El 23 de octubre de 1980, en un lapso de tiempo de apenas catorce horas, la banda terrorista ETA asesinaba a tres personas en San Sebastián, Elgóibar y Amorebieta. Un día sangriento del año más sangriento de la banda, con casi un centenar de víctimas mortales.

El primero de ellos, el delegado de Telefónica en San Sebastián JUAN MANUEL GARCÍA CORDERO, fue secuestrado poco después de las siete de la mañana cuando salió de su domicilio en el barrio de Gros de la capital donostiarra para dirigirse a su trabajo en la delegación de Telefónica en el barrio de Amara. Al no llegar al mismo, sus compañeros se extrañaron, porque Juan Manuel era una persona muy puntual. El subdelegado de Telefónica llamó al domicilio de García Cordero y uno de los hijos le confirmó que su padre había salido a la hora habitual. A partir de ese momento saltaron las alarmas, se hicieron gestiones en distintos hospitales, por si hubiese ingresado en alguno de ellos, y comunicaron a la Policía su desaparición. A las 9:45 horas una llamada al diario Egin avisaba de que su cadáver estaba en el monte Ulía. Enseguida se localizó el vehículo de Juan Manuel García Cordero, cerca de su domicilio, por lo que se supuso que podría haber sido secuestrado nada más salir de casa. Una segunda llamada a las 13:15 horas, en nombre de los Comandos Autónomos Anticapitalistas y otra vez al diario Egin, daba datos más exactos de la localización. A las 14:30 horas del 23 de octubre de 1980 se encontraba en el monte Ulía de San Sebastián el cadáver del delegado de Telefónica en Guipúzcoa. El cuerpo de la víctima, que presentaba un disparo en la sien, había sido abandonado sentado junto a un tronco en un paraje rodeado de pinos, al final de un camino que parte de los restaurantes que existen en la zona.

"Recuerdo perfectamente a mi madre abrazando el cuerpo de mi padre muerto. Yo también lo abracé", relató Iñaki García Arrizabalaga a El País en una de las aulas de la Universidad de Deusto en la que imparte clases de Marketing. En esas mismas aulas, cuando era estudiante, se enteró del asesinato de su padre.

"Pasada una hora de clase, llaman a la puerta. Toc. Toc. Y aparece mi hermano el mayor. Pensé: ‘¿Y esto?’ Me contó que nuestro padre no había ido al trabajo y ahí empezó la vorágine". Desde entonces, ese joven de 19 años transitó "por un camino de odio hacia los que asesinaron a mi padre, hacia ese mundo... Luego me di cuenta de que el odio sólo sirve para destruirse a uno mismo y a lo que te rodea. Es una enfermedad. Entonces decidí transformar esas energías y me comprometí en diversos movimientos por la paz" (El País, 10/11/2010).

Tres días después del asesinato de Juan Manuel García Cordero, el diario Egin hacía público un comunicado en el que los Comandos Autónomos Anticapitalistas manifestaban que "el delegado de la Telefónica, después de ser sometido a un minucioso y extenso interrogatorio, y debido a su papel en las escuchas telefónicas, fue ejecutado". Según los CAA, Juan Manuel García Cordero "era el encargado de tener las listas de los teléfonos controlados, así como de mantener contactos con la Guardia Civil para el mejor funcionamiento del control telefónico", y terminaba advirtiendo que ésta "no pretende ser una acción aislada, sino un aviso a todos los que colaboran con la Policía, tanto en controles telefónicos como postales". El comunicado venía a cuento de una polémica que se había suscitado en los medios por las escuchas telefónicas que supuestamente la Policía hacía en las instalaciones de la empresa. De hecho, el asesinato de Juan Manuel vino precedido de varias amenazas contra Telefónica. Seis días después asesinaron a Juan Carlos Fernández Aspiazu, otro directivo de la empresa, y dos años más tarde fueron asesinados el sucesor de García Cordero en el cargo, Enrique Cuesta Jiménez (26 de marzo de 1982), y su escolta, Antonio Gómez García, que falleció unos días después, el 31 de marzo.

