El 22 de junio de 1977 se encontró en el Alto de Barazar (Vizcaya) el cadáver del empresario JAVIER DE YBARRA Y BERGÉ, secuestrado el 20 de mayo -veinticinco días antes de celebrarse las primeras elecciones democráticas-, y posiblemente asesinado dos o tres días antes.
La aparición del cadáver de Ybarra conmocionó a la opinión pública, especialmente en el País Vasco, y a la clase empresarial y política de la España de la Transición. También supuso un terremoto en el mundo proetarra y en ETA político-militar. Algunos de sus referentes, como Mario Onaindía, se habían opuesto radicalmente tanto al secuestro como al asesinato de Ybarra. Ese hecho influyó en que muchos de sus simpatizantes, como el propio Onaindía o Bandrés, rompieran con la banda para crear Euskadiko Ezkerra. El asesinato de Ybarra fue "un golpe maestro de ETA" porque era "el ideólogo, el intelectual de Neguri". "Le secuestran y le asesinan por ser la cabeza pensante" (Mario Onaindía, Testamento Vasco 2004). "Fue no sólo la muerte de un hombre sino la de toda una clase política y el fin de una época." (Los mitos del nacionalismo vasco, José Díaz Herrera, Planeta, 2005). Así lo contó años después Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, hijo mayor del empresario asesinado:
A raíz del secuestro y asesinato de mi padre se rompe la unidad que había existido en las familias de nuestro entorno para acometer grandes empresas económicas. A partir de entonces hay una diáspora, física, porque la gente se marcha, e intelectual, porque cada uno ya sólo piensa en nadar y guardar la ropa. (Entrevista de Casimiro García Abadillo en El Mundo, 28/04/2002)
El cadáver de Ybarra presentaba un disparo en la cabeza, y fue encontrado en el Alto de Barazar. Muchos datos, terribles, del secuestro se ocultaron a la opinión pública, pues en esos primeros pasos de la democracia española alguien decidió que no convenía caldear el ambiente. Ahora, treinta y cuatro años después, cuando los proetarras han vuelto a las instituciones en el País Vasco, se puede afirmar que la banda asesina sometió al empresario a un terrible cautiverio.
Tras un largo y cruel encierro a Javier Ybarra y Bergé lo asesinaron el 22 de junio de 1977, convirtiéndole en el primer muerto de la democracia española. Sus últimas horas debieron ser trágicas. El entonces comandante Guillermo Ostos de la Guardia Civil, que participó en la recogida de su cadáver en el Alto de Barazar, recuerda la escena: ‘El cuerpo, con un tiro en la cabeza, estaba metido dentro de una bolsa de plástico enganchado a un clavo, con los brazos atados a la espalda, los ojos vendados’. Durante el cautiverio había perdido 22 kilos y toda su ropa olía a orina y a excrementos. Al hacerle la autopsia el doctor Toledo, forense del Hospital de Basurto, determinó que tenía las paredes intestinales pegadas, síntoma evidente de que los terroristas casi no le habían dado de comer durante su confinamiento. Tenía además el cuerpo llagado, señal inequívoca de que estuvo todo el tiempo tumbado o metido en un saco sin poder moverse. (Los mitos del nacionalismo vasco, José Díaz Herrera, Planeta, 2005).
Un familiar directo de la víctima, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha contado a Libertad Digital datos inéditos para la opinión pública, como que la autopsia reveló que tenía hierba en el estómago, indicación clara de que tuvo que alimentarse con lo que tenía a su alcance en el lugar donde lo tuvieron secuestrado. Si todos los secuestros son en sí mismos una tortura para la víctima, en el caso de Javier de Ybarra la banda asesina se ensañó con el secuestrado y se comportó con especial crueldad.
