A las seis menos cuarto de la tarde del 10 de septiembre de 1986 ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a la exdirigente de la banda terrorista, MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CATARAIN, Yoyes, en presencia de su hijo de tres años, Akaitz. Acababa de sentar al niño en uno de los tractores dispuestos con motivo de la feria que se celebraba en Ordicia, en el paseo del Gudari Etorbidea, cuando José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a cara descubierta, le disparó tres tiros, uno de los cuales le atravesó la sien. Años después, en 1991, Kubati relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: "¿Tú eres Yoyes?". Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: "¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte". María Dolores se abalanzó sobre su asesino, que disparó rápidamente tres tiros, hiriéndola en el muslo y en el tórax. Una vez que cayó al suelo, Kubati la remató con un disparo en la cabeza. Yoyes quedó tendida en el suelo sobre un gran charco de sangre. Miembros del servicio de asistencia en carretera Detente y Ayuda (DYA) sólo pudieron certificar su muerte y tratar de calmar el llanto del niño. La Policía recogió posteriormente tres casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Nadie vio nada, pese a que el lugar del asesinato era frecuentado a esa hora por numerosas personas que subían a la plaza con motivo de las fiestas de la localidad, que continuaron durante las horas posteriores al asesinato como si nada hubiese pasado. Mientras la multitud celebraba enfervorizada los lances del juego de pelota en el frontón de la localidad, a cien metros escasos del lugar de los hechos, la mancha de sangre de la víctima fue cubierta por serrín.

Los terroristas huyeron en un Renault 5 robado momentos antes del atentado a unos doscientos metros del lugar donde asesinaron a Yoyes. Dos etarras encañonaron al propietario, le obligaron a introducirse en el interior de su coche y colocaron el automóvil en la misma calle, a la altura en la que se encontraba la exdirigente de la banda. Una vez cometido el atentado, el propietario del coche fue abandonado en la calle, mientras los asesinos huían en dirección a la estación de Beasain, donde fue encontrado posteriormente el vehículo. En el maletero del mismo los terroristas habían dejado un artefacto compuesto por dos kilos de Goma 2 que la Guardia Civil hizo explotar de forma controlada en la madrugada del 11 de septiembre.

A las ocho de la tarde el Ayuntamiento de Ordicia decidió suspender las fiestas y convocar un pleno extraordinario, mientras algunos bares comenzaron a cerrar sus puertas en señal de duelo. El pleno extraordinario se inició pasadas las diez de la noche, y en el mismo se aprobó una moción de condena del atentado en la que se calificaba a sus autores de "totalitarios y fascistas". La moción fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), PSOE y Euskadiko Ezkerra, y rechazada por los representantes de Herri Batasuna.

La moción aprobada en el Ayuntamiento, con mayoría del PNV, señalaba que los autores del atentado trataron de impedir la libertad de decisión de María Dolores González, al tiempo que recordaba que la exetarra se acogió en su día a las medidas de reinserción aprobadas por el Parlamento vasco. El Ayuntamiento también convocó una manifestación para el día siguiente, 11 de septiembre, después del funeral. Los concejales de Herri Batasuna explicaron su rechazo a la moción indicando que ellos lamentaban esta muerte, al igual que las del resto de las víctimas de la violencia, pero señalaban que no se podía valorar ese atentado sin tener en cuenta "el contexto de represión brutal que sufren los refugiados en Euskadi norte". José Luis González Catarain, hermano de Yoyes y tercer concejal de HB en Ordicia, no asistió al pleno y señaló que no suscribía los planteamientos expuestos por su formación política en el mismo en los que responsabilizaba "al Ejército español y al PSOE" del asesinato de su hermana.

