En torno a las 14:30 horas del 13 de junio de 1979, la banda terrorista ETA asesina a ÁNGEL BAÑOS ESPADA, montador de la empresa Tamoin que trabajaba en la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), en el momento en que se producía el cambio de turno. Habían pasado quince meses del atentado que acabó con la vida de otros dos trabajadores de la central: Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera (17/03/1978). En ambos atentados la banda asesina había colocado una bomba en el interior de las instalaciones.

Poco antes de la explosión, dos terroristas encañonaron a los dos operarios encargados del tanque de refrigeración y, tras esposarles, les obligaron a abandonar el lugar. A continuación colocaron una bomba de escasa potencia en la parte inferior del tanque.

Los etarras hicieron dos llamadas telefónicas a Iberduero y a Radio Popular de Bilbao avisando de la colocación del artefacto. La primera se produjo en torno a las dos menos diez de la tarde a las oficinas de Iberduero, anunciando la explosión "en el plazo de un cuarto de hora". La telefonista intentó averiguar más datos pero el comunicante anónimo se limitó a decir: "Repito: en un cuarto de hora hará explosión una bomba". A las dos y cinco se recibió una segunda llamada en la central, esta vez procedente de la emisora bilbaína Radio Popular, en la que avisaban a Iberduero de que habían recibido un aviso con el mismo contenido.

Para entonces -según fuentes de la empresa que confirmaron varios de los escasos trabajadores que permanecían en las instalaciones por la tarde- las sirenas habían dado la alarma, mientras los altavoces daban la orden de desalojo general. La explosión se produjo entre tres y siete minutos después de la segunda llamada.

Ángel Baños, que iniciaba entonces su trabajo en el turno de tarde, se encontraba en ese momento sobre una pequeña plataforma en la parte superior de un tanque de aceite destinado a la refrigeración de la turbina. Algunos de sus compañeros informaron que Ángel acostumbraba a cambiarse de ropa en dicho lugar, aunque no supieron explicar la razón por la que seguía en el interior del pabellón tras la orden de desalojo. La bomba, colocada en la parte inferior del tanque, de forma cilíndrica y con un diámetro de unos tres metros, estalló en esos momentos. El tanque no sufrió desperfectos visibles, aunque sí algunos de los materiales auxiliares situados en su entorno. Ángel recibió el impacto de la onda expansiva cayendo por la parte trasera del tanque, entre éste y la pared exterior del edificio.

A raíz del atentado del 17 de marzo de 1978, en el que fueron asesinados los obreros Alberto Negro y Andrés Guerra, Iberduero había extremado las medidas de seguridad. Así, para desplazarse por el interior de la planta era preciso portar una credencial nominal, que era examinada por los servicios de seguridad cada vez que se traspasaban las barreras que separan las distintas partes de la obra.

En un comunicado suscrito conjuntamente por el PNV, PSOE, PC y ESEI, que se hizo público por la tarde del mismo día del atentado en Bilbao, se condenaba duramente este nuevo "asesinato, que expresa un absoluto desprecio a la vida y a los derechos de la persona y atenta contra los trabajadores, contra el proceso democrático y, en particular, contra el Estatuto de Autonomía". El comunicado llamaba "a la clase obrera y al pueblo en general a expresar su repulsa por el atentado". En parecidos términos se expresaban las centrales sindicales UGT y CCOO. Esta última se preguntaba si la sangre vertida en marzo del año pasado "no les pareció suficiente a los autores", e interpelaba a éstos sobre el argumento que utilizarán para justificar su acción. "¿Se dirá otra vez que no funcionó? ¿o que se trataba de un confidente?", se preguntaba CCOO, que concluyó su comunicado llamando a la celebración de "asambleas en todas las fábricas y manifestaciones en los pueblos, en las que se expresase la repulsa de los trabajadores por el atentado".

Los cuatrocientos trabajadores de la empresa Iberduero, encargada de la construcción de la central nuclear, hicieron público un comunicado el 20 de junio en el que denunciaban la irresponsabilidad de la banda terrorista y mostraban su extrañeza por el hecho de que ningún ayuntamiento hubiese condenado el atentado. Los trabajadores hacían un llamamiento "en particular a ETA y a aquellos sectores del pueblo que piden goma 2 para Lemóniz, para que hagan un análisis de las irresponsabilidades que están cometiendo, porque, al atentar contra las instalaciones, están atentando también contra la seguridad del trabajador, dado que para mantener nuestro puesto de trabajo, tenemos que estar continuamente en ellas".