Todo había empezado el 20 de mayo de 1977, cuando una célula de los grupos especiales (bereziak) de ETA político-militar secuestraba en su domicilio de Neguri (Guecho), al industrial y empresario Javier de Ybarra. Uno de los hijos, Javier, narró la llegada a la casa familiar, en torno a las 20:30 horas, de
"cuatro terroristas" de la banda, "disfrazados de enfermeros y tapándose los rostros con unas capuchas negras (...) Una vez dentro de casa, los terroristas comenzaron a sacar las metralletas de entre las batas de falsos enfermeros con las que habían venido disfrazados. Luego le dijeron a Marcelina [la empleada de hogar]: ‘Venimos a por don Javier. Tú te pones delante de nosotros y nos conduces a él’. De los cuatro terroristas que entraron en casa, uno se quedó abajo, por los salones, vigilando y curioseando fotos, libros y papeles (...). Los otros tres secuestradores marchaban, tras los pasos de Marcelina, hacia el cuarto de baño de mi padre. Por el camino, uno de ellos fue entrando en los dormitorios de mis hermanos solteros: Enrique, Borja, Ana y Cosme (Ramón no había dormido esa noche en casa), despertándoles a punta de metralleta mientras les decía: ‘Tranquilos, que no pasa nada’. De todos los dormitorios en los que entraron los secuestradores, el que les pareció más chocante fue el de nuestro hermano pequeño, Cosme, de quince años, que tenía las paredes empapeladas con todo tipo de carteles y banderas, entre las que destacaban la ikurriña y un póster del Che Guevara. Al etarra se le escapó la frase de ‘¡Qué cuarto más agradable!’" (Nosotros, los Ybarra, Javier Ybarra, Tusquets, 2002).
Cuando llegaron al cuarto de baño, llamaron a la puerta y se identificaron como miembros de ETA, pero Javier pensó que se trataba de una broma de sus hijos. El empresario se había negado a pagar la extorsión económica que la banda le venía haciendo desde hacía diez años. "Los etarras le telefoneaban para recordárselo y amenazarle. Él les llamaba majaderos y colgaba", continúa el relato de su hijo Javier.
En una habitación contigua habían recluido a todos los hijos y al personal de servicio, mientras el empresario se vestía. Al cabo de un rato le llevaron a la habitación donde estaban todos. "En ese instante uno de ellos sacó del bolsillo una vieja cámara fotográfica y comenzó a disparar fotos". El que actuaba como jefe le dijo a Javier de Ybarra que tenían que irse. Dirigiéndose a sus hijos, dijo: "No os preocupéis por mí. Lo más que estos van a poder hacer es pegarme un tiro y, en ese caso, iré a reunirme con vuestra madre en el cielo". Tras llevarse al industrial en un Seat 124 camuflado de ambulancia, otros etarras esposaron a todos los que estaban en la casa y les taparon la boca para que no pudieran pedir socorro.
Cinco días más tarde, los hijos recibieron la primera carta de ETA, fechada el 22 de mayo y firmada por "el Comando de Intervención Popular Zaharra". ETA pidió mil millones de pesetas como rescate "a la oligarquía de los Ybarra". En caso contrario, decía el comunicado, Javier de Ybarra sería "ejecutado", como lo fue Ángel Berazadi.
La familia se movilizó de inmediato para lograr el rescate. El abogado José Ricardo Palacio les puso en contacto con dos abogados próximos a ETA: Iñaki Esnaola y Juan Daniel Barandiarán, que aceptaron la mediación "por motivos humanitarios y profesionales". Un sobrino de Javier de Ybarra, Pedro de Ybarra y Güel, que había sido abogado de los etarras encausados en el Proceso de Burgos (1970), le confirmó a su primo Juan Antonio de Ybarra e Ybarra que Esnaola y Barandiarán eran las personas adecuadas para entablar contacto con ETA político-militar. Por su parte, el cuñado de Juan Antonio de Ybarra, Gaizka Ortuzar, intentó localizar a algún representante de ETA en Bruselas, pero sin éxito. El abogado Juan María Bandrés también hizo gestiones para lograr la liberación del secuestrado, pero no desembocaron en buen fin.