El asesinato de Yoyes conmocionó al País Vasco, y los simpatizantes de la banda se resistieron a aceptar su autoría. Algunos, incluso, prefirieron pensar que el asesinato había sido obra de un grupo de ultraderecha. Pero las dudas se disiparon al día siguiente del atentado. Un día después del crimen, ETA reivindicó el mismo en un comunicado enviado a la delegación en Bilbao de la agencia de noticias France Presse. En el mismo justificaba el asesinato de la exdirigente etarra como algo necesario para prevenir futuras deserciones. Habían matado a Yoyes por "abrir fisuras en los sectores más vulnerables del movimiento de liberación nacional"; por haberse traicionado a sí misma y al pueblo vasco, y por colaborar "con los planes genocidas de las fuerzas de ocupación del Estado opresor español". El mensaje que la banda enviaba era claro: se puede entrar en ETA, pero no salir de ella. De heroína, a villana, chivata y traidora. La mataron para evitar deserciones. Por otra parte, entre los papeles que la Guardia Civil se incautó en su domicilio había una carta, fechada en París el 8 de octubre de 1985, en la que, a modo de testamento, decía: "Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las Fuerzas de Seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA" (publicado en Mi vida contra ETA, Enrique Rodríguez Galindo, Planeta, 2006).

Ese mismo día, los vecinos de Ordicia secundaron masivamente una huelga general en protesta por el asesinato, convocada por todas las fuerzas políticas y sindicales, con la excepción de Herri Batasuna y del sindicato ELA-STV.

Juan María Bandrés, presidente de Euskadiko Ezkerra, Kepa Aulestia, secretario general de ese mismo partido, Joseba Azkarraga, diputado del PNV, y numerosos exmiembros de ETA reinsertados asistieron al funeral de cuerpo presente oficiado a las 19:00 horas por diez sacerdotes, entre los que se encontraba el antropólogo y escritor José Miguel Barandiarán. La familia de la víctima, y muchos de los asistentes que abarrotaban la iglesia, o permanecían en el exterior ocupando la calle, acudieron a la ceremonia portando flores, atendiendo así el deseo expresado por Juan José Dorronsoro, marido de María Dolores.

El presidente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, visiblemente nervioso y alterado, comentó con sarcasmo que "ignoraba las inclinaciones de ETA militar a hacer análisis psicológicos o parapsicológicos", y añadió: "Yo no he intervenido en el regreso de Yoyes a Euskadi, pero sí puedo asegurar con absoluta rotundidad que la acusación de traición es falsa, porque nadie que ha seguido la vía de reinserción ha cometido un acto indigno ni ha delatado a nadie".

Joseba Azkarraga, diputado del PNV, señaló que los únicos traidores son los asesinos de Yoyes, "porque lo que ella hizo cuenta con el respaldo del pueblo vasco, o al menos de la mayoría del pueblo vasco". Antes de concluir la ceremonia religiosa, uno de los sacerdotes leyó una nota en la que el obispo de San Sebastián, José María Setién, reprobaba el asesinato de Yoyes, al tiempo que denunciaba las "engañosas manipulaciones de la opinión pública, de cuantos pretenden justificar esta acción". A la salida del templo, el féretro fue largamente aplaudido por los vecinos de Ordicia a su paso hacia el cementerio.

Los vecinos se sumaron también masivamente a la manifestación convocada por el Ayuntamiento de la localidad para después del funeral. La manifestación, silenciosa, arrancó poco después de las 20:00 horas. Más de 1.500 personas, entre las que además de varios dirigentes políticos estaban exmiembros de ETA político militar, desfilaron tras una ikurriña con crespón negro y una pancarta con la inscripción "Bakean bizi nahi dugu" (queremos vivir en paz). La manifestación concluyó ante el lugar donde Yoyes fue asesinada, donde los manifestantes arrojaron flores y cantaron el Eusko Gudariak (himno del soldado vasco).

Otro de los hermanos de Yoyes, Luis Ignacio González Catarain, apuntó en un escrito hecho público a título particular la idea de que la aparente unidad de los presos y refugiados de ETA m puede ser más consecuencia de la coacción que de la voluntad política. Luis Ignacio, entonces militante de la izquierda proetarra, hizo unas declaraciones muy duras contra la banda asesina, asociando el comportamiento mostrado por ETA en ese atentado con las actuaciones de la Mafia siciliana y de las organizaciones nazis. A su juicio, el atentado demostraba que ETA militar temía a la reinserción y era la respuesta a las dudas sobre su futuro inmediato que quizás albergaban gran parte de los miembros de la banda. "Un buen día, por lo que sea, empezamos a dudar, seguimos haciéndolo y terminamos dándonos cuenta de que el bonito sector abertzale en el que nos encontrábamos tiene un gran parecido con la Mafia siciliana". Y añadió: "Interiorizando ya en los asuntos de ETA, nos encontramos con un fanatismo ideológico en algunos sectores con resultados típicamente mafiosos que evidentemente nos llevan a pensar en qué será de lo que nos quieren liberar y qué podríamos esperar con alguien así en el poder". El hermano de Yoyes atribuyó el atentado "al grupo que queriendo seguir actuando como hasta ahora ve que necesita tener al resto alrededor, debido al acoso que sufren los refugiados por parte de los Gobiernos español y francés, ya que marchándose los que no hacen nada, quedan en total evidencia los que hacen algo. Ahora se entiende mejor, ahora los presos tienen dos cárceles; el asesinato es un mensaje claro a toda la organización y punto. Lo que no interesa para nada es un debate en el que se tienen todas las de perder. Los nazis no lo harían mejor".

