Manuel Fuentes fue alcanzado por una docena de impactos en los hombros, el tórax, los brazos y las piernas, y quedó mortalmente herido dentro de su vehículo. La novia se asomó a la ventana y aún tuvo tiempo de ver cómo corría uno de los autores del atentado. Bajó corriendo a la calle y se acercó al coche donde agonizaba Manuel, que hizo un amago de hablar, pero no pudo articular palabra. Fue trasladado en una ambulancia a la Clínica San Juan de Dios de Santurce, falleciendo a los pocos minutos de ingresar cuando había sido llevado al quirófano para ser intervenido.
El PSOE, PCE y ESEI (Convergencia Socialista Vasca) reaccionaron de forma inmediata convocando para ese mismo día 31 de octubre una manifestación de protesta, que tuvo lugar a las ocho de la tarde en Portugalete. Los convocantes manifestaron que el atentado, igual que el cometido cuatro días antes contra Germán González López, era una declaración de guerra al Estatuto recién aprobado y un intento de hacer inviable su puesta en práctica. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) excusó su asistencia a la reunión de convocatoria de la manifestación, alegando que la mayoría de sus dirigentes se encontraban en Bayona (Francia) para hablar con el lehendakari del Gobierno vasco en el exilio Leizaola.
El 1 de noviembre ETA reivindicó el asesinato de Manuel Fuentes. Tras reiterar que seguirían atentando hasta lograr que se aplicase la alternativa KAS, en el comunicado analizaban los resultados del referéndum, señalando que se manipularon los votos y haciendo elogios a los que optaron por la abstención.
Manuel Fuentes Fontán tenía 29 años, era natural de Pontevedra, estaba soltero y llevaba cinco años destinado en el País Vasco. Su novia, Francisca Vilches, era natural de Jaén y declaró a los medios de comunicación que Manuel había solicitado el traslado a Pontevedra porque temía que no iba a salir vivo del País Vasco, pero le contestaron que "los casados tenían prioridad" (Diario de Navarra, 01/11/1979). Manuel fue la primera víctima mortal entre miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Sus restos mortales fueron enterrados dos días después, el 2 de noviembre, en Pontevedra, su ciudad natal. El funeral de cuerpo presente se celebró en la Iglesia de la Virgen del Camino. Guardias civiles y policías nacionales transportaron a hombros el féretro hasta el templo, que estaba absolutamente abarrotado, por lo que gran parte del público tuvo que seguir la ceremonia desde fuera. Al acto asistieron autoridades civiles y militares y, a la salida, se oyeron gritos contra el Gobierno y vivas a la Guardia Civil y al Ejército.
El dirigente centrista había salido de su domicilio en el barrio donostiarra de Lorea, situado en las afueras de la ciudad, y se introdujo en su automóvil, un Simca 1200. Acababa de arrancar el motor del vehículo cuando dos terroristas a cara descubierta hicieron tres disparos y se dieron a la fuga en dirección a una carretera secundaria próxima, donde les esperaba un tercer terrorista al volante de un coche robado previamente.
Juan de Dios Doval fue alcanzado por dos proyectiles. Uno de ellos, con entrada en el lado izquierdo del cuello y que quedó alojado en el lado derecho del tórax, le causó la muerte casi en el acto. Otro proyectil le alcanzó en el pecho, pero chocó con un bolígrafo que llevaba en el bolsillo y no llegó a provocar herida interna. Una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladó a la víctima a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu, donde se certificó su fallecimiento. En el lugar de los hechos se recogieron tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.
Nada más tener noticias del asesinato, quedaron paralizadas las actividades de la facultad de Derecho. La mayoría de los estudiantes que se encontraban en las dependencias universitarias se reunieron en una asamblea, en la que aprobaron un comunicado manifestando "la más absoluta repulsa y desprecio" por el atentado, y condenando el clima general de violencia, con expresa mención a las "detenciones indiscriminadas". La junta de profesores realizó simultáneamente otra reunión. A las once y media de la mañana, unos trescientos alumnos y profesores se dirigieron en manifestación silenciosa desde la facultad, a corta distancia del lugar donde cayó muerto Juan de Dios Doval, hasta la Diputación Foral de Guipúzcoa donde hicieron entrega de un escrito de protesta.
En julio de 1982 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra José María Salegui Zuloaga y Luis Francisco Amezaga Mendizábal, acusados del asesinato de Juan de Dios Doval de Mateo. El fiscal solicitó, para cada uno de ellos, penas de veintinueve años por asesinato y seis años por utilización ilegítima de vehículo a motor ajeno. Según el escrito de conclusión provisional del fiscal, los dos acusados junto a José Luis Bilbao, en situación de rebeldía, robaron un coche a punta de pistola, ataron a su propietario en un monte próximo y se dirigieron a la urbanización donostiarra de Lorea, donde esperaron al dirigente de la UCD vasca contra quien dispararon cuando éste abandonaba su vehículo. Los procesados negaron su pertenencia a ETA, así como la participación en el asesinato de Doval de Mateo. Salegui declaró que la utilización de armas y la muerte de semejantes iban en contra de sus principios. Eva María Roig, testigo presencial del asesinato, manifestó que los autores del hecho se acercaron al Simca 1200 de color azul y después de disparar salieron corriendo y riendo. La joven afirmó que vio el asesinato desde bastante cerca, pero no reconoció a ninguno de los procesados. Tampoco identificó a los procesados el propietario del vehículo robado, señalando que los encausados no coincidían con las características de los autores del robo. El fiscal, sin embargo, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, mientras que el defensor pidió la absolución. El 14 de julio la Audiencia Nacional absolvió a los dos acusados y en la sentencia se señaló que la declaración de la testigo presencial se había silenciado en el atestado policial.
