El atraco a entidades bancarias, tanto en Madrid como en Barcelona, fue una estrategia de la rama político-militar de la banda puesta en marcha en la primavera de 1975 con el objetivo de abrir nuevos frentes contra el Gobierno de Franco. De este modo, un grupo de terroristas se instaló en Barcelona, donde realizaron varios atracos a bancos.
Cuando el 6 de junio de 1975 seis o siete terroristas entraron en la entidad bancaria con la intención de robar, había en caja 425.000 pesetas, y una cantidad superior no contada, recién traída por un transporte blindado, estaba en unas sacas tiradas por el suelo. Los miembros de ETA alertaron a clientes y empleados de la sucursal bancaria de que que se trataba de un atraco político. Intimidándoles con revólveres del 38 especial y una metralleta, los pusieron contra la pared y desarmaron al guardia jurado. Pero la alarma interior, conectada a la Jefatura de Policía, fue activada por una empleada y, desde allí, se envió una patrulla que se encontraba en esos momentos en los alrededores de la oficina. Además, justo en el bar de enfrente a la entidad bancaria, el Bar Fausto, dos agentes de la Brigada de Investigación Social estaban tomando café, y también salieron a impedir que se consumase el atraco.
Cuando los etarras abandonaban la entidad bancaria, se toparon con los agentes y se inició un tiroteo que acabó con la vida de Ovidio Díaz, alcanzado por siete disparos, uno de ellos en el corazón. Todos los terroristas, salvo uno que resultó herido, se dieron a la fuga.
Mes y medio más tarde fueron detenidos en Barcelona los etarras Ignacio Pérez Beotegui, alias Wilson, responsable de los grupos especiales de ETA, y Jon Paredes Manot, alias Txiki, sorprendidos por la Policía cuando se disponían a cometer un nuevo atraco bancario. Paredes Manot fue acusado de intervenir en el tiroteo que acabó con la vida de Ovidio Díaz. Fue juzgado en Consejo de Guerra sumarísimo y condenado a muerte. La sentencia se ejecutó en el cementerio de Collserola el 27 de septiembre de 1975. Ese mismo día fueron también fusilados el etarra Ángel Otaegui Echevarría (por el asesinato del guardia civil Gregorio Posada Zurrón) y los miembros del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena. Fueron los cinco últimos fusilados por el régimen de Franco.
Ovidio Díaz López tenía 31 años. Estaba casado y su mujer se encontraba embarazada de su primer hijo. El agente asesinado fue enterrado en La Coruña.
Luis solía acudir al Bar Andrés para jugar una partida de cartas con sus amigos una vez que terminaba su jornada laboral. Miembros del grupo Iharra de ETA le estuvieron vigilando durante días con el objetivo de atentar contra él.
En torno a las ocho y media de la tarde del 6 de junio, la víctima se encontraba en el bar cuando irrumpieron en su interior dos terroristas con los rostros cubiertos por bolsas de plástico amarillo. Una vez identificado, se dirigieron hacia Luis y abrieron fuego a quemarropa, hiriéndole de muerte. Los agresores, una vez cumplido su objetivo, salieron rápidamente del local y huyeron en un automóvil, robado previamente, que les esperaba con un tercer terrorista al volante.
En 1995 fueron condenados por este asesinato a 29 años de reclusión José Gabriel Urizar Murgoitio, Enrique Letona Viteri, Francisco Martín Robles y Jon Aguirre Aguiriano.
Luis Berasátegui Mendizábal tenía 33 años. Estaba casado y tenía una hija. Algunos de sus vecinos comentaron que la víctima estaba próxima a Fuerza Nueva. Luis era propietario de un pequeño taller de maquinaria agrícola llamado Motosierra.
Francisco había estado alternando con unos amigos por diferentes bares de Elgóibar. En torno a las 21:25 horas caminaba por la calle San Francisco con dos amigos cuando tres terroristas se aproximaron a él. Empujaron a los acompañantes a un lado y uno de los etarras le disparó dos veces. La víctima cayó al suelo herida mortalmente. Falleció cuando era trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.
Al igual que en el caso de su amigo Sebastián Aizpiri Leyaristi, asesinado el 25 de mayo, Francisco sufrió una campaña de rumores que le vinculaban al tráfico de drogas. Las banda asesina acusó a Zabaleta en un comunicado público de ser un "agente de la red policial de distribución de droga". En menos de quince días dos vecinos de Elgóibar habían sido asesinados víctimas de una campaña plagada de rumores, mentiras y calumnias. Ambos habían ido juntos al Ayuntamiento de Elgóibar para pedir que se abriese una investigación y se demostrase su inocencia. Pero no les valió de nada.
Sus amigos y familiares, como ocurrió con Sebastián Aizpiri, negaron rotundamente las acusaciones. La viuda de Francisco, Mari Luz, aseguró en Interviú (14/06/1988) que el único objetivo de ETA es atemorizar: "Se lo han cargado para atemorizar, para sembrar el pánico en Euskadi, como cabeza de turco, como falso ejemplo, mintiendo si es necesario (...). Sabían que matando a Patxi dejarían a esta parte del pueblo vasco sumido en el terror". Tras el asesinato de Zabaleta, un vecino de Ondarroa y otro de Elgóibar abandonaron sus hogares temiendo convertirse en las siguientes víctimas después de que ETA les relacionara también con el tráfico de drogas.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 30 años de reclusión mayor a Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde y Fermín Javier Urdiain Ciriza como autores de un delito de asesinato con premeditación. En la misma sentencia fue condenado a 27 años José María Beristain Urbieta como autor de un delito de asesinato sin agravantes.
En mayo de 2009 la Audiencia Nacional condenó a 27 años de cárcel, como cooperador necesario, a Mikel Ibáñez Oteiza, alias Mikel de Éibar, por facilitar a ETA la información que le permitió cometer el asesinato de Francisco Javier. Ibáñez Oteiza fue detenido en el aeropuerto de París en marzo de 2007, adonde llegó procedente de Uruguay. A partir de ese momento se reactivó el proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional en 1989. El etarra tendría que haber cumplido condena hasta 2035, pero fue excarcelado el 14 de enero de 2011 por motivos de salud. Ibáñez Oteiza, con un cáncer terminal, se ha convertido así en el primer etarra excarcelado tras el alto el fuego de la banda hecho público el 10 de enero de 2011.
Francisco Javier Zabaleta Aizpitarte, de 42 años, estaba casado y tenía dos hijos menores de edad. Natural de Elgóibar, era corredor de seguros y empresario hostelero. Cuando fue asesinado regentaba, junto a un primo suyo, la discoteca Guass de Elgóibar.