Mientras los hijos hacían desesperadas gestiones para pagar el rescate, el 2 de junio fue detenido en Hendaya (Francia) el etarra Miguel Ángel Apalategui, uno de los líderes de los grupos especiales de ETA y sobre el que recaían las sospechas de haber ordenado el secuestro. El 13 de junio los Ybarra recibieron un ultimátum, en el que se fijaba la fecha del 15 de junio para entregar el rescate, fecha que luego se amplió hasta el 18 de ese mes. El 20 de junio se recibió un comunicado en Radio Popular de San Sebastián en el que se indicaba dónde había sido depositado el cadáver de Javier de Ybarra. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil, sin encontrar nada. Además, avisos telefónicos posteriores aseguraron que el secuestrado seguía vivo. El 22 de junio se encontró el cadáver cerca del caserío Recarte, refugio de montañeros en el Alto de Barazar. El secuestrado podría haber sido asesinado dos o tres días antes. En el lugar se encontraron también diversos efectos personales de la víctima: un rosario, un misal y sus gafas. Era uno de los parajes favoritos de Javier de Ybarra, al que le encantaba salir al monte a pasear.
Juan Antonio Ybarra, hijo de Javier y primo de Emilio Ybarra, expresidente del BBVA, dio su primera entrevista a Casimiro García Abadillo en el diario El Mundo en 2002. Ahí narró el intento desesperado de los hijos por salvar la vida de su padre. Contó cómo su padre "era el hombre más representativo de la familia y prueba de ello es que él ayudó de forma muy directa a sus sobrinos huérfanos". Entre esos sobrinos huérfanos estaba Emilio Ybarra
"un primo muy cercano a nosotros. Mi padre tenía de él una magnífica opinión y lo metió en El Correo cuando acabó la carrera. Y a Fernando de Ybarra lo mismo. Mi padre se ocupó muchísimo de él porque era un hombre que rendía gran culto a la familia (...). Yo creé un comité cuando me dieron la noticia y planteé un plan de actuación para ver por dónde teníamos que tirar (...). Hubo bastante gente que se brindó a hacer gestiones, como por ejemplo Juan María Bandrés, pero, al final, nos decidimos por dos personas [Iñaki Esnaola y Juan Daniel Barandiarán] que pensamos que nos podían ayudar". "En el comité que yo creé estaba mi tío Manuel Gortázar, conde de Superunda. Mi tío Luis María de Ybarra Oriol (padre del ya ex consejero Luis María de Ybarra). Y mi cuñado Gaizka Ortúzar, que hizo una gran labor. El cuñado de mi padre, Manuel Gortázar, había sido consejero delegado del Vizcaya y la persona más inteligente de la familia. Yo me había confiado a mis tíos Manuel y Luis María porque eran consejeros del Vizcaya, y esperaba que me ayudaran a lograr el dinero".
Pero no fue posible reunir el dinero: "Se consiguió muy poco dinero, 50 millones. A mi padre le valoró el Banco Vizcaya en 25 millones y el Bilbao en otros 25 (...) Yo les dije que no se trataba de que nos dieran el dinero de forma subrepticia y por debajo, sino que nos lo dieran en base a nuestro patrimonio. Además, la exigencia de ETA no iba dirigida a los hijos de Javier de Ybarra, sino a la oligarquía que él representaba".
Por entonces Emilio Ybarra era consejero delegado del Bilbao y Ángel Galíndez presidente del Vizcaya:
Galíndez dio instrucciones para que no se pagara ningún dinero. Cuando yo presioné a mi tío Luis María y a mi tío Manuel para que resolvieran inmediatamente el tema del dinero, Emilio Ybarra dijo que a un secuestrado no se le podía dar un crédito. Por eso nosotros fuimos solidarios en la petición del mismo y tuvimos que firmar una póliza. Recuerdo que una hermana mía escupió encima de la póliza (...) Yo tenía 35 años. Si hubiera tenido la experiencia de ahora, desde luego que me hubieran dado el dinero para salvar a mi padre. Confié en exceso en Luis María de Ybarra y tuve una sensación de abandono horrorosa. Él nunca saldó la cuenta de gratitud que tenía con nosotros por lo que le ayudó la familia de mi padre y, si hubiera querido, podía haber exigido a su cuñado Galíndez que el banco nos avalara o que todos ellos hubieran participado". Desde entonces, tampoco la relación con su primo Emilio Ybarra es buena. Juan Antonio la define como "gélida" y añade: "Además yo estoy convencido de que él es consciente de que lo que hizo no está bien" (El Mundo, 28/04/2002).
