A las seis y media de la tarde del domingo 22 de octubre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA ametrallaron a cuatro guardias civiles que volvían andando al cuartel de Las Arenas de Guecho (Vizcaya) después de hacer un servicio de vigilancia, matando en el acto al sargento LUCIANO MATA CORRAL y al guardia LUIS CARLOS GANCEDO RON, e hiriendo gravemente a Andrés Silverio Martín, que fallecería cuatro días después, el 26 de octubre. También resultó herido el cuarto guardia civil, Carlos Troncoso Currito, que consiguió sobrevivir al atentado. El agente Troncoso tenía 26 años, estaba casado y era natural de Isla Cristina (Huelva).

Los guardias civiles habían ido, como todas las tardes que había partido oficial de fútbol en el campo de Gobelas, a realizar el habitual servicio de seguridad. Una vez que terminó el partido, el sargento y los tres guardias regresaron andando al cuartel por la calle Máximo Aguirre. Caminaban divididos en parejas, una por cada acera de la calle. La calle, en la zona residencial del barrio de Santa Ana, tenía árboles y la iluminación era escasa. No habían recorrido ni cincuenta metros cuando cuatro terroristas, que les estaban esperando parapetados detrás de una tapia de medio metro que separa el edificio de Telefónica de la calle Máximo Aguirre, en la acera de la derecha, abrieron fuego con metralletas y escopetas de caza cargadas con postas. Los dos guardias civiles que caminaban por esa acera derecha, Luciano Mata y Luis Carlos Gancedo, fueron alcanzados de lleno por los disparos. El sargento Mata murió en el acto y el agente Gancedo fallecería poco después, mientras era trasladado al Hospital Civil de Basurto. Simultáneamente, y casi sin tener tiempo de reaccionar, fueron ametrallados los otros dos guardias civiles, Andrés Silverio y Carlos Troncoso.

Nada más cometer el atentado, los etarras, miembros de dos grupos de ETA que se habían unido para la ocasión, salieron corriendo hacia dos vehículos, un Seat 124 y un Seat 850, donde les esperaban otros dos terroristas. Los vehículos habían sido previamente robados y abandonados posteriormente a pocos kilómetros del lugar de los hechos.

El cuerpo del sargento Luciano Mata permaneció tendido sobre un jardín durante casi una hora hasta que el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al depósito judicial del Hospital de Basurto.

Los cuatro guardias civiles estaban adscritos al cuartel de la Guardia Civil de Las Arenas, situado a poco más de quinientos metros del lugar del ametrallamiento. La capilla ardiente se instaló hacia las diez y media de la noche del mismo domingo en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de La Salve en Bilbao y los funerales por sus almas se celebraron al día siguiente, 23 de octubre, a las diez de la mañana en la más estricta intimidad, asistiendo sólo las primeras autoridades y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Al término del acto religioso, los féretros de los dos guardias civiles fueron introducidos en sendos coches fúnebres que los condujeron por carretera a sus lugares de origen para ser enterrados.

Unos trescientos militantes del Partido Comunista de Euskadi se manifestaron en el barrio de Romo, donde estaba el campo de fútbol de Gobelas, para mostrar su rechazo al atentado y al clima de violencia que se estaba viviendo en el País Vasco.

Los tres guardias civiles fueron homenajeados en julio de 2010 en Guecho, en un acto en el que se quiso recordar a todas las víctimas de ETA asesinadas en la localidad o que fuesen vecinas de la misma. En el acto, el alcalde de Guecho, Imanol Landa (PNV) señaló que el homenaje pretende "recobrar y traer al presente la realidad de la memoria de quienes en nuestro pueblo fueron objeto de la sinrazón, de la barbarie y de la deshumanización más absoluta que supone la violencia terrorista en su expresión máxima, el asesinato". Además lanzó un mensaje de autocrítica por la respuesta social, institucional y política "que, salvo en honrosas excepciones no estuvo a la altura de las dramáticas y terribles circunstancias" que vivieron las víctimas de ETA.

