Poco después de las 9:30 horas del 7 de marzo de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba al jefe máximo de la Policía Autónoma vasca, CARLOS DÍAZ ARCOCHA, al estallar una bomba colocada bajo su coche. Se acababa de subir al vehículo, después de desayunar en una cafetería próxima a Vitoria (Álava), e iba a dirigirse a la academia que la Ertzaintza tiene en Arcaute, en las afueras de la capital alavesa.
Era parte de su rutina habitual, pues acostumbraba a detenerse todas las mañanas en el bar de la gasolinera de Elorriaga, de cuyos dueños era amigo. La gasolinera estaba a medio camino entre la salida de Vitoria por la carretera de Irún y la sede de la academia del cuerpo que dirigía, situada a unos cuatro kilómetros de la capital. En los escasos diez minutos que estuvo desayunando, miembros de la banda terrorista ETA tuvieron tiempo de colocar una bomba-lapa con un sedal conectado a la rueda para que se activara en cuanto el coche comenzara a moverse.
Según el testimonio de algunas de las primeras personas que acudieron a socorrer a Díaz Arcocha, éste permanecía consciente e incluso hablaba. Los agentes que se encontraban en el interior del mismo bar donde Carlos acababa de desayunar lo sacaron del amasijo de hierros y trasladaron inmediatamente a su oficial al Hospital Provincial de Santiago, próximo al lugar del atentado. Ingresó a las 9:50 horas con politraumatismo torácico y abdominal, destrozos con heridas abiertas en glúteos y ambas piernas, y shock hipovolémico, así como respiración agónica. Durante más de media hora los médicos intentaron sin éxito reanimar al herido con respiración asistida y estimulación cardiaca. El parte de defunción fue firmado a las 10:30 horas.
El atentado causó enorme conmoción en el País Vasco. La víctima reunía la doble condición de teniente coronel del Ejército español y responsable máximo (superintendente) de una institución autonómica vasca, considerada uno de los símbolos más característicos del autogobierno vasco, lo que otorgó al atentado una particular significación política. Además, era el primer atentado mortal contra un miembro de la Ertzaintza. Desde ese día, y hasta el 23 de noviembre de 2001, cuando fueron asesinados los agentes Ana Arostegi y Javier Mijangos, quince miembros de la Ertzaintza han sido asesinados por la banda terrorista.
Los medios de comunicación resaltaron el hecho de que la bomba hubiese podido colocarse a pesar de que en la gasolinera había varios agentes de la policía autónoma vasca a pocos metros de donde Carlos aparcó su vehículo.
La totalidad de las fuerzas políticas vascas, con excepción de Herri Batasuna, condenó el asesinato que unánimemente consideraron como un "salto cualitativo" en la estrategia terrorista.
El delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, dijo en una primera valoración política que, "frente a lo que parece ser un salto en la estrategia terrorista, se impone una nueva fase en la colaboración y estrechamiento de relaciones entre las fuerzas democráticas a fin de hacer frente a esta lacra". José Antonio Ardanza condenó "este grave ataque contra una institución genuinamente vasca como es la Ertzaintza". Por su parte, Luis María Retolaza consejero de Interior del Gobierno vasco, calificó el atentado de "salto cualitativo en la estrategia terrorista, en cuanto que supone un desafío frontal a las instituciones autonómicas". Kepa Aulestia, entonces secretario general de Euskadiko Ezkerra declaraba: "por encima de las siglas que reivindiquen y de las motivaciones que aleguen los autores, este atentado supone un golpe directo contra una institución cuya existencia ha estado siempre en el centro de la reivindicación de autogobierno del pueblo vasco".
En contraste con estas condenas, Herri Batasuna difundió, siete horas después del atentado, el siguiente comunicado: "Ante la muerte del teniente coronel del Ejército español y superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, Herri Batasuna considera que el pueblo vasco, hoy más que nunca, desea una situación de paz y libertad para evitar cualquier tipo de muertes. En este sentido, la coalición Herri Batasuna muestra su preocupación ante la actual situación política y se ratifica en la necesidad del compromiso para buscar una solución inmediata que posibilite la normalización política y democrática en nuestro pueblo".
