La Guardia Civil trataba de localizar a miembros de la banda terrorista en un piso franco de ETA situado en el número 47 de la calle Señorío de Vizcaya. Los etarras buscados eran, presuntamente, los autores del asesinato del agente Andrés Segovia Peralta, ocurrido ocho días antes.
Hacia las seis de la mañana, cuando la manzana de casas había sido rodeada por los guardias civiles, varios agentes penetraron en el portal número 47 para proceder a un registro. Ascendieron primero al piso superior y, posteriormente, se dirigieron a la planta baja. Los agentes llamaron a la puerta: "Guardia Civil, ¡abran!". En el umbral de la puerta apareció el matrimonio formado por Ignacio Garay Lejarreta, de 53 años, y su esposa Blanca Saralegui Allende, de 42. Los miembros de la Guardia Civil preguntaron si había alguna persona más en el piso y respondieron que "dos chicos". En ese momento, los guardias civiles, que se encontraban frente al matrimonio, oyeron varias detonaciones que procedían de una de las ventanas del piso por la que trataban de huir los dos etarras.
Frente a esa ventana se encontraba el teniente de la Guardia Civil Domingo Sánchez Muñoz, que dio el alto a los dos etarras. Uno de ellos abrió fuego contra él ocasionándole dos heridas mortales en la cabeza y en el pecho. Fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde no se pudo hacer nada por su vida.
A continuación se inició un tiroteo que, según testigos presenciales, duró hasta pasadas las seis y media de la mañana, y en el que ambos terroristas resultaron heridos y el matrimonio Garay muerto. Los dos etarras, pese a estar heridos, consiguieron huir. Uno de ellos fue localizado dos horas más tarde en el monte de Ajangiz. Se produjo un nuevo tiroteo, que terminó con la vida del etarra. Su nombre era Jesús María Marquiegui Ayastui, alias Motriko. El segundo etarra también tuvo otro enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil, pero logró escapar de los perseguidores y ocultarse en Guernica.
En el interior del piso franco se halló abundante documentación sobre los movimientos de la Guardia Civil en la zona y diversas armas. Entre ellos los movimientos del agente Andrés Segovia.
Domingo Sánchez Muñoz, de 48 años, era natural de Sobradillo (Salamanca). Estaba casado con Raquel Salicio y tenía cuatro hijos de 21, 18, 17 y 16 años. Su primer destino en la Guardia Civil fue en Barcelona (1946) donde conoció a su esposa, y donde fue enterrado, pues ahí tenía el domicilio familiar. Fue ascendido en 1974 a oficial y destinado a Bilbao. Desde siete meses antes de su asesinato estaba adscrito al Servicio de Información de la Comandancia de Vizcaya.
A las diez de la mañana del jueves 14 de mayo de 1981, dos guardias civiles resultaron muertos y un tercero herido en Lemona al ser alcanzado de lleno el vehículo en el que viajaban por la explosión de un potente artefacto, compuesto por diez kilos de Goma 2 y abundante metralla, que había sido colocado a un lado de la carretera por la que circulaban. La explosión provocó la muerte en el acto de JOSÉ OLAYA DE LA FLOR, conductor del vehículo. Pocos minutos después fallecía MANUEL SÁNCHEZ BARALLO, que ocupaba el otro asiento delantero. Anselmo Jiménez Allen, que iba sentado detrás, quedó atrapado entre los restos del vehículo, siendo necesario el uso de soplete para rescatarle. Fue trasladado gravemente herido al Hospital de Cruces de Bilbao
El atentado se produjo casi al pie de las instalaciones de la cantera Pekomi, en Lemona, situadas en el barrio de San Ignaro, a un kilómetro aproximadamente de la carretera nacional que une Bilbao con Vitoria. El convoy estaba formado por tres Land Rover, con una dotación de tres guardias civiles cada uno, situados al inicio de la caravana, en el centro y al final. En medio circulaban los dos vehículos protegidos. Tenían que hacer parte de la descarga en la cantera Pekomi y, después, dirigirse a otra para descargar el resto de la mercancía.
Dos de ellos habían acompañado a una camioneta que transportaba detonadores y a una furgoneta cargada con 450 kilos de Goma 2 hasta la entrada de la cantera, donde se descargaron cuatrocientos kilos. El tercer vehículo de la Guardia Civil permanecía a la espera, a unos trescientos metros de distancia, en el cruce de la carretera que conduce a la cantera. Cuando el convoy iniciaba el viaje hacia la segunda cantera, y tras recorrer escasamente cien metros, se produjo la explosión. El explosivo estaba colocado en un talud a la izquierda de la carretera oculto con piedras.
