismo, la presidenta del PP de Madrid ha apuntado que no habría que "revisar" el convenio de los trabajadores del Metro, sino que debería "hacerse uno nuevo que tenga en cuenta a la ciudadanía".
"No es el caso Carromero sino el caso Payá"
Aguirre también ha comentado lo ocurrido alrededor de la llegada a España de Ángel Carromero desde la cárcel en la que estaba internado en Cuba, y ha querido empezar felicitando "al Gobierno en las personas del Ministro, del Secretario de Estado y del Presidente, porque han conseguido que venga Ángel Carromero a España", algo que no es fácil "en el caso de la dictadura castrista".
Además, ha insistido en sus declaraciones afirmando que "Carromero no es un delincuente" y ha cargado contra los que han criticado al miembro de NNGG usando el ejemplo de Llamazares, "que ha pedido que Carromero se quede en la cárcel y a ser posible en Cuba, pero no dijo lo mismo en otros casos, por ejemplo le pareció muy bien que a Bolinaga se le concediera el tercer grado".
Por último, Aguirre ha recordado que "Payá era un ciudadano español porque sus abuelos eran españoles, fue premio Saharov del Parlamento Europeo y ha sido candidato al premio Nobel cinco veces", y que puesto que "la justicia castrista no es propia de un Estado de Derecho" se merece una investigación internacional que aclare lo sucedido: "No es el caso Carromero, es el caso Paya", ha remarcado.
Durán y los intereses
También ha opinado Aguirre sobre el caso Pallerols y la financiación ilegal de Unió, tema en el que ha empezado por remitirse "a lo que ha dicho la secretaria general –en referencia a Cospedal-: que Durán debería haber dimitido ya".
Pero además ha puesto otra cuestión sobre la mesa: "A todo el mundo le cobran los intereses de las deudas con el fisco y a estos –por los condenados y por el propio partido Uniò- después de 16 años no les cobran ningún interés".
Otro tema que no se ha escapado ha sido el desafío separatista de Artur Mas, sobre lo que ha dicho que no cree "en los derechos de los territorios sino en los de las personas", uno de los cuales es "el derecho y la obligación de que se respeten las leyes".
Por eso la solución al reto planteado por Mas y los suyos "es la Ley", porque "en la España de hoy en día no hay derecho de secesión, y para que lo haya tienen que cambiarse las leyes. En España –ha insistido- se puede decir todo y hacer todo pero siempre dentro de la Ley
Finalmente, y siempre alrededor de Cataluña, ha hablado una vez más del sistema de financiación autonómica, que es "un auténtico desastre y perjudica a los madrileños". Aguirre ha insistido en que "no voy a criticar las inversiones que se hagan en Cataluña (...) y no quiero rivalizar", pero el sistema, "aprobado por Zapatero con el objetivo de favorecer a las comunidades autónomas en las que su partido tenía el gobierno" es "nocivo" para Madrid, como se demuestra después de que, "pese a que se ha recaudado más nos quitan 1.000 millones".