A las tres y media de la tarde del 27 de septiembre de 1987, la banda terrorista ETA asesinaba en pleno centro de San Sebastián al policía nacional WENCESLAO MAYA VÁZQUEZ mediante la explosión de un potente coche-bomba. La explosión provocó heridas graves a otros cuatro agentes que formaban parte del convoy -compuesto por dos furgonetas ocupadas por diez policías nacionales- que se aproximaba a la avenida de la República Argentina, cerca del hotel María Cristina y del teatro Victoria Eugenia, donde hacía menos de veinticuatro horas que se había clausurado la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La presencia policial en la capital donostiarra se reforzaba en esa fecha con motivo de la celebración del Gudari Eguna (día del soldado vasco) debido a que en los años anteriores había sido frecuente que se produjesen algaradas callejeras aprovechando ese motivo. El furgón policial se dirigía hacia el Gobierno Militar de Guipúzcoa, ya que a esa hora quedaban todavía grupos de personas produciendo alteraciones de orden público ante el intento de celebración del Gudari Eguna, concentración que fue impedida por el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu.

Wenceslao Maya, que era el conductor del furgón que resultó más afectado por la explosión, falleció en el acto, mientras que sus cuatro compañeros resultaron gravemente heridos. Isidro Gallego García-Carpintero, de 28 años, fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja, sufrió quemaduras graves de primer y segundo grado en el brazo, cara y pierna izquierda, de las que no se curó hasta pasados 235 días; Manuel Ibáñez Herrera, que fue ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu con traumatismo craneal y heridas en todo el cuerpo, tuvo que ser sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas durante los ocho meses siguientes al atentado; Manuel Maruri Niño, de 28 años, que fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja con heridas en las piernas y la cara, estuvo de baja durante siete meses, y Miguel Ángel Rodríguez Pozuelo, de 25 años, fue también trasladado al Hospital de la Cruz Roja, y no se había recuperado de las heridas sufridas tres años después, cuando se celebró el juicio contra los autores del atentado. Otras dieciocho personas resultaron heridas de diversa consideración y dieciséis vehículos resultaron afectados, entre ellos un autobús en el que viajaba un grupo de turistas canadienses que realizaba una gira por Europa, y contra el que se empotró el furgón policial, proyectado por el efecto de la brutal explosión.

El coche-bomba, un Peugeot 205 que había sido robado trece días antes en el polígono industrial de Martutene, estaba aparcado en la parte izquierda de la carretera y fue accionado con un mando a distancia desde la orilla del río contraria al lugar donde se encontraba. El coche fue cargado con veinte kilos de explosivo amonal y cincuenta más de tornillería.

El alcalde de la ciudad, Xabier Albistur, manifestó que "así no hay que negociar. A nadie ha sorprendido que se produjese este atentado, la tranquilidad que se ha vivido durante los días del festival sabíamos que presagiaba algo". Albistur recordó que dado el lugar, el centro de la ciudad, y la hora, un domingo a las tres y media de la tarde, "se podía haber producido una verdadera masacre".

Durísimas fueron las declaraciones de Gerardo Escobedo, presidente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Guipúzcoa, en un comunicado hecho público al día siguiente, 28 de septiembre, en el que se señalaba "que si la policía, ésa a la que llamáis asesina y represiva, se dejara llevar por la sangre en un hecho tan lamentable como el ocurrido ayer, no habría necesidad de juicio para vosotros; y tendríais lo que merecéis". "Pido a Dios –añadía– que sigamos con la cabeza sobre los hombros y que, ante la indignación que nos produce este tipo de hechos, sigamos poniéndoos a disposición del juez, en vez de mataros como a viles ratas, que es lo que a gritos pedís" (El País, 29/09/1987).

El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, atribuyó las declaraciones del presidente del SUP de Guipúzcoa a la emoción y tensión propias de un funeral por un compañero, y negó que el desánimo hubiese hecho mella en los cuerpos de seguridad del Estado.

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, que fue quien accionó el mando a distancia, y a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a las siguientes penas a cada uno de ellos: a 27 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte; a 21 años de reclusión mayor por cada uno de los nueve delitos de asesinato en grado de frustración; y a 10 años por un delito de estragos. En total, más de 226 años de cárcel a cada uno de ellos.

Wenceslao Maya Vázquez, de 31 años, estaba casado y tenía dos hijos de 7 y 2 años. Era natural de Badajoz, donde fue enterrado. La llegada del féretro a la iglesia donde se celebró el funeral fue recibida con "vivas" a España, a la Policía y a las Fuerzas Armadas, y con "mueras" a ETA.