En la misma entrevista, Casimiro García Abadillo le preguntó a Juan Antonio Ybarra sobre las cuentas secretas del BBV y sobre la relación que pudieran haber tenido con el secuestro de su padre y el pago a ETA del llamado impuesto revolucionario. Tras decir que "desearía" que no hubiese relación entre una cosa y la otra, señaló que las sospechas no sólo las tiene él, sino que "las tiene mucha gente. Ojalá sea sólo una sospecha y se demuestre que no hay nada, porque, de lo contrario, sería estremecedor". "Hay suspicacias por determinadas conductas personales de cierta gente que, además, no se ha recatado en disimular. Eso es una música que está rondando por todas partes". Se refiere concretamente a "personas" (altos directivos) que "han funcionado en Bilbao sin protección. Eso induce a sospecha" y más porque hacían "alarde de ello" (El Mundo, 28/04/2002).
Javier de Ybarra y Bergé tenía 64 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado por la banda terrorista ETA. En su faceta como empresario e industrial fue consejero del Banco de Vizcaya y de Iberduero, presidió Babcok-Wilcox en Bilbao, el diario Informaciones y Bilbao Editorial, empresa editora de El Correo Español-El Pueblo Vasco. En el campo político, había sido presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya (1947-1969) alcalde de Bilbao (1963-1969) y procurador en Cortes. Cursó Derecho en las universidades de Deusto y Salamanca y se diplomó en Psicología y Pedagogía, pues había heredado de su padre, creador del primer centro tutelar de menores en España, la pasión por ayudar a la reeducación de los jóvenes. Fue nombrado presidente del Consejo Superior de Protección de Menores en España, cargo que desempeñó hasta pocos años antes de ser asesinado. En el momento de su secuestro era el presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Vizcaya.
La última carta que Javier envió a sus hijos (tenía diez), fechada el 4 de junio, matasellada el 6 y recibida por éstos el 10, decía así:
Queridos hijos: nuevamente puedo escribiros y lo hago después de haber sabido de vosotros y tantas cosas más por los periódicos, que comenzaron a llegar aquí cuando os escribí mi carta anterior. Lamento causar tantas molestias y agradezco el interés mostrado por personas y entidades, por la situación especial en que me encuentro. Con mi gratitud para todos, deseo referirme a la preciosa carta que me ha escrito Antonio Oriol, que ha publicado la prensa. En mi soledad me refugio en la oración y me auxilian mucho los dos únicos libros que me traje conmigo. Confiemos en la Sagrada Familia... a la que sabéis la gran devoción que tengo, en la seguridad de que todo ha de resolverse como mejor convenga al bien de nuestras almas. No os preocupéis por mí. Yo estoy en las manos de Dios, perdono a los que me prendieron y pido perdón a quienes haya podido ofender y ofrezco mi vida por la conversión de los pecadores y por el encuentro de las almas con su divino redentor. Con intenso cariño, os bendice y abraza vuestro padre, Javier.
A las och
La víctima se dirigía en su motocicleta desde el barrio donostiarra del Antiguo hasta el de Inchaurrondo, donde estaba trabajando en los nuevos edificios de viviendas que se estaban construyendo para la Guardia Civil. Cuando se encontraba a la altura del número 44 de la avenida de Ametzagana, tres terroristas le adelantaron y le cerraron el paso con su vehículo. Seguidamente, ametrallaron al albañil. El cuerpo sin vida de Francisco Medina, en el que habían impactado tres balas, una de ellas en la cabeza, quedó tendido en la calzada en mitad de un gran charco de sangre. En el lugar de de los hechos, la Policía Nacional encontró cuatro casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.