Las declaraciones del hermano de Yoyes abundaban sobre el hecho de que un exetarra, acogido a las vías de reinserción, había alertado diez días antes a María Dolores de la existencia de una consigna concreta de la banda terrorista para atentar contra alguno de los activistas reinsertados de mayor relieve. El objetivo de ETA con esa acción era abortar un incipiente debate entre una parte de los presos y los refugiados en torno a la posibilidad de abandonar la lucha armada. Según este exetarra la banda terrorista ETA había señalado a cuatro o cinco personas que, por su relevancia, podrían ser objeto de un atentado, y sospechaba que en la relación de potenciales víctimas figuraba de manera destacada el nombre de María Dolores. Yoyes se mostró preocupada por la noticia, pero argumentó que cualquier precaución resultaría inútil a la larga y que no estaba dispuesta a volver al exilio. La orden de asesinar a algún exetarra, según la información transmitida a María Dolores, fue impuesta por el sector más duro de ETA militar, que había adquirido mayor peso en la organización a raíz de la expulsión a Gabón desde Francia de Txomin Iturbe. En el curso de la conversación, Yoyes indicó a su interlocutor que las noticias que le transmitía confirmaban sus temores, que iban en aumento desde que se produjo el alejamiento de Iturbe de la dirección ejecutiva de ETA como consecuencia de su reclusión durante varios meses en una prisión francesa y de su deportación posterior a mediados de julio. El por entonces máximo dirigente de la banda terrorista había ofrecido a María Dolores González, antes de que ésta regresara en secreto a España el 17 de octubre de 1985, garantías personales de que no se tomarían represalias contra ella mientras de él dependiera, y le había pedido que no hiciera el juego a los partidos políticos favorables a la reinserción y que evitara realizar cualquier tipo de declaración pública porque podría resultar muy perjudicial para ETA, condición esta última que la exdirigente cumplió escrupulosamente. Pese a tener conocimiento de lo que se estaba preparando, Yoyes decidió seguir haciendo su vida normal, convencida, según explicó al compañero que le había informado, de la inutilidad de cualquier tipo de medidas de protección temporales. La única precaución eficaz, había explicado la propia María Dolores, habría sido abandonar de nuevo a su familia, alejarse del País Vasco y volver al extranjero, solución que ella no estaba dispuesta a aceptar.

El diputado del PNV, Joseba Azkarraga, que había gestionado ante el Ministerio del Interior una parte considerable de los indultos a presos que habían abandonado ETA, confirmó que su impresión era que, efectivamente, se estaba dando ese debate en el seno de la banda terrorista. "Algo se estaba moviendo en torno a este tema. Había indicios de que comenzaba un debate. Lo de Yoyes parece motivado precisamente por esta circunstancia". El asesinato de Yoyes se produjo pocas semanas después de que se conociera el fracaso de las iniciativas paralelas de diálogo con ETA militar, dirigidas a una negociación con la banda terrorista. Los contactos quedaron rotos por la negativa del Gobierno a retrasar la deportación de Txomin Iturbe que había pedido, en la vía de contactos abierta a través del PNV, un plazo de tres semanas para convencer a sus compañeros de la posibilidad de llegar a un acuerdo. No obstante, se produjo finalmente el traslado a Gabón y su pérdida de peso en la organización terrorista.

