El PSC ha admitido este jueves que su apuesta es el "derecho a decidir" y que en el caso de que no haya un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum sobre el futuro de Cataluña, haya una consulta incluso sin autorización del Gobierno, pero que en cualquier caso se haga cumpliendo siempre con la legislación vigente.
La portavoz adjunta del grupo socialista del PSC en el Parlamento catalán, Rocío Martínez-Sampere, ha indicado: "El PSC está por el derecho a decidir. El derecho a decidir libre de los ciudadanos. O referéndum o consulta democrática legal". En el redactado definitivo de la propuesta de resolución que ha presentado el PSC, se concreta que su apuesta es porque haya "un referéndum o una consulta acordado en el marco de la legalidad".
Según Martínez-Sempere, lo que reclama el PSC es que los catalanes tengan la posibilidad de decidir sobre su futuro y sus relaciones con el resto de España, pero que todo sea legal y que a los ciudadanos se les formule una pregunta "clara". Para la diputada, el PSC tiene un proyecto que se basa en seis pilares: "Negociación, pacto y libre decisión de los ciudadanos. Sentido común, responsabilidad y cohesión cívica".
Ha recalcado que el PSC no desea una sociedad catalana dividida entre independentistas y unionistas, sino una "tercera Cataluña donde cabe todo el mundo" y en la que la política no fractura a la sociedad. Martínez-Sempere ha indicado que el modelo del PSC no es el que propone CiU, y ha advertido que lo que hace el presidente catalán, Artur Mas, es un "llamamiento al derecho a decidir pidiendo una adhesión a su persona".
"El debate no es sí o no a la independencia. Decimos sí a Cataluña, y hay que pasar del monosílabo a la palabra", ha indicado la socialista, puesto que es incorrecto plantear las cosas como un 'todo o nada', 'blanco o negro'.
El PSC reconoce que hay un malestar en las relaciones entre Cataluña y el resto de España pero que esta situación no se resuelve con "soluciones únicas ni mágicas". "Decimos sí al debate. No evitamos ningún debate", ha indicado la diputada, recalcando que en el debate sobre el futuro de Cataluña, su certeza es que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de junio de 2010 es la causa de la situación actual.