La capilla ardiente con los restos del teniente coronel se instaló, a las 16:30 horas, en la academia de la Policía Autónoma. El féretro fue cubierto con una ikurriña, y sobre ella quedó la txapela que usaba el jefe asesinado. Y eso pese a que la viuda y la madre de Carlos pidieron que también se pusiese la bandera de España, como recuerda su hija Teresa Díaz Bada en 2007 en el documental Corazones de hielo de Jorge Martínez Reverte. Ella y su hermana Dolores promovieron en 1998 la creación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.
En 2005, cuando se cumplían 20 años del asesinato de su padre, Teresa escribió una carta al lehendakari publicada en El País (08/04/2005):
Como familiar de una víctima del terrorismo, como hija de Carlos Díaz Arcocha, asesinado por la banda terrorista ETA hace exactamente veinte años, quisiera que quien vaya a liderar el nuevo Ejecutivo vasco se responsabilice de que en Euskadi se pongan en marcha los más elementales mecanismos de la justicia. Es decir, por ejemplo, que quienes asesinaron a mi padre vayan a la cárcel, que cumplan íntegramente sus condenas, y que quienes ejercieron de cómplices útiles de los criminales paguen por su colaboración. También le pediría al lehendakari recién salido de las urnas que en vez de negociar, pactar, dialogar y abrazar a los terroristas y a sus cómplices (tal y como ha hecho reiteradamente el presidente vasco saliente) se encargara de liderar el proceso social por el que los muchos vascos que han alentado, encubierto, aprobado y silenciado tantos atentados, incluido el de mi padre, sientan el desprecio de todos aquellos ciudadanos que solamente deseamos vivir en paz y en libertad.
(...) El hombre o la mujer que nos vaya a gobernar ha de saber que, después de más de treinta años de terrorismo, somos muchos los ciudadanos vascos, víctimas o no, que nos hemos ganado el derecho elemental a ver que en nuestras Administraciones no están presentes aquellos que forman parte del entramado de la banda terrorista ETA.
(...) Finalmente, me gustaría que el próximo lehendakari fuera capaz de vertebrar un gran pacto, un gran acuerdo entre todos los vascos simplemente decentes, entre partidos y formaciones demócratas, respetuosos con las leyes y comprometidos con los derechos de los ciudadanos. Un compromiso que sea capaz, definitivamente, de terminar con quienes ejercen la violencia y de arrinconar en las orillas de la historia a quienes, haciendo gala de la ignominia más cruel, no solamente han abandonado y despreciado a las víctimas sino que nada, con sus omisiones o con sus acciones, han hecho para que éstas no se produzcan.
El asesinato de Díaz Arcocha sigue sin estar resuelto judicialmente, pese a que en la Audiencia Nacional hay abiertos varios sumarios que no han permitido esclarecer quiénes fueron los asesinos.
Carlos Díaz Arcocha era de Bilbao, tenía 52 años y cinco hijos, dos de ellos también ertzainas. Se definía como vasco y español, pero no españolista. Procedía de una familia carlista. Teniente coronel de Infantería, estuvo destinado en el Sáhara como capitán de la Legión, entre otros destinos. Tras salir del Sáhara, fue destinado a San Sebastián como miembro del CESID. En 1981 se puso al frente de la naciente Policía Autonómica vasca, decisión no bien comprendida ni por los unos ni por los otros. Los nacionalistas recelaban de su condición de militar español, mientras que sus compañeros de armas no entendían que se pusiese al frente de la Ertzaintza.
A Domingo un proyectil le afectó la médula. Los médicos le salvaron la vida, pero no pudieron evitar que quedase tetrapléjico. Así pasó los ocho últimos años de su vida.