Yoyes no era la única ni la primera etarra que se había acogido a las medidas de reinserción. Desde principios de los ochenta cerca de dos centenares de terroristas se habían acogido a la reinserción que ofrecía el Gobierno, lo que propició el regreso del exilio de muchos polimilis (exmiembros de la autodisuelta ETA político-militar) y también de algunos milis (de la rama militar) gracias a medidas individuales e indultos parciales. Tras la Ley de Amnistía de 1977, Yoyes no tenía causas pendientes en España, por lo que su regreso al País Vasco dependía sólo de que el Gobierno le garantizase que no le buscarían alguna causa para llevarla ante los tribunales, por una parte, y de que ETA no atentase contra ella, por otra. Una vez que logró el compromiso de ambos, regresó al País Vasco.

En relación a las garantías dadas por la banda terrorista, se manifestó también Juanjo Dorronsoro, marido de Yoyes, tras el asesinato. Dorronsoro declaró que fuentes vinculadas a ETA militar negaron expresamente en los primeros meses de 1986 ante personas próximas a Yoyes que la banda fuese a atentar contra ella, y desmintió que altos cargos de la Guardia Civíl o exetarras reinsertados le hubieran alertado de la posibilidad de un atentado. Señaló que la única persona que les alertó de la posibilidad de que ETA atentase contra ella fue un conocido de la familia. "En enero esta persona nos informó que en el otro lado [en referencia al País Vasco francés] corría el rumor de que ETA preparaba un atentado contra Yoyes. Tratamos de comprobar esta información y la respuesta que se nos dio desde el otro lado fue que no había nada de eso y que todo era un rumor sin fundamento". Yoyes y Juanjo dieron credibilidad a esta respuesta, por lo que no adoptaron ningún tipo de precaución, en la confianza de que el compromiso del dirigente etarra, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, sería suficiente para que ETA no atentase contra María Dolores. "Creímos, efectivamente, que todo había sido un rumor sin fundamento, y no tomamos las medidas que, evidentemente, habríamos adoptado si hubiéramos sospechado que ETA m tenía intención de matarla".

A Yoyes le perjudicó la publicidad que se dio a su regreso, algo que ella no buscó en absoluto. Su presencia en el País Vasco se hizo pública al mes siguiente de su regreso, y poco después algunas calles de Ordicia se llenaron de pintadas amenazadoras en las que se le acusaba de ser una traidora. La campaña contra Yoyes provocó tensiones en Herri Batasuna (HB) de Ordicia, partido en el que militaban familiares directos de la víctima. La noticia de su vuelta suscitó entonces el siguiente comentario incrédulo de un destacado dirigente de HB: "Es como si me dicen que Txomin se ha arrepentido; no me lo creo". Desde que se acogió a la reinserción, María Dolores se había negado sistemáticamente a ser entrevistada por los medios de comunicación y guardó silencio absoluto, probablemente con la idea de que esta actitud calmaría a los que la acusaban de traidora a la banda. Su marido, Juanjo Dorronsoro, manifestó reiteradamente que Yoyes sólo hablaría para exponer su análisis de la situación política vasca en el caso de que se sintiera verdaderamente atosigada.

También le perjudicó la deportación de Txomin. La nueva cúpula etarra, más dura, formada por Francisco Mújica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregi Erostarbe, Fitipaldi, decidió que había que acabar con Yoyes. Pakito fue quien dio la orden definitiva de acabar con Yoyes, igual que anteriormente hizo con Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur. Los ejecutores fueron José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria, Fermín. Cuatro de los cinco son actualmente disidentes de ETA. Incluso Txelis ha manifestado recientemente en el diario El País (27/02/2011) su intención de obtener el perdón de la familia de Yoyes cuando se cumplen veinticinco años de su asesinato.

En 1987 fue detenido José Antonio López Ruiz, Kubati, como presunto autor del asesinato de Yoyes. La Audiencia Nacional lo condenó a 29 años de reclusión mayor por un delito de asesinato, y a 7 años por otro delito de estragos. En la misma sentencia se condenó a José Miguel Latasa Guetaria, Fermín, a 27 años por un delito de asesinato. Latasa Guetaria, vecino de Ordicia, fue quien realizó las labores de vigilancia sobre María Dolores. Expulsado de ETA en 1994, cuando salió de la cárcel en 1998 la banda terrorista intentó matarlo por su "actitud colaboracionista con el Estado español".