Tras cometer el asesinato, los terroristas se dieron rápidamente a la fuga en un Seat 124 de color blanco, matriculado en Navarra, que media hora antes habían robado a punta de pistola a su propietario. El automóvil utilizado por los terroristas fue localizado por la Policía en el paseo de Jai Alai, no muy lejano al lugar del atentado, y en el interior del vehículo encontraron una metralleta Sten con dos cargadores, uno de ellos prácticamente lleno. Una llamada al diario Egin permitió localizar el paradero del propietario del vehículo, atado a un árbol en el Alto de Zuloaga y con el rostro cubierto por un pasamontañas.
Al día siguiente, la banda reivindicó el atentado mediante un comunicado enviado a diversos medios de comunicación en el que vertía diversas acusaciones, las habituales, contra la víctima. Los compañeros de Francisco aseguraron en otro comunicado que el asesinato era un atentado contra la clase obrera, contra su libertad y contra sus derechos. Exigieron, además, a la banda terrorista que demostrase públicamente que Francisco Medina era "un colaborador de los grupos represivos" y que expusiesen "el código civil, militar o de derechos humanos que emplean para cuando un delito tiene o no veredicto de pena de muerte". ETA había acusado a Francisco Medina, entre otras cosas, de haber "participado en varias ocasiones, junto a grupos ultraderechistas y miembros de los cuerpos represivos vestidos de paisano, en actos vandálicos contra la población de San Sebastián, a fin de sembrar el miedo y la coacción en el movimiento popular vasco (sic)". La asamblea de trabajadores de la empresa se quejó de que, con la lógica de ETA, no se podía trabajar en ninguna empresa, porque directa o indirectamente, en todas se beneficia el capital o la opresión: "¿Puede alguna fuerza política o social determinar en qué empresa o tajo se puede trabajar? ¿Entre las que no se puede está la de Rivera Fresno?"
CCOO repudió el asesinato y convocó a los trabajadores para que celebrasen paros y asambleas en protesta por el atentado. Los secretarios generales de veintitrés federaciones del sindicato se reunieron con Marcelino Camacho y decidieron solidarizarse con los compañeros y familiares de Francisco Medina.
Francisco Medina Albala, de 33 años, había nacido en la localidad granadina de Almuñécar. Estaba casado con Victoria Jiménez, que trabajaba como asistenta doméstica en varias casas del barrio donde vivían, y tenía dos hijos, de 7 y 5 años. Hacía varios años que se había trasladado a San Sebastián. Tras pasar una temporada en el paro, desde cuatro meses antes de ser asesinado había empezado a trabajar en la empresa de construcción Rivera Fresno. En el momento de su asesinato trabajaba como albañil en la construcción de viviendas para la Guardia Civil. En los medios de comunicación se barajó este hecho como la causa del asesinato.
A las nu
En torno a las 23:00 horas del día 21 de junio dos autobuses con agentes de la Policía Nacional se dirigían al cuartel de Basauri, después de terminar de prestar servicio en Bilbao. El cuartel estaba junto a la cárcel y muy cerca de la autopista Bilbao-Behobia.
Cuando los agentes, que acababan de ser relevados de sus funciones de vigilancia en Bilbao, llegaban al patio del acuartelamiento, miembros de la banda terrorista ETA comenzaron a dispararles desde la autopista. Los centinelas que estaban en las garitas y la dotación de un blindado de la Policía que prestaba protección respondieron a la agresión. A ellos se unieron inmediatamente numerosos efectivos de Policía que reaccionaron rápidamente ante el ataque. Se inició entonces un intenso tiroteo que sorprendió en medio del fuego cruzado a un Simca 1200 en el que viajaban tres agentes comerciales.