Este atentado, como muchos cometidos por la banda terrorista, quedó impune. A día de hoy no se sabe quiénes fueron los autores del ametrallamiento de los cuatro guardias civiles.

Luis Carlos Gancedo Ron, de 28 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Buyando, en el concejo de Tineo (Oviedo).

Luciano Mata Corral, sargento de la Guardia Civil de 55 años, era natural de Puebla de Valdivia (Palencia). Estaba casado y tenía dos hijos. Le faltaban cuatro días para jubilarse, pues el día 26 de octubre cumplía 56 años, edad reglamentada para el retiro de los sargentos.

Cuatro años después, el 22 de octubre de 1982, y también en Guecho (Vizcaya), la banda terrorista ETA asesinaba a DOMINGO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ, propietario del Bar Nicolás en la localidad vizcaína. Domingo estaba en el bar de su propiedad, en la calle Andrés Cortina, donde en esos momentos se encontraban apenas media docena de clientes. Poco antes de las 19:00 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA entraron en el local a cara descubierta y con las pistolas en la mano. Tras ordenar a los clientes que se estuviesen quietos, se dirigieron a Domingo, que se encontraba detrás de la barra del bar, y uno de ellos efectuó dos disparos directamente a la cabeza de la víctima y luego la remató en el suelo a bocajarro. "Uno de los autores del atentado", según contó un cliente del bar, "gritó entonces: 'Quietos todos'. Añadió 'gora ETA militarra' y seguidamente ambos se dieron a la fuga" (El País, 23/10/1982). En el lugar de los hechos se recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

En marzo de 2010 se detuvo en Francia a José Lorenzo Ayestaran Legorburu, alias Fanecas, un etarra de la vieja ETA, la que se benefició de la amnistía de 1977, con veinte atentados y diez asesinatos a sus espaldas, entre ellos el de Domingo García González. El veterano asesino se reincorporó casi inmediatamente después de beneficiarse de la amnistía a la banda terrorista, manteniéndose activo durante los años ochenta. Posteriormente fue deportado a Venezuela, y Hugo Chávez estuvo a punto de concederle la nacionalidad venezolana, pese a que España había pedido su extradición en 1996. La Audiencia Nacional tiene dictadas varias órdenes de búsqueda y captura contra él en, al menos, diez sumarios. Ayestaran fue arrestado junto al número uno y jefe militar de ETA, Ibon Gogeaskoetxea y Beinat Aguinagalde en la localidad francesa de Cahan.

Domingo Javier García González era natural del barrio de Deusto, en Bilbao, aunque vivía en Guecho. Tenía 30 años, estaba casado y era padre de tres niños de corta edad: un niño de apenas año y medio y dos niñas, la mayor de 5 años. Según su esposa, Domingo no había sido amenazado en ninguna ocasión y no militaba en ningún partido político.

El 22 de octubre de 2000, seis días después del asesinato en Sevilla del doctor Antonio Muñoz Cariñanos, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria, mediante una bomba-lapa colocada bajo su vehículo, al jefe de Servicios de la prisión de Nanclares de Oca (Álava), MÁXIMO CASADO CARRERA. A las 7:45 horas Máximo salió de su domicilio para dirigirse a su puesto de trabajo en la cárcel alavesa, en el que hacía el turno de mañana. Para ello fue al aparcamiento donde tenía estacionado el vehículo, un aparcamiento colectivo con acceso limitado a los vecinos a través de una puerta de seguridad que requería de una llave específica para cada una de las comunidades de vecinos que lo utilizaban. Nada más poner en marcha el vehículo, hizo explosión una bomba colocada bajo el mismo, junto a la rueda delantera izquierda, que le causó la muerte en el acto. Compuesta por entre 1,5 y 2 kilos de explosivo, el mecanismo de activación era muy sensible, ya que el coche apenas se movió unos metros de donde estaba aparcado.

