El viernes 15 de febrero de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Oyarzun (Guipúzcoa) al taxista IGNACIO AROCENA ARBELÁIZ. Ignacio tenía posiciones ideológicas próximas a Alianza Popular y era amigo de Fernando Rodríguez Espínola, guarda forestal de Icona, que compatibilizaba su trabajo con colaboraciones con El Diario Vasco y La Voz de España. Rodríguez Espínola había sido asesinado por ETA el 12 de noviembre de 1979, y la banda terrorista lo acusó, en el comunicado de reivindicación, de ser confidente de la Guardia Civil. Lo mismo hicieron con Ignacio Arocena.

El cadáver de Ignacio fue hallado a primera hora de la mañana del sábado 16 de febrero, después de haber desaparecido de su domicilio a las siete de la tarde del viernes.

Como otras veces haría ETA con profesionales del taxi, el método utilizado para asesinarlo  fue solicitar sus servicios. En torno a las 18:00 horas alguien pidió un taxi con la excusa de que su automóvil estaba averiado en un paraje conocido como Castillo del Inglés. Ignacio aceptó llevar al cliente hasta esa zona, pero el cliente lo obligó a desviarse por un camino vecinal donde le asesinaría. Fueron los propios familiares los que, alarmados al comprobar que la víctima no regresaba, avisaron de madrugada a la Guardia Civil. El taxi fue localizado a primera hora de la mañana con Ignacio muerto en su interior. Tenía dos impactos de bala en la cabeza.

En el comunicado que reivindicaba la muerte de Ignacio Arocena Arbeláiz, los terroristas hablan por primera vez de sus condiciones para un alto el fuego: la aceptación de las exigencias contenidas en su "alternativa KAS" (la independencia del País Vasco, la retirada de la región de las fuerzas policiales y la excarcelación de los presos de la banda). En el mismo comunicado la banda asesina justificaba su acción acusando a Ignacio de ser un confidente y chivato de las Fuerzas de Orden Público.

Por el asesinato de Ignacio fueron condenados, en 1988, dos miembros del grupo Arizta de ETA: José Javier Arnaiz Echevarría y Pedro Aira Alonso.

Ignacio Arocena Arbeláiz, de 43 años, había nacido en Oyarzun. Estaba casado y tenía tres hijos. Compatibilizaba su trabajo como taxista con la gestión del Bar Toki Alai en Oyarzun. Años antes fue concejal del Ayuntamiento en su localidad natal.

Desde que iniciamos este blog homenaje a las víctimas mortales de ETA, hemos reseñado ya varios casos en los que la banda asesina ha justificado los asesinatos de estas personas bajo la acusación, siempre sin pruebas, de que esas personas eran confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este tipo de acusaciones en las que ETA se erigía en juez y verdugo no eran casuales, sino que obedecían a una estrategia perfectamente diseñada por la banda que perseguía objetivos concretos. Lanzar sombras de sospecha sobre una persona era muy fácil y no había necesidad de probarlo: ese es confidente y hay que ejecutarlo. Así de fácil y así de siniestro.

Por ello merece la pena que analicemos brevemente este fenómeno de los supuestos confidentes, porque esas víctimas y sus familias fueron objeto de auténticas campañas difamatorias que se sumaban al "algo habrán hecho" con el que se mancillaba el nombre de tantas víctimas de la banda asesina durante los años de plomo, aunque también posteriormente. A la muerte física, sumaban la muerte civil, el desprestigio dentro de la sociedad vasca y, consecuentemente, el aislamiento social.

Florencio Domínguez, uno de los principales investigadores sobre el terrorismo etarra en este país, en su obra ETA: estrategia organizativa y actuaciones 1978-1992 (págs. 238-245) ha analizado con minuciosidad esta auténtica persecución a un sector muy determinado de la sociedad vasca. Bajo la acusación de ser confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han cometido cerca de un centenar de atentados que han llevado al asesinato de más de 70 personas a manos de la banda terrorista.

La primera campaña de ataques contra personas acusadas de colaborar con la policía se inició en 1971, pero hasta 1975 no se produjo el primer asesinato basado en esa acusación: el 7 de julio es acribillado a tiros Carlos Arguimberri Elorriaga, conductor de autobús y exalcalde de Icíar.

Tras este atentado, la banda asesina afirmó que "los chivatos representan en Euskadi Sur una verdadera organización de información". Y añadía: "a diferencia de los miembros de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía (naturales en su casi totalidad de otros pueblos del Estado) los chivatos son en gran parte nacidos en Euskadi Sur. Su conocimiento de los movimientos obreros y populares vascos les convierte en los ojos y oídos del aparato de represión". Argumento que el propio Florencio Domínguez demuestra como radicalmente falso, pues de sus investigaciones concluye que un 64,6% del casi centenar de personas que sufrieron ataques por este motivo habían nacido fuera del País Vasco.