Durante un espacio aproximado de cinco minutos los efectivos policiales barrieron la zona próxima al lugar desde donde se había efectuado el atentado, con frecuentes tiroteos e intercambios de disparos. Al darse cuenta de lo que sucedía los ocupantes del coche se agacharon para no ser alcanzados por las balas, dos de las cuales penetraron en el vehículo por la luna trasera. Diego Alfaro Orihuela -que viajaba en el asiento posterior del automóvil-, fue alcanzado de lleno en la cabeza por un proyectil que le fracturó el cráneo, provocándole pérdida de masa encefálica.
En medio de la confusión provocada por el tiroteo, los policías se percataron de que los ocupantes del vehículo habían resultado heridos, y los trasladaron urgentemente al Hospital Civil de Bilbao. El conductor, y propietario del vehículo tiroteado, Alberto de Miguel Pernaute, de 49 años de edad, natural y vecino de Pamplona, fue asistido de shock nervioso leve; Francisco García García, de 43 años, natural de Toledo y domiciliado en Madrid, presentaba un golpe leve en la cabeza. Los servicios médicos del hospital no pudieron hacer nada por salvar la vida de Diego Alfaro.
Este mismo cuartel de la Policía Nacional en Basauri había sufrido otro atentado hacía seis meses, el 20 de noviembre de 1978. En aquella ocasión, un comando ametralló el campo de deportes donde una treintena de agentes jugaba un partido de fútbol. Dieciséis policías resultaron heridos y dos, Benjamín Sancho Legido y José Benito Sánchez, resultaron muertos.
Diego Alfaro Orihuela, de 50 años de edad y casado, era natural de Jerez de la Frontera, pero residía en Sevilla. Estaba de paso en el País Vasco por motivos laborales.
En torno a las 18:40 horas del 22 de junio de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN MALDONADO MORENO. Su cuerpo quedó destrozado por la explosión de una bomba-lapa adosada a los bajos de su vehículo, que quedó convertido en un amasijo de chatarra.
La explosión, de gran potencia, tuvo lugar en el momento en el que el guardia civil, que vestía de paisano, accionó la llave de contacto de su vehículo, un Renault 8 de color rojo, aparcado en una pequeña plazoleta que se utiliza como aparcamiento en un extremo del pueblo, muy cerca de su domicilio. El cuerpo del agente fue seccionado en dos por la onda expansiva.
Una mujer de nacionalidad portuguesa, que pasaba por el lugar en el momento de la explosión, resultó herida al ser alcanzada por los cristales del vehículo. La mujer herida fue trasladada al Hospital de la Cruz Roja en San Sebastián, donde le practicaron las primeras curas. Tenía incrustadas en el rostro, y en diferentes partes de su cuerpo, numerosas partículas de cristales, pero los médicos consideraron que sus heridas no revestían gravedad. La onda expansiva destrozó, además, otros vehículos aparcados en las inmediaciones y provocó la rotura de cristales en numerosas viviendas y comercios.
El funeral celebrado al día siguiente en el patio del Gobierno Civil de Guipúzcoa contó con la asistencia, por primera vez en este tipo de actos, del teniente coronel Díaz Arcocha, máximo responsable de la Ertzaintza, que sería asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985, y el capitán García Oteiza. Al funeral también asistieron el ministro del Interior, José Barrionuevo; el inspector general de la Guardia Civil, Aramburu Topete; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui; el capitán general de la VI Región Militar y otras autoridades. Se renunció al funeral en la Sagrada Familia, tras la negativa del obispo Setién a que el féretro llevara bandera alguna.
Juan Maldonado Moreno tenía 42 años. Era de Adra (Almería), estaba casado y tenía dos hijas de 9 y 7 años. Desde doce años antes de ser asesinado prestaba servicio en uno de los puestos de aduanas del puerto de Pasajes, escenario de numerosos atentados contra miembros de la Guardia Civil. El guardia civil tenía costumbres muy regulares: solía jugar habitualmente a las cartas en el mismo bar y acudir a una huerta cercana a su domicilio. Fue enterrado en el municipio granadino de Motril con la asistencia de varios miles de personas que recibieron el féretro entre gritos de "ETA asesina" y vivas a la Guardia Civil. La banda terrorista ETA reivindicó el atentado el 7 de julio.