A la una y media del mediodía del 11 de agosto de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en el pueblo granadino de Montillana mediante una carta-bomba, a CONRADA MUÑOZ HERRERA, madre del funcionario de prisiones Dionisio Bolívar Muñoz, destinado en ese momento en el centro penitenciario del Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria.

El etarra José María Arregui Erostarbe, considerado por entonces el jefe del aparato logístico de la banda asesina ETA, había preparado dos artefactos explosivos que simulaban ser sendos libros. Francisco Múgica Garmendia entregó los artefactos a Henri Parot y Jacques Esnal, que fueron los encargados de remitirlos a dos funcionarios de prisiones: Dionisio Bolívar y Juan Antonio Piñero, funcionario de la prisión de Murcia. El 10 de agosto, Juan Antonio Piñero recibió un paquete que le resultó sospechoso, por lo que lo llevó al centro penitenciario de Murcia para pasarlo por el detector de objetos extraños. Allí mismo la Policía procedió a desactivarlo con éxito.

El 11 de agosto, Conrada Muñoz recibió un paquete en su casa del pueblo, a unos cincuenta kilómetros de Granada, donde estaba pasando las vacaciones de verano. En principio, el sobre lo habían remitido a su domicilio habitual de Granada, y de allí alguien lo reenvió a Montillana. El destinatario era su hijo Dionisio, que ya no vivía en Granada pero que, un año antes, había registrado esa dirección postal como propia cuando estaba destinado en la prisión de Murcia. A pesar de que otro de sus hijos, José María, mostró reservas al ver el paquete, que venía remitido "De tu mejor amigo de Murcia", Conrada decidió abrirlo. Nada más quitar el envoltorio, el artefacto, compuesto por 600 gramos de explosivo plástico, estalló causándole heridas muy graves. Trasladada urgentemente al Hospital de Granada, ingresó cadáver. La explosión hirió también de carácter leve a José María y a una sobrina, Laura Deus Vaqueiro, de nacionalidad portuguesa, que pasaba unos días de vacaciones en Montillana.

El destinatario de la carta-bomba, Dionisio Bolívar, no mantenía ningún contacto con los cinco etarras que, en el momento de atentado, estaban recluidos en la prisión del Salto del Negro en Las Palmas, pues llevaba sólo un año de servicio en la galería de delincuentes juveniles de la mencionada prisión, donde había sido trasladado desde la de Murcia.

Los ministros del Interior y de Justicia, José Luis Corcuera y Enrique Múgica, respectivamente, interrumpieron sus vacaciones nada más enterarse del atentado y regresaron urgentemente a Madrid.

Enrique Múgica manifestó el 12 de agosto, durante la celebración del funeral por Conrada Muñoz, que el Gobierno mantendría su política de "dispersar a los presos de ETA por las cárceles españolas", y negó que existiera relación entre dicha política y el atentado, así como que hubiera vías de diálogo con la organización terrorista. "No hay negociaciones. A ETA hay que vencerla y ellos se están dando cuenta ya de que han perdido la guerra", señaló.

Al funeral celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Granada, asistieron también el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido. En la iglesia, abarrotada de público, se produjeron escenas de tensión motivadas porque algunos de los asistentes increparon a los redactores gráficos y a las autoridades.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones, por su parte, condenaron el atentado y acusaron al Gobierno de no preocuparse por su vida y la de sus familiares. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) acusó al Gobierno de "mentir descaradamente a un colectivo que es, en este momento, su cebo político". CSIF reclamó al Ministerio de Justicia "la protección que se comprometió a adoptar después del atentado de Meco", y exigió que el fiscal general del Estado actuase cuando se hacen públicas amenazas de muerte, "corroboradas luego por hechos". La Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP) resaltó la facilidad con la que los terroristas acceden a las direcciones de los funcionarios, y denunció una vez más la indefensión en la que se encontraban.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó por este atentado a 98 años de prisión mayor a Henri Parot. En 2002 fueron condenados a sendas penas de 83 años Múgica Garmendia y Arregui Erostarbe. Por su parte, el etarra Jacques Esnal cumple condena a perpetuidad desde 1997 en Francia por la comisión de veintiún atentados en España entre 1978 y 1989.

Conrada Muñoz Herrera, de 53 años, fue la primera persona asesinada por ETA en la provincia de Granada. En abril de 1995, con ocasión del asesinato de Mariano de Juan Santamaría, El Mundo recogió el testimonio de algunas víctimas del terrorismo. Dionisio Bolívar Baeza, viudo de Conrada, decía esto: "Si la Iglesia católica vasca representada por el obispo Setién y sus ‘discípulos’ condenara sin paliativos a los terroristas, podría contribuir mejor a la erradicación de esta banda de asesinos. Yo creo que se está haciendo poco en la lucha contra el terrorismo. La solución pasa por el cumplimiento íntegro de las condenas que la Justicia imponga, la indemnización a las víctimas por los daños ocasionados y que, de una vez por todas, el Gobierno y la Iglesia vasca se dejen de medias tintas y se decidan a terminar con esta lacra".