No lo dijo así de claro en la Comisión de Investigación cuando compareció el pasado mes de septiembre. Pero el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, acusa ahora a los tres consejeros de la Junta, incluido el actual presidente de la Junta José Antonio Griñán, que recibieron sus informes y las auditorías sobre el fraude de los ERE, de no actuar tras conocer las irregularidades.
Y se pregunta en un escrito que ha enviado a la Comisión: "¿Quién no estaría de acuerdo en que habría sido oportuno (oportuno, que no legalmente preceptivo) que el consejero de Hacienda [el ahora presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán] hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías?".
Gómez, que ejerció su cargo diez años desde 2000 a 2010, defiende en el citado texto, del que informa El País, que su departamento no emitiera un informe de actuación sobre el asunto al tiempo que critica que este hecho se esgrima para "justificar la inactividad de los órganos responsables de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto". La Intervención General, afirma, emitió duros informes contra el fondo para empresas en crisis que censuraban el procedimiento, pero estas quejas fueron ignoradas y el Gobierno continuó aprobando el fondo año tras año entre 2001 y 2010.
El diario de Prisa, que en los últimos días se muestra muy duro con Griñán por sus veleidades ante la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba, interpreta el escrito de Gómez como una respuesta a los consejeros que ante la comisión de investigación de los ERE acusaron a la Intervención de no haber alertado a tiempo y de manera conveniente del fraude.
El exinterventor ha remitido a la Comisión "un contundente documento de 65 páginas... antes de que ésta presente sus conclusiones, a finales de mes". Cuando la Intervención emitió el informe más duro en 2005, este fue remitido al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, y al exconsejero de Economía y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Los tres altos cargos censuraron a la Intervención por no haber alertado del menoscabo de fondos públicos, aunque con mayor o menor vehemencia.
Pero Gómez explica en su documento que "ante deficiencias tan graves como las irregularidades de procedimiento y los déficits presupuestarios que pusieron de manifiesto las auditorías, nadie que las haya recibido puede argüir responsablemente que no le conciernen, ni abstenerse de intervenir. No obstante, las advertencias de las auditorías no fueron tenidas en cuenta por ninguno de sus destinatarios y no se llevó a cabo ninguna actuación tendente a corregir las irregularidades", dejando a José Antonio Griñán argumentalmente desamparado.
Griñán basó su defensa en su comparecencia atacando a la Intervención: "Nunca, nunca, nunca los informes de la Intervención General advirtieron de menoscabo de fondos públicos" y "nunca me llegaron". Griñán insistió en que el Ejecutivo careció de una alerta roja y por ello el fraude no se detectó ni se detuvo a tiempo.
Izquierda Unida parece coincidir con el PSOE en la "culpa" del Interventor, cosa que arreglaría los potenciales desperfectos en el pacto de gobierno que causaría una condena de Griñán y los exconsejeros. De hecho, el diputado y portavoz de IU José Antonio Castro declaró a Europa Press que su formación estaba sometiendo a un "importante análisis crítico" por qué la Intervención General "no fue más allá de las advertencias que realizó" a diferentes departamentos de la Junta. "Se ha querido justificar a la Intervención asegurando que no se detectó menoscabo de fondos públicos, pero no es eso lo que dice la ley", advirtió Castro, quien añadió que la ley recoge que la Intervención General tiene que actuar "si ve peligro o indicio de menoscabo de fondos públicos. Y ahí no se intervino".