El 10 de febrero de 1976, al día siguiente del asesinato del alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu Ibarreche, es asesinado a tiros en Cizúrquil (Guipúzcoa) el mecánico JULIÁN GALARZA AYASTUY. ETA creía que asesinaba también al alcalde de la localidad, Antonio Vicuña, pero se confundió, pues Julián era mecánico. Dos días después, el 12 de febrero, la banda asesina emitió un comunicado en el que reconocía haberse equivocado de blanco al asesinar a Julián.

Julián Galarza acababa de salir de su puesto de trabajo en la factoría Kramer de Cizúrquil a las doce y cuarto del mediodía. Como todos los días fue a tomarse un blanco al Bar Pago-Enea en compañía de un amigo. A la salida del bar se encontró con sus tíos, con los que charló un rato, despidiéndose de ellos seguidamente para dirigirse a su domicilio, que se encontraba a unos cien metros del lugar. Cuando se disponía a cruzar la calle fue tiroteado por varios jóvenes, que le provocaron la muerte en el acto.

Los etarras que acabaron con la vida de Julián fueron José Miguel Retolaza Urbina, alias Ereki, e Isidro María Garalde, alias Mamarru.

Julián Galarza Ayastuy, tenía 37 años. Había contraído matrimonio hacía poco más de dos meses en Loyola, concretamente el día 7 de diciembre de 1975.

A la una menos veinte de la madrugada del 10 de febrero de 1992, ETA asesinaba en Murcia al policía nacional ÁNGEL GARCÍA RABADÁN mediante la colocación de un coche bomba que explotó junto a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia.

La explosión se produjo en la calle de Diego Rodríguez de Almena, en el barrio de Vista Alegre. Ángel formaba parte de la patrulla policial que había acudido al lugar tras recibirse en la comisaría una llamada en la que un comunicante anónimo advertía de la existencia de un coche-bomba y de que no se hacían responsables de lo que pudiese ocurrir.

Con él iba su compañero Antonio Peñalver Pérez. En el instante en el que Ángel se acercó a examinar el vehículo, el etarra José Luis Urrusolo Sistiaga accionó el artefacto explosivo por radio-control. La onda expansiva provocó su muerte en el acto.

Murcia no ha sido una región especialmente golpeada por el terrorismo de ETA. En septiembre de 1990 se produjo la explosión de un vehículo cargado con 200 kilos de amonal, que destruyó el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, además de los atentados con pequeños paquetes-bomba que afectaron a varios hoteles de La Manga a principios de los 90, que provocaron una gran psicosis entre los veraneantes e importantes perjuicios para el sector turístico. El atentado contra Ángel García Rabadán es el único que ha tenido lugar en Murcia con resultado de muerte. Sin embargo, 41 murcianos han sido víctimas directas de la violencia etarra: 14 fallecidos y 27 heridos en atentados. Si a ello sumamos las viudas e hijos de los asesinados, el número de afectados en esta Comunidad Autónoma se acerca al centenar.

En 1994 fue condenado por el asesinato de García Rabadán el etarra Fernando Díaz Torres a 30 años de reclusión mayor.

Ángel García Rabadán tenía 47 años y era natural de Rincón de Beniscornia (Murcia). Estaba casado con Francisca Guerrero y tenía tres hijos: Ángel, Francisco Javier y José Antonio. Había sido condecorado en 1989 por su actuación en un incendio en Murcia en el que salvó la vida de dos niños. Su funeral en la catedral de Murcia congregó a más de cinco mil personas. Cuatro días después, el 14 de febrero de 1992, unas cincuenta mil personas se manifestaron en Murcia, con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Autonómica: PSOE, PP e IU.

A las siete y cuarto de la mañana del 10 de febrero de 1997 ETA hizo explotar un Fiat Tipo con cincuenta kilos de amonal en el lateral de la carretera de Armilla (Granada), al paso de una furgoneta camuflada del Ejército del Aire. El vehículo era utilizado por el personal civil y militar que prestaba sus servicios en la base aérea. La explosión provocó la muerte en el acto de DOMINGO PUENTE MARÍN, peluquero de la base, que salió despedido del vehículo.

El furgón, camuflado para disimular su pertenencia al Ejército, realizaba el mismo itinerario desde hacía casi cinco años. Un acelerón del conductor para pasar un semáforo en ámbar evitó una masacre. Sin embargo, la brutalidad de la explosión dejó a otras 17 personas heridas, entre ellas ocho compañeros de Domingo. Dos de ellos quedaron heridos de gravedad: Fernando Orbén Payán, de 43 años (que perdió un ojo), empleado civil de la base, y Miguel Ángel Rabadán, de 40, con traumatismo facial y ocular. Varios bloques de viviendas próximas quedaron muy afectados y tuvieron que ser desalojados ciento veinticinco vecinos. 