Aunque los asesinos de Juan Manuel García Cordero no han sido juzgados, uno de los que participaron en el secuestro previo a su asesinato fue Jesús Ricardo Urteaga Repullés, alias Txetxu, que también es presunto autor material del asesinato, pocas horas después, del político Jaime Arrese Arizmendiarrieta.

Juan Manuel García Cordero, delegado provincial de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), tenía 53 años y era natural de San Sebastián, donde fue enterrado en la más estricta intimidad. Estaba casado con María Concepción Arrizabalaga Arechavaleta y era padre de siete hijos, dos de los cuales trabajaban también en Telefónica, donde la víctima había ingresado treinta años antes como operador técnico en Tolosa. Compañeros y colaboradores destacaron su incesante dedicación al trabajo, que le permitió acceder desde el escalón más bajo de la Compañía hasta la delegación provincial, puesto que ocupaba desde hacía dos años y medio.

En diciembre de 2003, la ciudad de San Sebastián rindió un homenaje a las víctimas de ETA. En el mismo, Margarita García Arrizabalaga, uno de los siete hijos de Juan Manuel, recordaba en representación del Foro Municipal de Víctimas del Terrorismo, que han "tenido que sufrir no solamente la pérdida de un ser querido o la agresión a su dignidad y su integridad, sino la marginación y el rechazo social". Acompañada por su madre, María Concepción, y el resto de la familia, destacó que habían vivido "unos años terribles por el mutismo que se sentía cerca de nosotros. Ahora notamos el acercamiento de la sociedad" y reconoció que "es demasiado difícil perdonar, cuando nadie pide perdón, pero, a pesar de todo, queremos creer en el futuro con mayúsculas e imaginar una Euskadi en paz, despreciando la violencia y defendiendo el derecho a la vida (...) Las víctimas queremos ser protagonistas de la paz, pero no víctimas de ella. No habrá paz y libertad sin memoria y sin dignidad" (El Diario Vasco, 24/12/2003).

Su hermano Iñaki García Arrizabalaga señaló a El Correo, a propósito del comunicado de alto el fuego de enero de 2011 sentirse "profundamente defraudado". "Demuestran la misma prepotencia y las mismas ganas de imponer de siempre. Lo que vienen a decir es que nos dan un tiempo para que aceptemos lo que piden y así se convierten en garantes últimos de cualquier acuerdo" en una actitud que equiparó a la de "matón de colegio". "Si cuando hablan de una tregua general se refieren a la extorsión y las amenazas, ¿por qué no lo dicen directamente? ¿se va a verificar si compran o no armas en el mercado negro? Eso es un canto al aire". Iñaki exigía a la banda una "disolución inmediata e incondicional ya". "No se puede vivir bajo la amenaza constante. La sociedad está cansada, harta de poner mejillas. Lo que hay que hacer es dar un puñetazo en la mesa", subrayó (El Correo, 10/01/2011). Pocos meses después, en mayo de 2011, y dando muestras de una generosidad sin límites que sólo se les puede pedir a las víctimas directas del terrorismo de ETA, Iñaki García Arrizabalaga se ha decidido a participar en el programa del Gobierno que trata de propiciar el encuentro de víctimas y de miembros de ETA disidentes. En septiembre de 2011 Iñaki García contaba en el diario El País los motivos por los que ha aceptado participar en dicho programa, y daba por sentado que la iniciativa no gustaría a muchas víctimas, como así ha sido. El día en el que se iba a producir su encuentro con el miembro de ETA, que no es ninguno de los que participó en el asesinato de su padre, Iñaki se vio asaltado por las dudas:

"¿Qué hago?, ¿Estaré haciendo bien? (...) ¿Es esto adecuado?, ¿debo entrar?". Y decidió que sí. Respiró hondo y se dijo que no hacía nada malo, ni engañaba a nadie, ni atentaba contra la dignidad de las víctimas, ni contra la memoria de su padre. Quería hacer su contribución a la reconciliación en Euskadi. Ayudar a la construcción de una sociedad en la que sus hijas, de ocho y nueve años, puedan vivir sin odiar al vecino. Sentía inquietud por cómo sería el encuentro. "¿Y si me encuentro con alguien que justifica los asesinatos o rechaza algunos y defiende otros?, ¿dirá que los muertos bien muertos están?". Con el corazón aún encogido entró en una sala improvisada y esperó (...) "[Cuando llegó] me dio la mano y se presentó como preso de ETA. Yo ya sabía quién era. Sabía que tenía delitos de sangre; que había matado a gente. (...) Me dijo que reconocía que había cometido daños irreparables y que ojalá fuera yo uno de los familiares de sus víctimas pero que, en todo caso, me pedía perdón como miembro de la banda por lo que a mí me había ocurrido. Fue muy impactante. Era la primera vez que un terrorista me pedía perdón (...) Yo me había asegurado previamente de que no habría remuneración ni beneficios penitenciarios para él. No estaba dispuesto a ser un tonto útil al servicio de ninguna causa (...) Le puse delante la realidad de las víctimas. Le mostré que cada asesinato suponía una familia rota, amigos destrozados... En mi caso, por ejemplo, mi padre tenía una mujer y siete hijos. Le conté las trayectorias de cada uno, cómo nos había afectado, cómo me impactó a mí, con 19 años y empezando a vivir... Él pasó un mal trago (...) Quería saber los motivos que llevan a una persona a matar. Él me habló del contexto social en el que vivía, un ambiente en el que todo el mundo pensaba igual, leía la misma prensa, frecuentaba los mismos sitios... Me dijo que ETA es una organización terriblemente jerárquica en la que la capacidad de discrepancia es prácticamente nula (...) Qué manera de tirar una vida, de truncar otras, y todo por el maldito entorno (...) Me llamó poderosamente la atención que no miran a los ojos de la víctima a la que van a asesinar. Me contó la anécdota de un compañero que iba a matar a un periodista y, tras cruzar su mirada con él, fue incapaz de hacerlo (...) Me dijo también que el primer asesinato es el más difícil pero enseguida entran en una dinámica loca y no piensan en ello. Después de matar duermen, comen y juegan con sus hijos igual que nosotros. Me alucinó escucharlo. La frialdad con la que ejecutan sus crímenes y cómo viven como si nada hubiera pasado (...) Fue en la cárcel donde empezó a aparecer la persona, con sus sentimientos y su espíritu crítico y se dio cuenta de que había matado a gente (...) Me contó cómo para muchos de ellos ser detenidos es una liberación porque por fin llega la calma" (El País, 25/09/2011).

Iñaki también dio su opinión sobre si esta experiencia debería generalizarse con el resto de las víctimas y tiene claro que su participación en este programa de acercamiento de víctimas y asesinos puede haber herido a otras víctimas:

No lo sé. Perdonar es un acto estrictamente personal. Una víctima no está obligada a perdonar. Es humano y perfectamente comprensible que haya gente que no quiera participar en un proceso de estos. Pero yo creo que un terrorista sí está obligado a reconocer el daño causado y a solicitar el perdón; creo que es una condición indispensable para construir la convivencia. Ojalá hubiera más presos de ETA que transitaran por ese camino (...) Puede resultar hiriente para algunos que yo, víctima del terrorismo, diga que es bueno descubrir el lado humano de un terrorista, pero así es (...) Ninguna víctima está obligada a hablar con un terrorista. Quien se acerque a esto tiene que hacerlo convencido, sin pensar en quién va a ganar o perder con esto. Hay víctimas que creen que una experiencia de este tipo ahondaría en su sufrimiento. No es mi caso (...) Vi a una persona consciente del daño causado que pedía perdón. Y ante eso no puedes sentir odio. Si esa entrevista hubiera sido con el asesino de mi padre quizá hubiera sido más difícil, pero el odio yo lo tengo superado (...) Hay que mirar al pasado, pero también al futuro. No se puede conducir un coche mirando solo el retrovisor porque no ves lo que viene. Por supuesto que no debemos olvidar, pero hay que sembrar para el futuro. Sabía que me arriesgaba (...) Sé que, como víctima, puedo ser estigmatizado por haber participado en ese encuentro (El País, 25/09/2011).