Sin embargo, la banda terrorista ETA siguió cometiendo atentados contra la central y las personas relacionadas con la misma. En febrero de 1982 secuestró y asesinó al ingeniero José María Ryan, y tres meses después a su sucesor en el puesto, el ingeniero Ángel Pascual Múgica. La última víctima de Lemóniz se produjo poco después del asesinato de Pascual Múgica. Fue el niño de 10 años Alberto Muñagorri, herido gravemente el 26 de junio de 1982 en Rentería al dar una patada a una bolsa-bomba colocada por la banda en la puerta de un almacén de Iberduero, propietaria de la central. Alberto estuvo muchas semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, perdió el pie izquierdo y quedó ciego de un ojo.

Ángel Baños Espada era natural de Cartagena (Murcia). Tenía 46 años, estaba casado y era padre de cinco hijos. Trabajaba como montador para la empresa Tamoin, contratada por Iberduero en la construcción de la central nuclear de Lemóniz.

El domingo 13 de junio de 1982, ETA asesinaba de un tiro en la cabeza en la localidad guipuzcoana de Pasajes (Guipúzcoa) al guardia civil JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PERNAS. Eran las nueve de la noche y José Luis se encontraba con otro guardia civil prestando servicio de vigilancia ante la caseta de control situada en la entrada del puerto de Pasajes. Los etarras realizaron un único disparo con un rifle Winchester de mira telescópica que le alcanzó en el parietal y le provocó la muerte en el acto. Los cristales de la garita saltaron hechos añicos por el impacto de la bala, ocasionando leves rasguños al compañero del guardia civil asesinado. 

Los terroristas efectuaron el disparo desde un punto situado en el Alto de Capuchinos, a varios cientos de metros de la caseta de la Guardia Civil, pero desde el que tenían a tiro a los dos agentes. Previamente habían robado un taxi y, tras introducir al conductor en el maletero, se dirigieron al Alto de Capuchinos, en una zona cercana al barrio de Beraun desde la que se domina los puestos de control de la Guardia Civil en el puerto de Pasajes. El propietario del taxi permaneció en el maletero de su coche mientras se cometía el atentado y fue localizado poco después en una calle de Rentería.

El cuerpo de José Luís Fernández Pernas, cuya muerte se produjo de forma instantánea, fue trasladado inicialmente al Hospital Militar de San Sebastián y, posteriormente, al Gobierno Civil de Guipúzcoa en cuyas dependencias se instaló la capilla ardiente.

La garita atacada estaba situada en la misma entrada del puerto, junto a la barrera que controla el paso de vehículos. Los etarras dejaron el rifle en el suelo, así como varios proyectiles, para que las fuerzas de seguridad los encontraran. La utilización de una mira telescópica confería una particularidad a este atentado, según informaron fuentes policiales, quienes contraponen esta acción con otras efectuadas casi a bocajarro por la banda terrorista. ETA pretendía sembrar el pánico entre los agentes destinados a custodiar la entrada del puerto, pues el modus operandi mostraba la vulnerabilidad en la que se encontraban los guardias civiles encargados de la vigilancia del mismo.

Al día siguiente, 14 de junio, se celebró el funeral por el alma de Fernández Pernas. Cuando el féretro era portado a hombros de miembros de las fuerzas de seguridad, un grupo de mujeres gritó "Abajo el Gobierno", después de que el resto de los presentes corease vivas a España, al Rey y a la Guardia Civil. Al acto, presidido por el general subinspector de la Guardia Civil, Antonio Hermosilla, asistieron Francisco Javier Cerezeda, general de la Quinta Zona de la Guardia Civil; el subsecretario del Ministerio del Interior, Juan José Izarra del Corral; el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Marcelino Oreja; el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Santiago Aizarna; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcay, así como mandos militares de los tres ejércitos y representantes del PSE-PSOE y de la UCD vasca. El cuerpo del guardia civil fue trasladado posteriormente en avión al aeropuerto de Peinador, en Vigo, de donde fue conducido a la localidad pontevedresa de Tomillo.

En 1983 la Audiencia Nacional condenó a José Javier Beloqui Cortajarena, autor del disparo, y a su acompañante, José Aparicio Sagastume, a 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte. Ambos pertenecían al grupo Sega de la banda terrorista ETA. El 27 de septiembre de 1982 un tercer miembro de este grupo, Fernando Barrio Olano, resultó muerto en un enfrentamiento a tiros con la Policía en San Sebastián. Fuentes de la lucha antiterrorista le consideran también implicado, presuntamente, en el asesinato de Fernández Pernas.