La explosión fue de tal magnitud que reventó prácticamente el vehículo y lo lanzó varios metros por los aires. La metralla había perforado el Land Rover dejándolo como si de un colador se tratara. El ruido provocado por la explosión se escuchó en un radio de diez kilómetros, en tanto que la metralla y piedras del montículo donde se enterró el artefacto fueron lanzadas a casi un millar de metros del lugar del atentado. La onda expansiva destrozó cristales de casas situadas a medio kilómetro.
La obligación de la Guardia Civil de escoltar los transportes de explosivos y de armamento para evitar, entre otras cosas, que ese material cayese en manos de la banda terrorista, fue aprovechada en numerosas ocasiones por ETA para cometer atentados debido a que ese tipo de desplazamientos obligaban a repetir itinerarios y rutinas. Es el caso del atentado de Ispáster, en el que intervinieron entre ocho y once etarras y que provocó la muerte a seis guardias civiles el 1 de febrero de 1980.
La capilla ardiente de los dos guardias civiles se instaló por la tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao y el funeral se celebró a las diez de la mañana del día siguiente, viernes 15 de mayo, en el Gobierno Civil de Vizcaya.
Según el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional en noviembre de 1988, "Borde Gaztelumendi, junto a Enrique Letona, José Luis Barrena y Juan María Otegui, integrados en ETA, decidieron atentar contra la Guardia Civil. Tras recabar información sobre los movimientos de un convoy de la Guardia Civil en una cantera de Lemona (Vizcaya), confeccionaron un artefacto explosivo, que ocultaron entre las piedras de la cantera".
En 1990 fue juzgado y condenado por este atentado el etarra Enrique Letona Viteri a dos penas de 29 años por el asesinato de José y Manuel, y a 19 más por el asesinato frustrado de Anselmo Jiménez Allen. Anselmo ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y, a día de hoy, sufre alteraciones psíquicas como consecuencia del atentado.
José Luis Barrena Pagay, alias Txistu, detenido en 1983, utilizaba una carpintería como tapadera para esconder a etarras y las armas y explosivos para cometer atentados en dos zulos dentro de la misma. Además, proporcionó vehículos e información para cometer diversos atentados, entre ellos el asesinato de José y Manuel. Fue juzgado en 1990 junto a Letona Viteri.
Juan María Otegui Elicegui, alias Txato, murió víctima de un atentado de los GAL en agosto de 1985 en el País Vasco francés, por lo que no pudo ser juzgado. Tras el asesinato, la corporación municipal de Itsasondo (Guipúzcoa), localidad natal del etarra, compuesta por representantes de Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, declaró a Juan María Otegui "hijo predilecto de la villa". Posteriormente, en febrero de 1986, resultaron heridas en el ametrallamiento del Bar Batzoki de Bayona, atentado también cometido por el GAL, la viuda, Karmele Martínez, y la hija del etarra, Nagore.
Veinticuatro años después, en diciembre de 2005, fue condenado a 75 años de cárcel por su participación en el atentado contra el convoy de la Guardia Civil el etarra José Antonio Borde Gaztelumendi. Según recoge la sentencia, Borde Gaztelumendi y Letona Viteri, introdujeron el explosivo en un Ford Fiesta que habían alquilado y al que habían cambiado las placas de matrícula. En la madrugada del 13 de mayo se dirigieron en dicho coche al lugar elegido, colocaron las ollas y los tubos explosivos bajo un montón de grava situado en las proximidades y vigilaron la llegada del convoy que, según las informaciones que habían recibido, pasaba por allí cada 15 días. Como ese día no apareció, decidieron regresar al día siguiente. Según los magistrados, fue Letona quien accionó el explosivo al paso de la caravana. Borde Gaztelumendi fue extraditado por México en noviembre de 2002. Según el Ministerio del Interior, Borde Gaztelumendi se integró en el grupo UPO de ETA en 1978, grupo que actuaba en Vizcaya. Un año después huyó a Francia, aunque en 1981 regresó a España como integrante del grupo Vizcaya, y siguió cometiendo atentados hasta 1983. Posteriormente, huyó de nuevo a Francia donde vivió en la clandestinidad apoyando las actividades de las estructuras directivas de la banda terrorista en territorio francés.