María Dolores González Catarain, de 32 años, nació en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa). Con 18 años se trasladó a San Sebastián para iniciar estudios de Magisterio, que no terminó al integrarse en la banda terrorista ETA a finales del franquismo, en 1973. Tras participar en el intento de volar un autobús de la Guardia Civil en la carretera de Martutene, el grupo del que formaba parte fue desarticulado y Yoyes cruzó la frontera, instalándose en Bayona. En el seno de ETA tuvo puestos de responsabilidad en el aparato político con José Miguel Beñarán, Argala, siendo la primera mujer que llegó a ocupar un puesto directivo en la banda terrorista. Pocos meses antes de la muerte de Franco conoce a Juan José Dorronsoro, que no militaba en ETA. El asesinato de Argala en 1978, y su enfrentamiento con el sector más radical de ETA, fue lo que hizo que se desvinculara de la banda y la abandonase en 1979, yéndose a vivir a México en 1980, donde estuvo seis años y donde nació su hijo. Durante su exilio en este país se licenció en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. En 1985 decidió acogerse a las medidas de reinserción propiciadas por el Ministerio del Interior tras la amnistía de 1977. La exdirigente etarra había negociado su vuelta directamente con el Ministerio de Interior a través de la embajada de España en México. En una primera etapa se instaló en París y, más tarde, regresó al País Vasco. Desde entonces residía en San Sebastián, pero acudía regularmente a Ordicia, su pueblo natal, donde vivían sus padres y algunos de sus hermanos. Su viudo, Juan José Dorronsoro, y su hijo Akaitz, llevaron una vida discreta tras el asesinato de Yoyes. Juanjo, que ha protegido al niño evitando que se convirtiera en "el hijo de un símbolo", se jubiló anticipadamente en 2004 como profesor en el Instituto Santo Tomás de San Sebastián. Según informes de la Guardia Civil, sectores proetarras intentaron aproximaciones al hijo durante su etapa universitaria, aunque sin éxito. En cuanto a los hermanos de Yoyes, que en la época en que la asesinaron "eran entre los radicales los más radicales de todos, cambiaron tras el asesinato de Yoyes. Asun, la mayor, militante de las Gestoras pro Amnistía, trabaja ahora, con idéntica pasión, con Gesto por la Paz. A Isa, que en tiempos estuvo en ETA y sufrió prisión por ello, se la ve en las manifestaciones contra ETA. También a Glori, que confiesa que la muerte de su hermana supuso un cambio radical en su vida. Lo de José Luis es diferente. Fue concejal de HB y miembro de ETA, y sólo 10 años después de la muerte de su hermana se atrevió a decir en la televisión vasca que nadie tiene derecho a matar a nadie" (El País, 18/10/1998).

A las cinco y media de la tarde del sábado 10 de septiembre de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Izurza (Vizcaya) al agente de policía, PEDRO ANTONIO FONTE SALIDO, y al inspector MARTÍN MARTÍNEZ VELASCO. El agente Fonte Salido fue acribillado mientras esperaba en un vehículo camuflado a que su compañero saliera del Bar Ozaeta, situado en la carretera que va de Vitoria a Durango. El inspector Martínez Velasco fue asesinado segundos antes mientras hablaba por teléfono dentro del bar, donde en esos momentos jugaban a las cartas una docena de personas. Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información Antiterrorista de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao.

Según testigos presenciales, los tres etarras que llevaron a cabo el atentado actuaron con celeridad y de forma casi simultánea. Dos de ellos, que esperaban dentro del bar, dispararon repetidamente por la espalda contra el inspector Martínez Velasco, mientras hablaba por teléfono, al tiempo que el tercero tiroteaba, a través de la ventanilla del coche policial, a Pedro Antonio Fonte. Los policías recibieron diecisiete impactos de bala y fallecieron en el acto. En el lugar de los hechos, la Ertzaintza recogió varios casquillos del calibre 9 milímetros parabellum. Los terroristas pudieron identificar a los policías por la emisora que llevaba el vehículo, un Opel Corsa de color blanco, según hipótesis barajada por la Ertzaintza.

Los terroristas, que actuaron a cara descubierta, no huyeron en un vehículo robado con anterioridad, lo habitual en los atentados de ETA, sino en un coche propiedad de uno de los clientes del Bar Ozaeta del que se apoderaron después de cometer el doble asesinato.