Iñaki concluye su entrevista señalando que sabe que su postura

"es una postura discordante. La mayoría de las víctimas no se habría sentado a hablar con esa persona, pero no creo haber hecho nada malo. Salí de allí mucho más tranquilo de lo que había entrado. Fue un acto libre, sin presiones ni contraprestaciones, que dos personas llevaron a cabo. Me ha servido a mí y creo que puede servir a la sociedad en la que vivo. Me fascina cuando en los medios siguen apareciendo noticias sobre rencores de la Guerra Civil. Si en Euskadi las heridas se cierran en falso, seguirán sangrando. Modestamente, si mi aportación puede ir por ahí, bienvenida sea" (El País, 25/09/2011).

Casi a la misma hora en la que aparecía el cadáver de Juan Manuel García Cordero, la banda terrorista ETA asesinaba en Elgóibar (Guipúzcoa) a JAIME ARRESE ARIZMENDIARRIETA, miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de UCD y exalcalde de la localidad. Sobre las 14:40 horas tomaba café, como todos los días, en el Bar Iriondo de la localidad guipuzcoana cuando entraron dos individuos que apartaron de un manotazo a uno de los clientes y dispararon siete tiros contra Arrese Arizmendiarrieta, dos de los cuales le dieron en la cabeza y otros dos en el tórax. Arrese quedó tendido sobre la barra del local, sangrando en abundancia. El atentado se desarrolló con gran rapidez, y sólo los clientes que vieron las armas tuvieron tiempo de arrojarse al suelo cuando escucharon las detonaciones. El resto de los clientes se dieron cuenta de lo que había ocurrido al ver el cuerpo de Jaime Arrese derrumbarse sobre la barra del bar. Los pistoleros salieron del establecimiento y se montaron en un Seat 127 con el que emprendieron la huida hacia la carretera general Bilbao-San Sebastián. El vehículo había sido robado previamente por los terroristas, que obligaron a su propietario a dirigirse al barrio de San Pedro en Elgóibar, dejándolo amordazado y atado a un árbol.

La Policía recogió posteriormente en el lugar de los hechos varios casquillos del calibre 9 milímetros parabellum. Una religiosa que trabajaba como enfermera intentó prestarle los primeros auxilios momentos después del atentado, pero sólo pudo constatar su fallecimiento. El cadáver fue trasladado, dos horas después, al domicilio familiar, donde quedó instalada la capilla ardiente.

La localidad guipuzcoana de Elgóibar permaneció el día siguiente del atentado, 24 de octubre, prácticamente paralizada, secundando el llamamiento del Ayuntamiento que declaró la jornada de luto. Siguiendo este llamamiento, la mayoría de los establecimientos comerciales no abrieron sus puertas. Las tiendas de alimentación cerraron a media mañana y en la mayoría de los talleres y fábricas se registraron paros, incluida la factoría de Sigma que cerró sus puertas por la tarde.

A las 19:00 horas, en la parroquia de San Bartolomé, dio comienzo el funeral por el alma de Jaime Arrese. El féretro, portado por cuatro amigos, fue introducido en el templo, mientras la banda de música interpretaba la Marcha fúnebre de Chopin en presencia de más de seis mil personas que abarrotaban la iglesia, incluido el presbiterio, y se agolpaban en la plaza, a pesar de la incesante lluvia. Al multitudinario funeral asistieron Marcelino Oreja, ministro gobernador general del País Vasco; Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa; Modesto Fraile, vicepresidente primero del Congreso; Rafael Calvo Ortega, secretario general de UCD; Miguel Herrero de Miñón, presidente del Grupo parlamentario de UCD; Ignacio Camuñas, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, así como José María Benegas, secretario general del PSE-PSOE, el diputado del PSOE Javier Solana, los diputados nacionalistas Gerardo Bujanda y Andoni Monforte, Jesús María Viana, presidente de la UCD vasca, y Antón Jaime, presidente del consejo provincial del PNV.