El asesinato de Carlos Arguimberri fue seguido de otros dos. Al año siguiente, otras cinco personas fueron asesinadas bajo la acusación de colaborar con la policía. La campaña de atentados continuó hasta 1985. Posteriormente, añade Florencio Domínguez que "solamente en 1991 se volvió a registrar un asesinato por esta motivación". Sin embargo hemos reseñado al menos otro caso posterior al período analizado por Domínguez (1978-1992): el asesinato de Eugenio Olaciregui Borda el 30 de enero de 1997, que también se hizo alegando que era un chivato.

Otros datos interesantes los arroja el análisis de la ocupación laboral de estas personas, pues casi un 71% desempeñaban trabajos que les obligaba a estar en contacto con el público en general: comerciantes, propietarios de bar o camareros, taxistas, empleados o propietarios de talleres mecánicos... Lo que le lleva a concluir al autor que "se puede afirmar que existe un perfil social que, especialmente en localidades de pequeño y mediano tamaño, sirve a la colectividad nacionalista afín a ETA para caracterizar a los supuestos confidentes". Personas que suscitan sospechas "en el mundo cerrado y receloso que sirve de sustrato social a ETA".

Para ilustrar "el proceso de formación de las sospechas sobre los confidentes en el seno de la comunidad nacionalista", Domínguez trae el testimonio de Marianne Heiberg, autora de La formación de la nación vasca, y que vivió en Elgeta, una pequeña localidad vasca de 1.200 habitantes, entre febrero de 1975 y septiembre de 1976. La investigadora alemana señala que "los vascos del pueblo creían firmemente que en Elgeta vivían muchos informadores de la policía –chivatos-. Durante mi estancia allí confeccionaron dos listas de informadores locales. En una de ellas se nombraba a 33 personas de las que 28 eran inmigrantes y 5 vascos. Se sobreentendía que, a su debido tiempo, ETA se ocuparía de estas personas". Eran "personas que, de una manera u otra, quebrantaban las normas del lugar, revelándose con ello como antivascos". Y concluye Heiberg: "El paralelismo entre las acusaciones de ‘chivatazo’ y las acusaciones de brujería de otras partes del mundo era realmente sorprendente".

Volviendo al análisis de Florencio Domínguez, es importante reseñar "que ETA ha extendido la acusación de confidentes a todas las personas que ha asesinado por supuesto tráfico de drogas, en un intento de vincular a la policía con esta actividad delictiva".

El autor incluye como un caso particular dentro de los asesinatos de supuestos confidentes "los atentados contra miembros o ex miembros de ETA, que son vistos como ‘traidores’ por el grupo terrorista", numéricamente inferior, pues contabiliza exactamente seis. Que hayamos reseñado ya, José Luis Oliva, asesinado en 1981, y Miguel Solaun, en 1984.

Por último, hay que señalar que "la acusación de confidente ha servido para enmascarar lo que en Irlanda del Norte se califica de ‘asesinato sectario’, la muerte de un miembro de una confesión religiosa distinta por el mero hecho de serlo". En el caso del País Vasco, en lugar de ser por causa religiosa, las víctimas elegidas lo son por no ser nacionalistas. En muchos de esos asesinatos sectarios ETA ha utilizado, una vez más, la cortina de humo de que eran confidentes. ETA se plantea expresamente el asesinato de "enemigos políticos" en un Zutabe de finales de 1979, aunque anteriormente ya puso en marcha la campaña contra alcaldes franquistas, ex alcaldes y otros cargos públicos, que se mantuvo desde 1975, cuando se asesina al alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, y durante los cuatro años siguientes.

Las investigaciones de Florencio Domínguez nos llevan a concluir que la banda terrorista utilizó la acusación de confidente para llevar a cabo una suerte de limpieza étnica de personas que, en su particular imaginario, rayano con la esquizofrenia, podían ser calificadas de antivascas. Esta esquizofrenia les ha llevado a acusar de ser confidentes de la Guardia Civil a miembros del propio cuerpo, como a Félix de Diego, asesinado en 1979. O a lanzar campañas difamatorias sobre personas que eran molestas para sus fines, como ocurrió con Pagazaurtundua, sobre el que se extendió el rumor de que era un agente del CESID infiltrado que informaba a la Guardia Civil.

Todo vale para justificar los asesinatos y para ilustrar el supuesto carácter antivasco de las víctimas. Pero, además, esta siniestra estrategia de ETA consiguió otros objetivos: disuadir a la población de colaborar con las fuerzas de orden público, por un lado, y provocar el exilio de muchos vascos que, cansados de vivir en un ambiente tan opresivo e irrespirable, prefirieron rehacer sus vidas fuera de la comunidad autónoma vasca.