Un año después del asesinato de los dos guardias civiles en Lemona, el 14 de mayo de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al taxista ANTONIO HUEGUN AGUIRRE, vecino de Lasarte. Fue encontrado muerto a las ocho y cinco de la mañana en un pequeño camino contiguo a la autopista Bilbao-Behobia a la altura del kilómetro 62, en las inmediaciones de Éibar. Fue descubierto por dos vecinos de un caserío que, en un primer momento, pensaron que la víctima estaba durmiendo. Se dirigieron a él en términos jocosos, pero al acercarse comprobaron que estaba muerto, por lo que dieron aviso inmediatamente a la Policía Municipal de Éibar. La víctima no llevaba documentación alguna, pero sí cinco mil pesetas, probablemente el producto de su jornada de trabajo.
El cadáver, cubierto con un papel de grandes dimensiones, estaba boca abajo entre unos matorrales y presentaba cinco impactos de bala, cuatro de ellos en el hemitórax derecho y otro en el antebrazo del mismo lado. Fuentes policiales confirmaron que Antonio fue asesinado por la espalda en el mismo lugar en que fue localizado su cuerpo. Además de los orificios producidos por las balas, presentaba una hendidura en la cabeza y en la frente que podría haberse producido al chocar la cabeza contra el suelo, una vez recibidos los impactos. En el lugar de los hechos fueron encontrados tres casquillos marca Geco y uno FN 9 milímetros parabellum. El taxi de Antonio, un Seat blanco 124, fue localizado mal aparcado, a última hora de la mañana del 14 de mayo, en la calle Carmen a la entrada de Éibar.
María Concepción Huegun, hija mayor de Antonio, habló por última vez con su padre la noche anterior a su fallecimiento, en la parada de taxi. Poco después, el taxista telefoneó a su familia para decirles que se iba a Éibar donde debía realizar un servicio del que, probablemente, no regresaría hasta pasadas las 3:30 horas de la madrugada. A la viuda no le extrañó que no regresase a casa, pues no tenía horarios fijos y era normal que realizase continuos viajes por motivos laborales.
Sobre las 12:00 horas del mismo día 14 de mayo, los taxistas guipuzcoanos acordaron en asamblea celebrada en Anoeta (San Sebastián) iniciar una huelga en protesta por el asesinato de su compañero hasta el 16 de mayo a las siete de la mañana. La noticia de su muerte causó extrañeza entre sus compañeros y sus vecinos de Lasarte, que no le atribuían ninguna ideología definida, no pertenecía a ningún partido político ni había recibido amenazas de muerte.
El funeral por Antonio se celebró al día siguiente, 15 de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de Aránzazu de Lasarte.
Antonio Huegun Aguirre era natural de un caserío del municipio rural de Aya (Guipúzcoa), aunque vivía en Lasarte desde dieciocho años antes de su asesinato. Tenía 43 años, estaba casado y tenía dos hijos: una chica de 22 años, empleada en una farmacia de Lasarte, y un chico de 16.
El cabo Flores murió ahogado en el interior de la embarcación atrapado en su camarote, y no por el efecto de la onda expansiva. Así lo confirmaron los buzos de la comandancia de Marina que lo rescataron: "No tenía señales de haber sido alcanzado por la onda expansiva; el chaval, pobrecito, murió ahogado, agarrado a una colchoneta", indicó uno de los submarinistas que intervino en la operación de rescate del cuerpo del joven.
Su compañero, Antonio Martínez Abella, consiguió salvarse. Logró alcanzar la cubierta y salvó su vida arrojándose al agua en el momento en que la lancha se hundía arrastrada de popa. La explosión sorprendió descansando en sus camarotes a los dos marineros que estaban encargados de la custodia del barco que hacía labores de vigilancia de la dársena y de la ría del Bidasoa.
La potente bomba, colocada por submarinistas de ETA en uno de los ejes de la hélice, seccionó la popa del barco y catapultó trozos de la cubierta a centenares de metros de distancia. La lancha, una embarcación de fibra de vidrio de seis metros de eslora y poco calado, se rompió en dos "como si fuera de papel", y se hundió casi inmediatamente, dejando asomado el vértice de proa.
La lancha hundida formaba parte de una flota de 20 unidades destinadas al servicio de vigilancia de la ría, y su dotación estaba compuesta por un suboficial, un contramaestre, un maquinista y un timonel. A principios de los años ochenta se construyeron en unos astilleros de Vigo treinta unidades de este tipo, dedicadas en su totalidad a las patrullas de vigilancia interior de puertos, a las órdenes de los comandantes de Marina.