Tras mes y medio en la UVI del Hospital de Basurto, estuvo un año en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Después su esposa, Manoli Barrena, compró una casa cerca de Santoña, en la que se dedicó a cuidarlo hasta su fallecimiento el 7 de marzo de 2003 en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Poco después de morir declaró que Domingo nunca tuvo odio hacia los que lo dejaron tetrapléjico, aunque sí sentía impotencia por no poder valerse por sí mismo. Y que lo que él quería "es sentirse recordado".
Domingo Durán Díez era de Villar de Rey (Badajoz), estaba casado y tenía una hija de nueve años. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1978. En el momento del atentado vivía en el municipio vizcaíno de Basauri. El Ayuntamiento de Villar del Rey le puso su nombre a una calle semanas después de su muerte.
Dos días antes de las elecciones generales de 2008 es asesinado por un pistolero de la banda terrorista en Mondragón (Guipúzcoa) ISAÍAS CARRASCO MIGUEL, exconcejal socialista. Era la primera víctima mortal de las cuatro de ese año.
Isaías trabajaba como cobrador de autopista en el peaje de Vergara. El 7 de marzo de 2008 en torno a las 13:20 horas, cuando acababa de subir al coche para ir a trabajar, un individuo le disparó cinco tiros a bocajarro. El atentado se produjo a la altura del número 6 de la calle Navas de Tolosa, en el barrio de San Andrés. Al oír los disparos, delante del portal de su casa, su mujer María Ángeles y la mayor de sus tres hijas, Sandra, acudieron donde yacía Isaías. Fue trasladado al Hospital del Alto Deba, en Mondragón, y murió una hora después de ingresar.
El etarra, que al parecer llevaba una barba postiza, realizó cinco disparos contra Carrasco: uno en la cabeza, otro en el cuello, dos en el abdomen y un quinto en el brazo.
Militante socialista y afiliado a UGT, Isaías había sido concejal de Mondragón entre junio de 2003 y mayo de 2007, junto a sus compañeros Blanka Roncal, Francisco García Raya, Maltilde Martín, Ismael González y Joseba Ugalde. La no ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en 2007 le dejó fuera del Ayuntamiento, pues en esas elecciones municipales sólo resultaron elegidos cuatro concejales de su formación (Carrasco ocupaba el quinto lugar de la lista) y perdió su acta de concejal. En el momento del asesinato de Isaías gobernaba ANV, con Inocencia Galparsoro como alcaldesa.
Durante su carrera política, Carrasco formó parte de la Comisión Informativa de Desarrollo Estratégico y fue el representante del PSE-EE en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, un órgano asesor que comparten los representantes del consistorio con miembros de otras instituciones como organizaciones ecologistas, sindicatos y la Universidad de Mondragón. También fue miembro de la Junta de Gobierno de la Comunidad del Alto Deba, una institución constituida por los municipios de la comarca, en calidad de sustituto de la titular del PSE-EE, Matilde Martín Delgado.
Isaías Carrasco Miguel, de 43 años y natural de Mondragón (Guipúzcoa), estaba casado con María Ángeles Romero y era padre de tres hijos: dos chicas de 17 (Naiara) y 20 años (Sandra) y un niño de 4 años (Adei). Carrasco era un trabajador del barrio obrero de San Andrés de Mondragón, localidad en la que se establecieron sus padres, un matrimonio de inmigrantes llegados desde Morales de Toro (Zamora). Por ello, mantenía fuertes vínculos con este municipio, de donde eran naturales su padre (ya fallecido) y su madre, así como sus abuelos. En el momento de su asesinato trabajaba en la Biselan, concretamente de cobrador en un peaje de la autopista A1 a su paso por Vergara. Antes había trabajado en una empresa con su padre, y posteriormente en el sector de la construcción. Gran aficionado al fútbol, había sido entrenador de un equipo de futbito y había jugado también en el conjunto de su barrio, el Pedrusco. En el momento de su asesinato, Isaías Carrasco no desempeñaba ningún cargo público y había renunciado a llevar escolta. El 11 de junio de ese año habría cumplido 44 años.