El Gobierno vuelve a retrasar la reforma de la Administración local

El Gobierno de Mariano Rajoy empezará el año con un intenso paquete de medidas encima de la mesa, como la reforma de la Administración Local, la Ley de Unidad de Mercado o la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tres normas que el Consejo de Ministros abordará el próximo mes de enero, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Aparte de estas tres reformas, el Ejecutivo aprobará en el primer semestre del próximo año la Ley de Emprendedores y reformas de liberalización energética y telecomunicaciones, así como medidas clave en el ámbito del transporte y de la vivienda para mejorar la competitividad de la economía española.

También el próximo año verán la luz normas estrella del Ejecutivo como la reforma de la Educación o la reforma del Código Penal, que aún están en fase de borrador pero que ya han provocado un revuelo en la comunidad educativa y la judicial.

Consenso con el PSOE

En el caso de la Ley de Bases de Régimen Local, el Gobierno tenía previsto aprobarla antes de que acabara el año, pero el deseo de contar con el mayor consenso posible –tanto de los municipios representados en la FEMP como del PSOE– le ha llevado a posponerla al mes de enero.

Esa norma implicará la supresión de muchas mancomunidades y una clarificación de competencias municipales para evitar duplicidades y solapamientos, una medida con la que el Gobierno calcula que ahorrará alrededor de 3.500 millones de euros.

Junto a esta ley, el Gobierno quiere impulsar una homologación del sueldo de los alcaldes y concejales. Ese salario se fijará en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado, de forma que ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado (cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros).

El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos alcaldes, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.

Ley de unidad de mercado

El Gobierno prevé aprobar también en enero la Ley de Unidad de Mercado que dará solución estructural al complejo marco regulatorio al que se enfrentan las empresas. Por el momento, esa norma ya se ha abordado en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y está ahora encima de la mesa de la Comisión de Subsecretarios, según han indicado fuentes gubernamentales.

Esta ley, uno de las principales promesas de Rajoy en campaña junto a la Ley de Emprendedores, pretende facilitar la creación y expansión de las empresas en todas las comunidades. El trabajo está siendo capitaneado por el Ministerio de Economía, aunque está contando también con la colaboración de otros departamentos ministeriales.

El Ejecutivo considera que se ha producido una "inflación legislativa" a lo largo de los años debido a que los tres niveles de administración –central, autonómica y local– han legislado sobre las mismas cuestiones causando una gran complejidad, que se ha traducido en mayores dificultades para crear una empresa, abrir un negocio o vender los productos etiquetados y envasados de la misma manera en todas las comunidades autónomas.

Ley de Justicia Gratuita

Aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tenía previsto aprobar este mes de diciembre la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, finalmente cuestiones técnicas han llevado a posponer esta norma al mes de enero, según han indicado fuentes gubernamentales.

Con esta reforma, el Gobierno pretende resolver los problemas relativos al pago de los abogados del turno de oficio pero también aumentar el número de beneficiarios, extendiendo este derecho a más personas, entre ellas las víctimas de violencia de género y del terrorismo.

Además, se establece que para poder acceder a este servicio, el ciudadano no puede tener ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 15.975 euros anuales, y se incluyen medidas para evitar la utilización abusiva de este derecho, como la posibilidad de cruzar datos con Hacienda, Seguridad Social y Registros, o que el demandante de la justicia gratuita no la pueda utilizar más de tres veces en un año, salvo que acredite que no hay abusos.