Los terroristas que programaron y colocaron el artefacto pudieron llegar hasta la lancha buceando desde la orilla francesa o desde la costa de Fuenterrabía. "Un nadador aficionado que utilice aletas tarda menos de cinco minutos en llegar hasta aquí desde el lado francés", comentó un oficial de la Marina.
En señal de duelo por el atentado, los pescadores de Fuenterrabía decidieron no salir a faenar hasta finalizado el funeral, celebrado en la Iglesia de la Cofradía de Pescadores, a las cuatro de la tarde, con la presencia del ministro de Defensa, Narcís Serra, del jefe del Estado Mayor de la Armada, del capitán general de la Región Marítima del Cantábrico, almirante Joaquín Contreras, y del consejero de Interior del Gobierno vasco, Jesús María Retolaza.
El sacerdote de Fuenterrabía que ofició el funeral hizo en su homilía una durísima condena a las organizaciones terroristas. "Con este nuevo asesinato se escribe una de las páginas más negras y desgraciadas de nuestro pueblo". Y añadió, tras calificar a los terroristas de "verdaderos y auténticos caínes del pueblo": "Os hablo a vosotros, asesinos, a los que os otorgáis el título de salvadores del pueblo euskaldun: basta ya de matar".
Tras la ceremonia religiosa, el ministro de Defensa condecoró a Juan Flores con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Narcís Serra manifestó que, como ministro, ratificaba las palabras del sacerdote, y dijo que el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, el comandante de Bermeo Martín Barrios y Juan Flores suponen para él los nombres de un compromiso: "Creo que debemos acabar de una vez por todas, y serenamente, con la violencia en nuestra querida España".
Trasladado a hombros de sus compañeros de la Comandancia, después de haber recibido los honores militares, el cuerpo de Juan Flores fue introducido en el furgón que lo trasladó al aeropuerto de Fuenterrabía, con destino a Barcelona.
El féretro con los restos de Juan Flores llegó a Barcelona a las 19:45 horas del 14 de mayo y la capilla ardiente se instaló en la comandancia de Marina. Momentos después se iniciaron unos actos de honor militar, dedicados a la víctima, a los que asistieron exclusivamente autoridades y familiares del fallecido. Fuera del edificio se encontraban unas doscientas personas, en su mayor parte amigos de la familia y vecinos de la Zona Franca de Barcelona donde residía Juan Flores. Al día siguiente por la mañana se celebró una misa por el alma de Juan Flores Villar en Montjuic a la que asistieron casi un centenar de personas, y que fue presidida por la cúpula militar de Cataluña, altos mandos policiales y las primeras representaciones de los organismos políticos. Entre el público que se había congregado frente al edificio del Sector Naval estaban los amigos de Juan Flores. Todos recordaban su temor por no saber qué hacer cuando terminase la mili" y sus continuos montajes "para poder tomarse un permiso y venir a Barcelona". Dos amigos recordaron que Juan tenía un presentimiento que no cesaba de repetir en sus permisos: "Tengo miedo de que me pase algo, estoy intranquilo".
El mismo día del atentado, el grupo Gatazka (Lucha) reivindicaba el hundimiento de la lancha a través de una llamada a Radio Popular de San Sebastián. El comunicante indicó que el artefacto había sido colocado colgando de la hélice, tal y como han ratificado expertos en explosivos que analizaron los restos del barco. Según oficiales de la marina, la bomba fue colocada, en cualquier caso, por expertos, y su carga explosiva era mucho más potente que la Goma 2. El portavoz de Gatazka, facción de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, indicó que este grupo se opone al servicio militar y señaló que el atentado es la respuesta al cerco policial que ejercen tanto España como Francia. Gatazka fue el título de una publicación teórica de contenido marxista-libertario creada en Bélgica por proetarras a raíz del proceso de Burgos. La actividad de este grupo se limitó a lo puramente teórico, si bien posteriormente todos los elementos que colaboraban en la revista ingresaron en ETA en la década de los setenta.
