El torturador de Ortega Lara salió por su propio pie del hospital a las 19:25 horas del martes. Poco después, a las 22:30, fue recibido como un héroe por los suyos. Una fotografía que el Gobierno, en connivencia con el Partido Popular, está tratando de tapar con su silencio, a pesar de la indignación que están mostrando las víctimas del terrorismo.
Un día después de que Josu Uribetxeberria Bolinaga, sonriente, copara todas las portadas de los medios digitales, el Ejecutivo aún no ha hecho una valoración formal sobre las consecuencias del tercer grado. Tampoco ningún cargo de la dirección nacional de la formación que le sustenta, en clara consonancia.
A título personal, varios ministros mostraron su indignación: "Se me revuelven las tripas", llegó a confesar un miembro del gabinete de Rajoy. Pero nadie quiso que sus palabras se hicieran públicas. Un portavoz autorizado aseguró que "no podían hacer otra cosa" porque "la ley es igual para todos". Un extremo que las asociaciones de víctimas rechazan de plano.
Se justifican en que "está muy enfermo" y en que los médicos les filtran "que su calidad de vida está muy deteriorada y no le queda mucho de vida". Las fotografías, de momento, parecen desmentirles. "Vamos a estar muy vigilantes", en voz de un ministro implicado en el caso. Para el Ejecutivo, la línea roja es que haga política, lo cual tiene terminantemente prohibido.
El ver al secuestrador de Ortega Lara feliz junto a sus familiares y amigos escuece a muchos sectores del PP. "Si te dijera lo que pienso, tendría que confesarme", dice un alto cargo. En Génova hay quienes piensan, y no son pocos, que el Gobierno "se ha equivocado de cabo a rabo y no ha sabido gestionar un caso que, sin duda, nos ha quitado votos en el País Vasco", en relación al chasco electoral del pasado domingo.
También está en el punto de mira el hoy silente titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. "En algún momento, deberá asumir sus responsabilidades o Rajoy tendría que tomar cartas en el asunto", en opinión de un veterano diputado. Moncloa desmiente ningún movimiento en este sentido, y asegura que cuenta con el respaldo del presidente.
El Ejecutivo desmiente, en todo caso, que el caso Bolinaga suponga "un punto de inflexión" en la política antiterrorista del Ejecutivo y no habrá nuevas excarcelaciones.