El estruendo provocó la alarma entre los vecinos de esta manzana situada en el último tramo de la calle del Beato Tomás de Zumárraga, frente al edificio del seminario de Vitoria y a escasos metros de la ronda de circunvalación, una vía rápida de salida hacia cualquier destino desde la capital alavesa. Los primeros vecinos que accedieron hasta las inmediaciones del garaje observaron una gran columna de humo. Entre ellos estaba la esposa de Máximo, Concepción Jaular, que bajó a interesarse por lo sucedido sin sospechar que su marido había sido asesinado.

Máximo Casado había sido amedrentado y amenazado en varias ocasiones por su condición de funcionario de prisiones y había mantenido discusiones con vecinos proetarras. Durante el secuestro del también funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, había recibido amenazas por carta de ETA, como otros funcionarios de otras cárceles de España, además de que aparecieron pintadas amenazantes en su barrio y de que le quemaron su buzón en una ocasión. Según comentaron fuentes policiales en el bloque e viviendas donde vivían Máximo y su familia también residían jóvenes terroristas callejeros vinculados a Jarrai, la organización juvenil proetarra, y había discutido con un vecino a cuyos hijos, próximos a Herri Batasuna, los acusó de dañarle el buzón. Todo ello le llevó a plantearse seriamente la posibilidad de irse del País Vasco, donde llevaba más de diecisiete años, y trasladarse a alguna ciudad cercana, un comportamiento habitual en los funcionarios de prisiones que trabajaban en el País Vasco pero fijaban su residencia en localidades próximas, como Miranda de Ebro, Burgos o Logroño. Cuatro días después del asesinato, su viuda, Concepción Jaular, remitía una carta abierta, publicada en varios diarios, donde anunciaba su decisión firme de abandonar inmediatamente el País Vasco con sus hijos.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reconoció que el asesinato del funcionario podría estar vinculado a un salto cualitativo en las acciones de un grupo de terroristas callejeros que anteriormente había atentado contra dos jóvenes afiliados a las Juventudes del Partido Popular y contra un guardia civil. El primero de estos atentados se produjo en el mes de mayo de 2000, cuando un artefacto compuesto por dos bombonas de gas destrozó el acceso a la vivienda donde residían, junto a sus padres, dos hermanos afiliados a Nuevas Generaciones del País Vasco. La bomba destrozó la entrada del piso, situado en el número 90 de la calle del Beato Tomás de Zumárraga, cinco portales más allá de donde residía el funcionario asesinado por ETA. Además, en agosto otro sabotaje provocó el caos en este bloque de viviendas. Un artefacto de gran potencia situado junto a la puerta del domicilio de un guardia civil destrozó el descansillo de esta casa. La explosión se produjo sobre las 10:40 horas, cuando en la casa se encontraba el hijo del agente, ya que éste se había incorporado a su turno de trabajo en el cuartel de Sansomendi, situado a unos doscientos metros de esta vivienda.

Por otra parte, las amenazas de la banda a los funcionarios de prisiones continuaron tras el asesinato de Máximo Casado. Unos días después, ETA envió un fax a la cárcel de Córdoba en cuyo texto se leía: "Carceleros, tendréis guerra y muerte por todos aquellos compañeros y compañeras patriotas que habéis maltratado física y psicológicamente... Vuestros días están contados" (Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, Espasa, 2010, pág. 1.083).

La información sobre dónde vivía Máximo Casado, la matrícula de su vehículo, la ubicación de su plaza de garaje e, incluso, la llave de acceso al aparcamiento, se la habían suministrado a ETA los chivatos de la banda Juan Carlos Subijana Izquierdo y Zigor Bravo Saez de Urabain, colaboradores necesarios en el asesinato.