El oficio religioso fue concelebrado por varios sacerdotes en euskera y castellano. En la homilía el párroco se preguntó quién había matado a Jaime Arrese, y si sólo son responsables los que dispararon o los que prepararon el atentado. El sacerdote señaló que todos tienen parte en esta muerte, "y seguiremos siendo responsables en tanto nos falte el valor, porque continuará la violencia".

Terminado el funeral, los familiares de la víctima y todos los dirigentes de UCD acompañaron al féretro a pie hasta el cementerio bajo una intensa lluvia. Mientras tanto, alrededor de cinco mil personas participaron en una manifestación silenciosa que partió de la parroquia para dirigirse hasta el Bar Iriondo, donde fue asesinado Jaime Arrese, y regresar a la plaza de Los Fueros, donde se disolvió sin incidente alguno frente al Ayuntamiento. La marcha había sido convocada por el PNV, el PSE-PSOE y el Partido Comunista de Euskadi.

El acoso a los políticos de Unión de Centro Democrático era muy intenso en esas fechas. En mayo la banda terrorista había asesinado a otro militante del partido, Ramón Baglietto, que unas horas antes había estado en Elgóibar comiendo con Jaime Arrese, a quien hizo partícipe de sus temores de sufrir un atentado. El 29 de septiembre era secuestrado y asesinado José Ignacio Ustarán, militante y miembro de la ejecutiva de UCD, y casado con Rosario Muela, concejala del mismo partido en el Ayuntamiento de Vitoria. Y una semana después, el 31 de octubre, sería asesinado en San Sebastián el también dirigente del partido Juan de Dios Doval de Mateo.

Nada más conocerse el atentado, el secretario general de la UCD vasca, Jaime Mayor Oreja, declaró que "la muerte de García Cordero y la de nuestro compañero Jaime Arrese son dos crímenes aborrecibles. A pesar de la angustia que siento", añadió Mayor Oreja, "debo decir que, en mi opinión, los terroristas de ETA se están equivocando, y dan muestras de estar cada día más enloquecidos y desesperados".

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron la autoría del asesinato de Arrese el 24 de octubre, mediante llamada al diario Egin en la que asimismo asumían el secuestro y asesinato de Juan Manuel García Cordero.

Por el asesinato de Jaime Arrese Arizmendiarrieta fue condenado en 1990 por la Audiencia Nacional Juan Carlos Arruti Azpitarte a 29 años de prisión.

Otro de los presuntos asesinos de Arrese es José Ricardo Urteaga Repullés, alias Txetxu, que también participó en el secuestro previo al asesinato de Juan Manuel García Cordero. Fue detenido por última vez en Francia en marzo de 1984 y, al salir de la cárcel, en mayo de ese año, fue expulsado por el Gobierno galo a Caracas. España acordó el 21 de junio de 1996 solicitar a Venezuela su extradición, acusado de haber participado en el asesinato del dirigente de la UCD, Jaime Arrese Arizmendiarrieta. Sin embargo, Urteaga Repullés sigue beneficiándose de la negativa del Gobierno de Hugo Chávez a entregar a los asesinos de la banda que viven en su país. Txetxu es uno de los cincuenta etarras que, en 2011, sigue viviendo tranquilamente en Venezuela, protegido por el régimen de Chávez y contratado en el INTI, Instituto Nacional de Tierras.

Jaime Arrese Arizmendiarrieta, de 43 años, estaba casado y tenía dos hijos, de 18 y 15 años. Había sido alcalde de Elgóibar, donde había nacido, desde abril de 1974 hasta mayo de 1977. Miembros del Partido Nacionalista Vasco señalaron que fue un buen alcalde y el Ayuntamiento, en pleno extraordinario, condenó con los votos de PNV, PSOE y una coalición local (EE, ESEI e independientes), y con la abstención de Herri Batasuna, el asesinato, resaltando que fue asesinado por sus ideas y recordando su buena labor y sus iniciativas a favor de los presos y detenidos. Un hecho atestigua ese buen hacer de Arrese. La capilla ardiente se instaló en el domicilio familiar y durante todo el tiempo que la misma se mantuvo abierta una mujer estuvo rezando en ella. Se trataba de la madre de un miembro de ETA que estaba agradecida al exalcalde porque éste había ido hasta la frontera para recoger a su hija, en esos momentos huida, con el fin de que pudiera asistir en Elgóibar al funeral de su padre.