José Luis Fernández Pernas, de 25 años de edad, era natural de Pontes de García Rodríguez (La Coruña). Pertenecía a la Comandancia de Pontevedra, aunque estaba destinado temporalmente en comisión de servicio en un operativo de refuerzo de la Comandancia de Guipúzcoa. Estaba casado y era padre de dos niñas, de dos años y dos meses de edad en el momento de su asesinato.

Poco antes de las once de la mañana del 13 de junio de 1990 la banda terrorista ETA asesina en el Paseo de La Concha de San Sebastián de un disparo en la cabeza al coronel de Infantería retirado JOSÉ LASANTA MARTÍNEZ. El etarra disparó al coronel a la altura del Hotel Londres y, a continuación, salió corriendo hacia la calle Zubieta. La víctima presentaba un orificio de entrada por el ojo y otro de salida por la nuca, con pérdida de masa encefálica. La Policía recogió en el lugar de los hechos un casquillo 9 milímetros parabellum del año 1974.

Los servicios de la Cruz Roja intentaron reanimarlo en el mismo lugar de los hechos, ya que presentaba parada cardiorrespiratoria. El militar, trasladado inmediatamente al Hospital de la Cruz Roja, falleció una hora después.

Las reacciones políticas al asesinato no se hicieron esperar. José María Gurrutxaga, gobernador civil de Guipúzcoa, atribuyó el atentado a "la banda criminal ETA" y pidió la colaboración de los ciudadanos para conseguir que los autores de estos asesinatos "estén donde deben estar, que es en la cárcel". Gurrutxaga agregó que no caben dudas sobre quiénes son los responsables de este tipo de actos, ya que "en Euskadi, en estas condiciones de cobardía y miseria, tan sólo mata ETA". Los partidos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián, excepto Herri Batasuna (HB), condenaron el atentado terrorista y pidieron la participación de los donostiarras en los actos de condena y denuncia que habían convocado. En un comunicado recordaron que no se puede olvidar a aquellos que con su silencio o apoyo alimentan la violencia. La ejecutiva del PSE-PSOE cree que la opinión pública vasca debe reaccionar ante la violencia que ejerce de manera permanente ETA. El portavoz de este partido, Odón Elorza, indicó que esta nueva acción terrorista "supone la intensificación de ETA de sus labores típicas de precampaña", en referencia a las siguientes elecciones autonómicas que se iban a celebrar en otoño. Un portavoz de Eusko Alkartasuna recordó a la organización terrorista que la mayoría absoluta de la población vasca ha rechazado en múltiples ocasiones las acciones violentas, y advirtió que los ciudadanos jamás aceptarán como sumisión el imperio de las armas. Para Xabier Gurrutxaga, de Euskadiko Ezkerra, atentados como el de José Lasanta, contra un anciano, obligan a que el objetivo de la paz se anteponga ante cualquier cosa para la sociedad. El Partido Popular, por su parte, consideró que "esta villanía de la organización terrorista ETA debe permanecer en la memoria cuando en las próximas elecciones autonómicas se presenten aquellos partidos que no condenan la violencia criminal o permiten que existan alcaldías de Herri Batasuna".

Los autores materiales del asesinato de José Lasanta no han sido juzgados. Sí fue condenado en 1995 como cómplice a 23 años de reclusión mayor Francisco Javier Balerdi Ibarguren, que en este atentado actuó como informador de la banda terrorista realizando varios seguimientos de la víctima que propiciaron su asesinato. Cuando fue detenido, en junio de 1992, el etarra trabajaba en el seno del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.

José Lasanta Martínez, de 74 años, había nacido en Cienfuegos (Cuba) y estaba soltero. Había ingresado en el Ejército en 1936, alcanzando la graduación de coronel de Infantería en 1977. Se había retirado en 1980, diez años antes de ser asesinado. Anteriormente había estado destinado en el regimiento de Infantería Sicilia, en Loyola. Lasanta Martínez era una persona muy conocida en San Sebastián, ya que llevaba varios años residiendo en la ciudad. El coronel Lasanta había sido juez instructor del Juzgado número 2 del antiguo Tribunal Militar especializado en delitos de terrorismo.