El resto de los heridos fueron el cabo primero Juan Pedro Laguna, de 24 años, hospitalizado con heridas en las piernas; su compañero de la misma graduación Jorge Arias Fernández, de 22 años y conductor del furgón, que fue dado de alta, al igual que los cuatro vecinos: José Luis Hidalgo Huerta, de 27 años; Jorge Rodríguez Fernández, de 23, y los hermanos José Antonio y María Galán Vera, de 13 y 17 años, respectivamente. Los dos adolescentes, hijos de un militar que también trabajaba en Armilla, sufrieron cortes al caérseles encima las ventanas de su cuarto como consecuencia de la explosión. Hubo otros nueve heridos de menor gravedad.

La Audiencia Nacional condenó en 2001 al etarra José Luis Martín Barrios a 25 años por el asesinato de Domingo y a 11 años por cada uno de los diecisiete delitos de asesinato en grado de tentativa.

Domingo Puente Marín de 51 años, estaba casado y tenía tres hijos de 21, 18 y 15 años. Era del pueblo granadino de Güéjar Sierra. Sus restos mortales fueron trasladados desde la base de Armilla a su pueblo natal, quedando expuestos en el Ayuntamiento hasta las 16:30 horas. A su entierro, esa misma tarde, acudieron todos los vecinos de la localidad. El 12 de febrero se celebró en Granada una multitudinaria manifestación contra el terrorismo que fue convocada por todos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones.

Siete horas después del atentado de Granada, a las 14:30 horas de ese 10 de febrero de 1997, era asesinado en Madrid el magistrado de lo Social del Tribunal Supremo RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR

El atentado se produjo poco después de que Rafael se hubiera apeado de su coche oficial en la esquina de la calle de Narváez con la de Menorca. Tras decirle a su chófer que iba a recoger unos documentos, caminó unos metros hasta llegar al portal de su domicilio. Un pistolero de ETA se acercó a él cuando llamaba al timbre del portal de su casa y le disparó un tiro en la cabeza. 

El magistrado había ido a su casa para recoger los folios de una conferencia que iba a impartir en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, en donde tenía previsto asistir el mismo lunes 10 por la tarde a un curso sobre Actualización de Jurisprudencia Laboral. La Universidad decidió mantener el acto académico y convertirlo en un homenaje al magistrado asesinado.

Martínez Emperador fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, situado a tan sólo unos doscientos metros de su vivienda. Ingresó cadáver sobre las tres de la tarde como consecuencia de una herida por arma de fuego, con orificio de entrada "a nivel de la región occipital izquierda y orificio de salida por la región frontoparietal derecha", según el parte médico. Al hospital acudieron minutos después el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos; el presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, así como decenas de compañeros de la víctima.

Como declaró el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, el asesinato del magistrado, que no tenía escolta, supone "un brutal intento de amedrentamiento al Poder Judicial para que no cumpla su función".

El secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, declaró tras el asesinato que varios testigos habían reconocido fotográficamente al terrorista Jon Bienzobas Arrexte, alias Karaka, que asesinó al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. Sin embargo, Bienzobas no fue juzgado por el asesinato del magistrado Martínez Emperador.

Sí lo fue el etarra Javier Abaunza Martínez, imputado por este asesinato en 2007. Abaunza Martínez había sido detenido en Francia en mayo de 2002 y condenado por la justicia gala a dos penas, una de doce años de cárcel por amenazas de muerte, robo, tenencia y transporte de armas y asociación de malhechores, y otra de catorce por ser responsable del aparato de adiestramiento de los miembros de ETA. El 12 de septiembre de 2007 fue entregado temporalmente a las autoridades españolas para que fuese juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato de Rafael Martínez Emperador, por organizar una red de pisos en Madrid en los que ETA ocultaba armamento y por reclutar a un implicado en el asesinato de un ertzaina en 1997. En julio de 2009 la Audiencia Nacional lo condenó a 35 años de cárcel como autor del asesinato a tiros del magistrado del Tribunal Supremo pese a no quedar acreditado si fue él o el otro terrorista que lo acompañaba quien disparó. Para la Sala carece de relevancia que "uno sea el que dispare y el otro el que acompañe, vigile o colabore". Lo que sí quedó probado en la sentencia es que fue Abaunza el que, sobre las 14:35 horas, abordó a Martínez Emperador "en el momento en que iba abrir la puerta de acceso al portal" de su casa en la calle de Menorca de Madrid. El arma empleada en este atentado, reivindicado el 3 de abril de 1997 en el diario Egin, fue incautada posteriormente al etarra Aitzol Gogorza, detenido en Francia el 16 de diciembre de 1999. Según fuentes del Ministerio de Interior, Javier Abaunza también participó en el asesinato del teniente coronel Jesús Cuesta Abril.

Rafael Martínez Emperador, de 68 años, estaba casado y tenía tres hijos. Inició en 1954 su carrera como juez, dedicada preferentemente a la jurisdicción laboral. Fue asesinado precisamente el día en que cumplía nueve años en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. En los años setenta tuvo un paréntesis en su actividad judicial. En 1970 fue designado subdelegado general del Instituto Nacional de Previsión, en 1973 director general de Trabajo, en 1975 director general de la Seguridad Social y en 1976 director general de la Jurisdicción del Trabajo. En 1980 fue elegido vocal del primer Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1985. Regresó a la jurisdicción laboral y en 1988 fue designado por el CGPJ magistrado de la Sala de lo Social del Supremo.