En el momento de su asesinato Jaime Arrese era miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de Unión de Centro Democrático (UCD) en Guipúzcoa, partido con el que había concurrido a las elecciones como número tres en la candidatura de esa provincia. En los días siguientes se tenía que decidir si Jaime Arrese ocupaba el puesto vacante en el Congreso de los Diputados por la dimisión de Marcelino Oreja. Asimismo era miembro de las Juntas Generales de Guipúzcoa en representación de su partido. Jaime Arrese trabajaba, además, en la administración de la empresa Arriola y Compañía, situada a veinte metros del bar donde fue asesinado. Su Comité de empresa también emitió un comunicado condenando el asesinato.

Unas horas después la banda terrorista volvía a asesinar, esta vez en Amorebieta (Vizcaya), al profesor de Formación Profesional FELIPE ALEJANDRO EXTREMIANA UNANUE. Hacia las nueve y cuarto de la noche del 23 de octubre de 1980 dos terroristas dispararon contra él cuando acababa de aparcar su automóvil, un Chrysler de color amarillo, en un callejón de la calle General Mola, frente a la escuela de la localidad. Los etarras, que le estaban esperando, se dieron a la fuga en un vehículo conducido por un tercer individuo. El vehículo había sido previamente robado en Lemona, tras obligar a su propietario a introducirse en el maletero. Después lo dejaron atado en un monte cercano. En el lugar del atentado se recogieron diez casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. La víctima había recibido ocho disparos en el pecho que le causaron la muerte en el acto.

El 24 de octubre por la tarde tuvo lugar el funeral por Felipe Extremiana en la parroquia de Santa María de Amorebieta, abarrotada de amigos y familiares de la víctima. Posteriormente, los restos mortales de la víctima fueron enterrados en el cementerio local.

En 1983 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Larrinaga Echevarría, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu, miembros del grupo Kioto de ETA, a sendas penas de 26 años de reclusión mayor. En la misma sentencia se les condenó también por el asesinato meses antes, el 24 de marzo, de Dámaso Sánchez Soto. Juan Antonio Urrutia Aurteneche, más conocido como Jon, se acogió a medidas de reinserción, lo que le permitió ahorrarse 18 años de cárcel. Está en libertad desde 1992 y vive en Amorebieta, donde desarrolla una vida laboral y personal absolutamente normal.

Otro de los etarras imputados por el asesinato de Felipe Extremiana es Miguel Ángel Aldana Barrena, autor de dieciocho asesinatos y participante en más de treinta atentados. Forma parte de la numerosa colonia de etarras que vive en Venezuela protegida y amparada por Hugo Chávez.

Felipe Alejandro Extremiana Unanue estaba casado y tenía cinco hijos. Un hermano de la víctima había sido concejal en Amorebieta antes de que llegase la democracia, y uno de sus sobrinos había sufrido un atentado dos meses antes del asesinato de Extremiana. Felipe había trabajado hasta un año antes de su asesinato en las oficinas de la empresa Valet, SA. En el momento del atentado impartía clases en la Escuela de Formación Profesional de Amorebieta y era considerado como de ideología derechista. En el comunicado de reivindicación, ETA vertía diversas acusaciones contra la víctima para justificar su asesinato, acusaciones que fueron desmentidas públicamente por la familia, que envió una carta al diario Egin pidiendo que la banda terrorista ETA aportase pruebas sobre las acusaciones que hacían contra Felipe Extremiana, y retaba: "si ETA no remite las pruebas de culpabilidad públicamente, esa es la mayor prueba de la inocencia de Felipe Extremiana".