Hacia las cinco de la tarde del 13 de junio de 1991, la banda terrorista ETA asesina al guardia civil RICARDO COUSO RÍOS en la localidad vizcaína de Valle de Trápaga. Ricardo había estacionado su coche frente al colegio Franciscanas de Montpellier y permanecía dentro del mismo mientras esperaba a que su hijo pequeño saliera del colegio. Carolina, que tenía catorce años, había salido antes y se dirigió a casa. El niño se entretuvo un poco más en la salida y, justo cuando subía al coche de su padre, un miembro del grupo Vizcaya de ETA se acercó al vehículo y disparó seis tiros a través de la luna delantera. El guardia civil se desplomó sin vida dentro de su automóvil en presencia del pequeño de nueve años. "Pero nadie tuvo el valor, ni la decencia, de coger a ese niño de nueve años y acercarse a darle un mimo después de haber visto el asesinato de su padre. Le dejaron sentado, con la mente en blanco, en un banquito de piedra, hasta que llegaron los compañeros de mi marido" recordaba su viuda, Fina Saavedra, en una entrevista en el diario Soitu.es (10/09/2009).

El autor de los disparos se montó en un taxi, robado previamente a punta de pistola, donde le esperaban otros terroristas. El propietario del taxi fue abandonado atado a un árbol en el mismo término municipal donde se cometió el atentado. El vehículo fue localizado poco después en Portugalete.

El funeral oficial por Ricardo Couso se celebró en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao, presidido por el gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, y por el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. La hija mayor, de 14 años, tuvo que ser llevada en volandas, pues no cesaba de llorar y apenas podía caminar. En Galicia se ofició un segundo funeral al día siguiente en la Iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela. Después del acto religioso, el féretro con los restos mortales del guardia civil fue portado por sus compañeros hasta el cementerio de Boisaca, donde fue enterrado.

Las investigaciones policiales determinaron que los autores del asesinato de Ricardo Couso fueron los etarras Jesús Mendinueta Flores, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y Juan Manuel Ormazábal Ibarguren, alias Turco. Este último no pudo ser juzgado, pues resultó muerto en un tiroteo con agentes de la Ertzaintza en Bilbao en agosto de 1991. En 1996, la Audiencia Nacional condenó a 28 años de cárcel por su participación en el asesinto del guardia civil al etarra Mendinueta Flores. En 2006, y por los mismos hechos, fue condenado Iglesias Chouzas a 29 años. Según declaración policial del primero, cuando fue detenido en 1991, el autor de los disparos que acabaron con la vida de Ricardo fue Ormazábal Ibarguren, el muerto.

Ricardo Couso Ríos, de 38 años, estaba casado con Josefina Saavedra y tenía dos hijos: Carolina, de 14 años, y Ricardo, de 9. Era natural de Santiago de Compostela (La Coruña), igual que Fina, aunque llevaba doce años de servicio en el País Vasco cuando fue asesinado. Con 17 años Ricardo se fue a Francia a buscarse la vida. Cinco años después tramitaba los papeles para conseguir la nacionalidad francesa, pues había encontrado trabajo al otro lado de la frontera. Pero ese verano (1976) coincidió con Fina en la misma cuadrilla de Santiago y se hicieron novios. Antes de casarse, tuvo que hacer el servicio militar en Melilla. Allí se despertó su vocación, y decidió entrar en la Guardia Civil, como lo habían hecho anteriormente su abuelo y sus tíos. Tras nueve meses de academia, y pese a tener nota para elegir destino, toda la promoción fue enviada al País Vasco. Cuando Carolina, la hija mayor, tenía dos años, les trasladaron a Valle de Trápaga, pequeño pueblo dormitorio de unos trece mil habitantes, la mayoría de ellos inmigrantes que trabajaban en los Altos Hornos de la Margen Izquierda. El recibimiento en el pueblo no fue bueno, y desde el principio estuvieron marcados por pertenecer a la Guardia Civil. Fina tuvo incluso que sacar a la niña del colegio público y meterla en uno concertado, como contó en la entrevista en Soitu.es. Por la época en la que fue asesinado estaba preparando la mudanza, pues le habían concedido el traslado a su ciudad de origen.

La familia de Ricardo ha estado muy involucrada en la defensa de la Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas del terrorismo. Especialmente Josefina, que fue delegada de la AVT en Galicia, y la hija mayor, Carolina Couso Saavedra, desde su trabajo como periodista. En 2005 publicó La Guardia Civil frente al terrorismo: por las Víctimas, por la Libertad, libro patrocinado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y por la Fundación de la Guardia Civil. Ricardo, el hijo, viste ahora con orgullo el uniforme de su padre.