Juan de Dios Doval de Mateo, de 37 años, había nacido en Madrid, aunque pasó toda su juventud en San Sebastián donde su padre, notario, se trasladó por razones profesionales. Estaba casado y tenía dos hijos, de 7 y 4 años. Doctor en Derecho y profesor adjunto de la facultad de San Sebastián, compaginaba ese trabajo con la dirección de algunos asuntos en una gestoría administrativa cuya propiedad compartía con un hermano. Había ingresado en UCD un año antes, y en las elecciones para el Parlamento vasco ocupó el segundo puesto de la candidatura en Guipúzcoa, después del secretario general de la UCD vasca, Jaime Mayor Oreja. Juan de Dios Doval estaba convencido de que sería escogido como víctima de un atentado, sobre todo después del asesinato de su compañero Jaime Arrese en Elgóibar una semana antes. Así lo había confiado el día anterior de su asesinato, el jueves 30 de octubre, a un estudiante de Derecho con el que mantenía amistad, indicándole que había establecido o pensaba establecer contraseñas para franquear la entrada de su vivienda sólo a personas conocidas. El día anterior a su asesinato le dijo a su secretaria: "Reza por mí". Ella le recomendó que abandonara, pero él le contestó que no quería que sus hijos pensasen que era un cobarde, según relató el sacerdote jesuita Antonio Beristain, compañero en la universidad de Juan de Dios, en Gaceta Universitaria. La noticia del asesinato de Doval de Mateo fue recibida con nerviosismo, consternación e indignación en la sede provincial de UCD. El recrudecimiento de la cacería contra miembros del partido estaba diezmando la formación centrista en el País Vasco. En una fotografía tomada en Zumárraga en 1977 aparecían cinco dirigentes de la UCD vasca, de los que tres habían sido asesinados en poco más de un mes: José Ignacio Ustarán, Jaime Arrese, Marcelino Oreja y Jaime Mayor Oreja, además del propio Juan de Dios Doval (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, Espasa, 2010. pág. 328). Por deseo expresado con anterioridad a su fallecimiento, Doval fue inhumado al día siguiente, 1 de noviembre, en Ezcaray (Logroño) después de celebrarse el funeral por su alma.
José María Pérez fue secuestrado a las 19:00 horas en su domicilio de San Sebastián, donde vivía y ejercía como abogado. A esa hora llamaron a la puerta de su casa, acudiendo a abrir la madre de la víctima, Ángela, a la que indicaron que tenían una cita con él. Cuando abrió la puerta, dos terroristas armados con pistolas amenazaron a madre e hijo, y se llevaron a este último secuestrado, arrancaron los cables del teléfono e indicaron a la madre, bajo amenaza, que no avisara a la Policía hasta pasadas las diez de la noche. José María fue introducido en un vehículo robado previamente en Oyarzun y lo trasladaron hasta Hernani, donde fue interrogado sobre compradores y vendedores de droga.
ETA acusó a José María Pérez de ser narcotraficante y de defender habitualmente a drogadictos en casos relacionados con el consumo y tráfico de drogas. En el comunicado de reivindicación reconocían que la víctima había sido "sometida a un minucioso interrogatorio". Un abogado donostiarra de prestigio, que ejerció responsabilidades en el área del orden público en el Consejo General Vasco, comentó que "los atentados de ETA se parecen cada vez más a los procedimientos de los escuadrones de la muerte de algunos países latinoamericanos, que he conocido directamente. Primero se dispara, y después se lanza la acusación como parte de un imaginario proceso, cuya sentencia se ha dictado en la sombra y sin posibilidad de apelación por adelantado".
En una nota difundida al día siguiente la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Guipúzcoa manifestó su condena a cualquier tipo de violencia, sin excepción alguna, especialmente cuando desemboca en la muerte de cualquier persona, pena ésta que se ha abolido del sistema legal español. La junta adoptó también el acuerdo de asistir el domingo 2 de noviembre, corporativamente, a la manifestación organizada por cuatro partidos políticos por la paz y contra el terrorismo. En la nota de condena se afirmaba que varios abogados habían tenido que abandonar su lugar de residencia ante las amenazas recibidas por no acceder a pagar el llamado impuesto revolucionario.
En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio Esnaola Lasa a 26 años de prisión mayor por el asesinato del abogado donostiarra. Cuatro años después, en 1990, fue condenado a la misma pena el etarra Nicolás Francisco Rodríguez.
José María Pérez López de Orueta tenía 30 años y estaba soltero. Llevaba dos años colegiado como abogado criminalista.
Los agentes heridos leves fueron José Manuel Calvo Vega, Adolfo Cánovas López Ventura Enebral Sánchez, Miguel Fernando Lozano, Antonio Gutiérrez Díaz, Emilio Herrera Romero, José Ocaña Sánchez, Juan Pastor Morales, Manuel Pazos Jus y Florencio Romero Pérez.
El atentado se produjo al estallar un potentísimo artefacto compuesto de unos diez kilos de Goma 2, que se encontraba colocado en el interior de un automóvil marca Chrysler 180, aparcado en el arcén de la carretera en las proximidades de la estación que Iberduero tenía en esta zona de la capital alavesa. La carga explosiva fue accionada a distancia desde otro automóvil, cuando la dotación policial, que circulaba en un convoy formado por una tanqueta y una furgoneta de la Policía Nacional, se dirigía a efectuar el relevo del servicio de vigilancia en la subestación eléctrica de Iberduero. El coche-bomba, como consecuencia de la fuerte explosión, resultó totalmente destrozado, así como la furgoneta de la Policía Nacional, mientras que la tanqueta quedó seriamente dañada.
Francisco González Ruiz, de 24 años y natural de Granada, se había casado tres meses antes.