Juan Flores Villar tenía 20 años. Era cabo mecánico y natural de Barcelona. Trabajaba en la hostelería, aunque por las noches estudiaba banca. Llevaba cumplido la mitad del servicio militar. Hizo la instrucción en Cartagena; posteriormente se le destinó a El Ferrol y, de ahí, a Fuenterrabía. Era el mayor de los hermanos de una familia formada por un matrimonio natural de Córdoba y seis hijos. Sus padres residían en Barcelona. A las siete de la mañana del lunes el timbre sobresaltó a la madre de la víctima, Carmen Villar Pavón. Presintió que algo le había pasado a su hijo en cuanto vio a los dos marineros que estaban en la puerta para comunicarle que su hijo Juan "había tenido un accidente en Fuenterrabía y estaba grave". Uno de sus cinco hijos acompañó a los dos enviados del Sector Naval a la Seat, donde trabaja Francisco Flores López, el padre del fallecido. Francisco Flores, un cordobés de Aguilar de la Frontera que había emigrado a Cataluña hacía 22 años, temió lo peor, como su mujer, en cuanto vio los uniformes, iguales que los que llevaba su hijo. "¿Le han matado?", les preguntó a los marineros cuando ya, a bordo de un Land Rover, le acompañaban al edificio de la Comandancia de Marina. Allí se lo dijeron.
La segunda víctima mortal del año 2008, tras el asesinato el 7 de marzo del exconcejal socialista Isaías Carrasco Miguel, fue el guardia civil JUAN MANUEL PIÑUEL VILLALÓN, asesinado por ETA en Villarreal de Álava (Legutiano) el 14 de mayo de 2008. Juan Manuel ocupaba el puesto de vigilancia de la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa. En torno a las tres de la madrugada vio cómo unos individuos abandonaban una furgoneta a unos diez metros del cuartel, pegada al perímetro de seguridad. No le dio tiempo a nada, porque los terroristas habían programado la bomba para que estallase casi inmediatamente y sin dar tiempo a desalojar. Mientras avisaba, la furgoneta, cargada con cien kilos de explosivo, saltó por los aires. ETA buscaba una matanza, como otras cometidas anteriormente contra casas cuarteles. El terrorista que aparcó la furgoneta, que cubría su rostro con un pasamontañas, activó el temporizador y salió corriendo hacia otro coche en el que emprendió la huida.
En su huida, los etarras llegaron hasta el Alto de Urkiola en un turismo que abandonaron y que contenía una bomba que tendría que haber explotado a las seis de la mañana. La explosión no llegó a producirse, pues el vehículo fue encontrado antes por las fuerzas de seguridad. Este coche fue de gran ayuda en la investigación posterior del atentado.
Juan Manuel murió en el acto y otras 27 personas resultaron heridas. Al cabo de varias horas de trabajo, se pudo rescatar con vida al último de ellos, José Javier Cabrizo, enterrado bajo una montaña de escombros. En la casa cuartel dormían en ese momento unas treinta personas, entre ellas cinco niños. La potente explosión destrozó una de las plantas del edificio y causó daños considerables a las casas colindantes.
El 28 de diciembre de 2010 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 515 años a los etarras Aitor Cotano y Arkaitz Goikoetxea por preparar y ejecutar el atentado contra la casa cuartel de Legutiano. En la sentencia también se condena a Íñigo Gutiérrez Carrillo a ocho años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.
Juan Manuel Piñuel Villalón era natural de Melilla, aunque vivía en Málaga. Tenía 41 años y llevaba destinado en el País Vasco poco más de un mes. Casado con María Victoria Campos y con un hijo de seis años, quería acumular en Álava el tiempo necesario, unos tres años, para poder ser trasladado con carácter preferente a la Comandancia de Málaga y poder reunirse con su familia. Juan Manuel ingresó en la Guardia Civil en 1997, con 29 años, tras lograr la quinta mejor puntuación entre un millar de candidatos. Al día siguiente de su asesinato, María Victoria hizo una declaración ante los medios de comunicación en un hotel de Málaga. Tras agradecer el apoyo recibido por autoridades, Guardia Civil, compañeros de su marido, víctimas de ETA y pueblo vasco, señaló que repudiaba desde lo más hondo de su corazón
a esos cobardes miserables que no tienen dignidad ni principios, que destruyen sin escrúpulos la vida y las ilusiones de las personas, que no saben respetar un estado de derecho, que quieren acabar con la democracia y ensucian con sus viles actos la dignidad de su pueblo.
Y añadió:
Pero que sepan que no quedará así, que luchamos y lucharemos por que esta lacra de asesinos y miserables acabe y que con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. No sois nadie. Sólo basura. Un punto negro en la limpieza de un gran país. Y quiero decir que esta medalla que ya no puede llevarla mi marido la llevo yo en su nombre con todo mi orgullo. Viva España y viva la Guardia Civil.