Subijana Izquierdo, alias Txampi o Kepa, pasó a la clandestinidad en 2003 tras cumplir condena en España por colaboración con organización terrorista, y fue detenido en Francia en 2004. Acusado de formar parte del grupo Ustargi de ETA, se le atribuye su participación en varios atentados con bomba cometidos en Vitoria en el año 2000. Trasladado a España en febrero de 2009, en marzo de 2010 la Audiencia Nacional lo condenó junto a Zigor Bravo a un total de 56 años de prisión por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado. La condena resulta de sumar sendas penas de 25 años por un delito de asesinato terrorista y otros 3 años por daños. Según argumentó la Fiscalía, Zigor Bravo era vecino de Máximo Casado y fue él el que suministro la información de los horarios del funcionario de prisiones, además de la llave de su garaje para que los terroristas pudieran colocar la bomba-lapa en los bajos de su vehículo. Una de las principales pruebas esgrimidas por el tribunal es la declaración que Subijana efectuó ante la Guardia Civil en la que admitió que Bravo le proporcionó información sobre Casado que luego él trasladó a otros miembros de ETA todavía no juzgados. Posteriormente, el etarra alegó que dichas declaraciones fueron realizadas bajo tortura, táctica habitual en los miembros de la banda.

Por su parte, Zigor Bravo fue detenido, inicialmente, en noviembre de 2001, cuando sólo había sobre él sospechas de su colaboración en el asesinato de Máximo. En octubre de 2003, el entonces juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, procesó a Bravo junto a otros 15 presuntos miembros de los llamados "comandos de información" de ETA, básicamente chivatos de la peor calaña, por facilitar datos a la banda terrorista para la comisión de atentados, entre ellos los que les proporcionó un preso etarra sobre funcionarios de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava). Según el auto de procesamiento, Juan Carlos Subijana integraba desde 1997 uno de esos grupos de chivatos junto a José Ramón Acedo y Zigor Bravo, facilitando "en numerosas ocasiones" datos a la banda terrorista para la ejecución de atentados. Subijana recibía de Enrique Celestino Uriarte, interno en la prisión de Nanclares de Oca, información sobre los funcionarios de este centro para atentar contra ellos y pedía a miembros de los grupos de chivatos que la comprobaran o recabaran más datos. En agosto de 2006 Zigor Bravo fue detenido por segunda vez en Vitoria tras la aparición de nuevas pruebas que reforzaron las sospechas de su colaboración directa en el asesinato de Máximo Casado. Fue precisamente Subijana quien, tras su detención en junio de 2004 en Francia por formar parte de los "taldes de reserva", implicó directamente en los hechos a Bravo. 

Máximo Casado Carrera, de 44 años estaba casado con Concepción Jaular. Era padre de una niña de 10 años y ejercía como tal de un chaval de 18, fruto de un matrimonio anterior de Concepción. Natural de Santa Elena de Jamuz (León), donde fue enterrado, desde 1983 trabajaba en la prisión de Nanclares de Oca, en la que empezó como maestro, hasta que aprobó unas oposiciones en 1984, convirtiéndose en funcionario de carrera. En 1990 logró la plaza de jefe de Servicios, cuarto cargo en el organigrama del centro penitenciario. Estaba afiliado al sindicato Comisiones Obreras (CCOO), llegando a ser delegado del mismo en la prisión. Aunque leonés de nacimiento, llevaba casi dos décadas viviendo en Vitoria y estaba perfectamente integrado en el País Vasco. Cuando fue asesinado estudiaba quinto curso de euskera. La calle donde nació en Santa Elena de Jamuz y unos jardines cercanos a su domicilio en Vitoria llevan el nombre de Máximo Casado. En este último lugar se colocó posteriormente un monolito en su memoria. En febrero de 2011 se inauguró en Valladolid el Centro de Inserción Social Máximo Casado, en memoria del funcionario asesinado, con la asistencia de su viuda y sus hijos.