Hacia las 23:30 horas del 23 de octubre de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en un bar de San Sebastián a los guardias civiles EDUARDO SOBRINO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS TRUJILLO GARCÍA. Los agentes se encontraban apurando un café en el Bar El Puente, en el barrio de Eguía de la capital donostiarra, un local frecuentado por miembros de la Benemérita destinados en el cuartel de Inchaurrondo. En ese momento, dos miembros de la banda les tirotearon por la espalda a través de las cristaleras que separan el bar de la calle del Río Deba, después de haber roto con las culatas de sus armas los cristales.

La bandera de San Sebastián ondeó al día siguiente a media asta en el balcón del Ayuntamiento donostiarra en cumplimiento de un bando que había promulgado el alcalde Odón Elorza, el día 18 de octubre. Al día siguiente de los salvajes atentados de Madrid el 17 de octubre, que provocaron la muerte del teniente de Artillería Francisco Carballar Muñoz y heridas gravísimas con mutilación de miembros a María Jesús González y a su hija Irene Villa, y al comandante de Infantería Rafael Villalobos, el alcalde Elorza dispuso que la bandera ondeara a media asta "como demostración ante el resto de España y Europa de nuestra oposición frontal al terrorismo de ETA y a cualquier acto de violencia". En el mismo barrio en el que fueron asesinados Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo, ETA había cometido el 16 de marzo de ese mismo año 1991 otro atentado en el que resultó muerto el guardia civil Luis Aragó Guillén.

Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo desempeñaban funciones de vigilancia de edificios públicos como miembros de la Unidad Núcleo de Servicios. El sacerdote Bartolomé Auzmendi, que ofició el funeral oficial el 24 de octubre en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián, provocó malestar e indignación al utilizar el vasco, además del español, entre los familiares de Eduardo y Juan Carlos que se desplazaron desde Vigo y Castro Urdiales respectivamente. "Ni los familiares que han venido de Castro Urdiales y de Vigo, ni el resto de nosotros entiende el vasco" señaló uno de los asistentes (El Diario Vasco, 25/10/1991). Un grupo de personas que asistía a la ceremonia religiosa en la Iglesia de la Sagrada Familia abandonó el templo en el momento en que el oficiante comenzó a hablar en euskera (El País, 25/10/1991).

Ese mismo día, miles de personas (diecisiete mil según los organizadores) se concentraron silenciosamente en diversas localidades del País Vasco y Navarra, siguiendo la convocatoria de Gesto por la Paz para protestar por el asesinato de los dos guardias civiles.

En agosto de 2008 Francia entregó temporalmente al asesino de la banda Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede. Entre otros muchos asesinatos, en los que unas veces actuó como cerebro dando las órdenes y otras como ejecutor, se le considera presunto autor material del atentado que acabó con la vida de Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo. Anteriormente fue también entregado a España temporalmente en 2006, y posteriormente en agosto de 2010 para rendir cuentas ante la justicia de nuestro país. El etarra acumula penas que suman cerca de 1.400 años de cárcel por su participación en múltiples asesinatos.

Eduardo Sobrino González, de 34 años y soltero, era natural de Vigo (Pontevedra) y llevaba catorce años destinado en Guipúzcoa. Su padre también fue guardia civil, aunque ya estaba retirado. Cuatro mil personas asistieron al entierro de Eduardo en su ciudad natal. A la misa previa, celebrada en la capilla del cementerio de Pereiró, asistieron numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell, y el alcalde de Vigo, Carlos Príncipe.

Juan Carlos Trujillo García, de 25 años, era natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Estaba soltero y llevaba seis años destinado en Guipúzcoa. Cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA desempeñaba labores de vigilancia de edificios públicos, igual que su compañero Eduardo Sobrino. La mayor parte de su familia residía en Castro Urdiales (Cantabria), donde había recalado su padre, Luis Trujillo, tras jubilarse como miembro de la Guardia Civil. Cientos de personas rindieron homenaje a Juan Carlos Trujillo en su entierro en Castro Urdiales (El Diario Montañés, 26/10/1991).