Fue el sustituto de Mercedes Alaya, el juez Iván Escalera, quien decretó el secreto del sumario del caso ERE para amparar diversas investigaciones de la Guardia Civil consideradas muy relevantes por el propio juez. Ahora, el fiscal anticorrupción pide que se levante parcialmente el secreto de sumario de la causa de los ERE para posibilitar el "impulso procesal adecuado" del procedimiento. La parálisis desde la enfermedad de la juez Alaya es muy evidente. Por ejemplo, no se ha podido tomar declaración a "todos" los imputados en la causa, más de 60 por ahora, quedando más de 40 personas por declarar.
En su escrito, el fiscal Anticorrupción solicita al juez sustituto que levante el secreto total de las actuaciones y acuerde, en su lugar, un secreto parcial de las mismas, al estimar que mediante esta fórmula –que consistiría en la apertura de una pieza separada– no se afectaría "al buen fin de las diligencias" que hasta ahora ha solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De esta forma, según el fiscal y recoge el grupo Joly, se posibilitaría el "impulso procesal adecuado al resto de la causa, que evite innecesarias dilaciones", en alusión al retraso que está sufriendo el proceso desde que se acordó el secreto a principios de noviembre y también por la baja continuada por enfermedad de la juez Mercedes Alaya, que lleva fuera del juzgado desde el pasado 12 de septiembre.
La Fiscalía ha pedido, además, que "a la mayor brevedad" se le informe de los recursos que se hayan presentado en el proceso que estén pendientes de resolver y se aporten al juzgado "todos los informes" ya terminados en relación a las distintas piezas separadas abiertas por las distintas ayudas que se investiguen y que hayan elaborado tanto la UCO como la Intervención General del Estado.
La Fiscalía reclama al juzgado que fije un "calendario de declaraciones de todas las personas" que ya estén imputadas formalmente, mediante un auto, y no hayan declarado, así como que se celebren las correspondientes comparecencias para la adopción de posibles medidas cautelares, en relación a la posible imposición de fianzas de responsabilidad civil que pudieran derivarse de las investigaciones. Esta petición de la Fiscalía se produce después de las realizadas la semana pasada en las causas por el delito societario de Mercasevilla y la venta de los suelos del Mercado Central, que también se encuentran paralizadas por la enfermedad de Alaya.
La Junta, el sustituto, el fiscal y la juez
Hipótesis de todo tipo circulan por los juzgados sevillanos acerca del caso y sus recientes derivaciones. De una parte, hay quien considera que la acción de presión de la Junta, que pidió incluso se sustituyera a la juez Alaya por causa de su enfermedad, encaja a la perfección con la instrucción dilatoria del actual juez sustituto que tiene que dejar su puesto en los próximos días. Durante su ejercicio, como es sabido, se rebajó la fianza de algunos imputados encarcelados que pudieron salir de prisión y se decretó el secreto del sumario.
Pero hay quienes sostienen que el fiscal ha irrumpido en el proceso para señalar el modo de reactivar el caso aunque la juez siga enferma ya que ha sido nombrada una juez de apoyo en sustitución del sustituto Escalera.
Escalera se niega a levantar el secreto
Antes de dejar su sustitución, el juez Iván Escalera ha dictado un auto, con posterioridad al escrito presentado por la Fiscalía, en el que ha rechazado levantar el secreto de sumario del caso, al contestar a una petición realizada en este sentido por la defensa de uno de los imputados, el letrado Carlos Leal Bonmati, que consideraba que la decisión de acordar el secreto no tenía una "justificación razonable" y apuntaba que la repercusión mediática del procedimiento no era motivo para adoptarla.
El juez dice que de no ser el procedimiento tan mediático, su decisión hubiera sido otra. Añade que, al margen de las filtraciones que a él, al parece,r no le importan, lo sustancial es "que las investigaciones no se vean frustradas por el mero hecho de que las partes tienen conocimiento de las mismas y por ello el secreto se hace necesario".
Añade Escalera que no hay que "confundir los árboles con el bosque", porque la causa razonable de la declaración del secreto es el "buen fin... de un procedimiento que está formado por multitud de partes personadas, partes que evidentemente han de tener relación con las nuevas personas o entidades investigadas", añade el juez. Iván Escalera concluye que el secreto ha sido adoptado de una forma "ponderada, justificada y razonada en el presente procedimiento, tal como informa el Ministerio Fiscal".
Respecto a los nuevos hechos que se investigan, el juez señala que se trata de hechos "absolutamente conexos, indiciariamente cometidos por nuevas personas no imputadas, a la vez que por algunas de las ya imputadas", por lo que rechaza el llamamiento "a la cordura" realizado por la defensa.