El coche, un Peugeot 505 gris, fue encontrado media hora después frente al ambulatorio de Durango, a dos kilómetros del lugar del atentado. Los especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaron el coche en previsión de que albergara alguna bomba trampa, y tomaron huellas dactilares.

Los dos policías asesinados fueron sorprendidos por los terroristas cuando llevaban a cabo una labor de investigación en diferentes bares que podían estar siendo utilizados por miembros o simpatizantes de ETA para contactar telefónicamente, según informó El País (12/09/1988). La Brigada de Información Antiterrorista de Bilbao seguía, en las semanas previas al doble asesinato, una serie de indicios sobre la presencia de un grupo de ETA en el área de Durando, dentro de la cual se encuentra la localidad de Izurza. Martín Martínez Velasco y Pedro Antonio Fonte Salido habían visitado ya en varias ocasiones el Bar Ozaeta, donde fueron asesinados, por lo que es probable que fueran detectados en alguna ocasión anterior. El hecho de que los terroristas no acudiesen con un coche propio sino que huyesen en un vehículo robado a uno de los clientes del bar, podría indicar que controlaban perfectamente el área del atentado y que habían descubierto la labor investigadora iniciada por los agentes. Izurza, además, es una pequeña localidad de unos cuatrocientos habitantes, lo que habría facilitado la detección de unos forasteros, según señalaron medios de la lucha antiterrorista. Los servicios de información policial tenían sospechas de que el bar en que fueron asesinados los policías nacionales, así como otros establecimientos de localidades próximas, servían de punto de contacto de etarras y proetarras, que utilizaban los teléfonos públicos para realizar o recibir llamadas de terroristas.

Por su parte, el diario ABC (12/09/1988) informó que el inspector Martín Martínez había formado parte de una rueda de reconocimiento en un Juzgado de Bilbao tres meses antes del atentado. Debido a que la legislación procesal de la época no garantizaba el anonimato de los agentes de la lucha antiterrorista, este periódico señaló la posibilidad de que Martín Martínez hubiese sido identificado en dicha rueda.

Al día siguiente del atentado, a las diez de la mañana, se celebró el funeral por los policías asesinados en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao. Al mismo asistió, entre otros, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, que al terminar hizo unas breves declaraciones en las que señaló que los policías asesinados eran trabajadores, miembros de familias humildes, y subrayó el sarcasmo que supone que los asesinos justifiquen sus crímenes en nombre del pueblo trabajador vasco. "Espero que la mayoría del pueblo vasco no olvide mañana, lunes, la indignación que hoy siente por este atentado". La ceremonia se desarrolló en un ambiente cargado de emoción por las escenas de dolor protagonizadas por los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Concluida la ceremonia, un pequeño grupo de personas dio gritos aislados de "ETA asesina" y "Gobierno culpable", junto con vítores a la Policía, a la Guardia Civil y a España.

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, a 30 años de reclusión por cada uno de los dos asesinatos. Gracias a la aplicación de la doctrina Parot por la Audiencia Nacional en febrero de 2010, la excarcelación de este asesino, con condenas que suman 403 años por diferentes atentados, se ha visto aplazada hasta el año 2019. El fiscal en sus conclusiones determinó que los otros dos autores materiales del atentado fueron Juan Ignacio Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu, fallecidos en Irún durante el enfrentamiento con la Guardia Civil en septiembre de 1989 en el que fue detenido Paterra. También fue condenada a 12 años como encubridora María Begoña Arroyo Pérez Nanclares, quien escondió durante cinco días a los asesinos en su domicilio de Abadiano (Vizcaya).

Pedro Antonio Fonte Salido tenía 27 años y estaba soltero. Natural de Neda (La Coruña), sus restos mortales fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a El Ferrol (La Coruña), donde residía su familia, y enterrados el lunes 12 de septiembre, en el panteón familiar del cementerio de la localidad coruñesa de Vilachá, en el municipio de Monfero.

Martín Martínez Velasco tenía 33 años de edad. Era natural de San Andrés de Montejos, en el Bierzo leonés, y se había casado menos de un año antes de ser asesinado. Sus restos mortales se enterraron en el cementerio de Derio (Vizcaya) por expreso deseo de su familia. Una semana después, unos dos mil ciudadanos se manifestaron en Ponferrada (León), convocados por los familiares y amigos de la víctima.