Juan José salió del portal del domicilio de sus suegros, donde se había instalado con su mujer, y se dirigió al lugar donde tenía aparcado su vehículo, un Ford Fiesta matrícula de Jaén. Nada más sentarse en el asiento del conductor dos terroristas, que le estaban esperando, sacaron sendas armas de fuego y le dispararon a corta distancia. A continuación los terroristas volvieron a ocultar sus armas y huyeron a pie del lugar en dirección a un cruce de caminos situado a escasos metros de la autopista Bilbao-Behobia, donde muy probablemente les esperaba un vehículo con el que se dieron a la fuga. En el lugar de los hechos se recogieron varios casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
Los disparos alcanzaron a Juan en el estómago, en el tórax y en la cabeza. El primero que se percató del atentado terrorista fue un policía municipal que se encontraba de servicio en la zona y que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El barrio de San Salvador, próximo al lugar del crimen, celebraba sus fiestas aquellos días, y algunos vecinos confundieron los disparos con cohetes de las fiestas, incluida su esposa, que sólo se dio cuenta de lo que había pasado cuando se escucharon algunos gritos y se formó un corrillo de gente alrededor del automóvil. Concepción bajó de la vivienda y se encontró a su marido moribundo. Ella misma comenzó a sacarle del coche mientras gritaba: "¿Qué le han hecho a mi marido?". Juan Tauste fue trasladado inmediatamente al Hospital Militar de San Sebastián, donde llegó cadáver.
El atentado fue reivindicado por ETA militar en un comunicado enviado a diversos medios de comunicación de Bilbao, donde también asumía la colocación de un artefacto explosivo en el domicilio del cónsul francés en la capital vizcaína. En ese comunicado la banda asesina expresaba su intención de seguir adelante con su campaña para que las Fuerzas de Orden Público abandonasen el País Vasco y contra los intereses franceses en la comunidad autónoma.
Juan José Tauste Sánchez, de 26 años, se había casado el 17 de junio con María Concepción García Bouzas, de 18 años, en el santuario de Arrate en Éibar. El joven matrimonio se instaló en casa de los padres de Concepción en esa localidad, donde Juan José estaba destinado. El agente era natural de Villacarrillo (Jaén), donde con motivo del veinticinco aniversario de su asesinato se le rindió un homenaje y se le dio su nombre a una calle.
José Expósito fue alcanzado por un único disparo en la nuca cuando, desarmado y vestido de paisano, caminaba en solitario por la céntrica plaza de la Magdalena de Elgóibar. La bala, calibre 9 milímetros parabellum, le atravesó el cerebro, provocándole la muerte instantánea. Los clientes de un bar situado a escasos metros del lugar del atentado oyeron el disparo y al salir se encontraron a la víctima caída de bruces en la acera en mitad de un gran charco de sangre. El cuerpo del guardia civil asesinado permaneció en el lugar del atentado cubierto con una manta y protegido del sol por una furgoneta hasta que finalmente, a las cuatro de la tarde el juez al que correspondía el levantamiento del cadáver autorizó su traslado al depósito del cementerio de la localidad. A continuación, el cuerpo de José Expósito fue conducido a su domicilio, donde quedó constituida la capilla ardiente ante la presencia de un comandante y varios oficiales de la Guardia Civil y compañeros de la víctima.
El funeral por su memoria se celebró al día siguiente, 5 de agosto, en la parroquia de San Bartolomé de Elgóibar. Poco antes de iniciarse el funeral, a las siete de la tarde, la iglesia quedó abarrotada por centenares de vecinos que secundaron el llamamiento efectuado expresamente por la junta local del PNV. El féretro, cubierto con una bandera española sobre la que descansaba el tricornio, fue introducido a hombros por los familiares del guardia civil, y ante la presencia de unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que le rindieron homenaje. Ese mismo día el alcalde de la localidad, el peneuvista Lucio Beitia, afirmó que Expósito "era un vecino más, estaba plenamente integrado y su muerte ha sido una verdadera sorpresa para la gran mayoría de este pueblo".
El mismo día del asesinato de José Expósito unas quinientas personas convocadas por el Comité Pro Refugiados se manifestaron en Elgóibar para protestar por el asesinato en Saint Jean Pied de Port (Francia) del etarra Juan María Otegui Elizegui, alias Txato, a manos de los GAL. En Itsasondo, localidad natal del miembro de ETA, la Guardia Civil impidió la celebración del funeral religioso. La corporación municipal de esta localidad, integrada por representantes de Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, nombraron a Juan María Otegui "hijo predilecto de la villa". Otegui Elizegui participó, entre otros atentados, en el asesinato del teniente coronel retirado de la Guardia Civil Luis Cadarso San Juan, el 14 de abril de 1981.
José Expósito Afán, de 62 años, era natural de Aguilar de la Frontera (Córdoba), pero llevaba treinta y cinco años viviendo en el País Vasco. Estaba casado y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica de edades comprendidas entre los 20 y los 31 años. Ingresó en la Guardia Civil en 1949 y un año antes de ser asesinado había pasado a la reserva activa. Hasta ese momento había trabajado en el Departamento de Intervención y Revisión de Armas, lo que le convirtió en una persona muy conocida en la localidad. Según la Policía Municipal de Elgóibar, José Expósito se encontraba perfectamente integrado en la población, tenía su propia cuadrilla de amigos y estaba bien considerado, en general, por su disposición a hacer favores a sus vecinos, como la aceleración de los trámites para la renovación de los documentos nacionales de identidad, de los pasaportes o de las licencias de caza. Las mismas fuentes apuntaban que a la hora en que fue asesinado José acostumbraba a realizar su habitual ronda de bares, un hábito que compartía casi siempre con amigos de su cuadrilla.
A las 20:30 horas del domingo 4 de agosto de 2002 la banda asesina ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a CECILIO GALLEGO ALAMINOS, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años SILVIA MARTÍNEZ SANTIAGO, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.
La explosión causó, además, heridas de diversa consideración a otras cincuenta y seis personas, según consta en el escrito fiscal (entre ellos Borja, primo de Silvia de tres años y medio, que sufrió cortes en la cara, el brazo y la pierna derecha) y cuantiosos daños materiales en los inmuebles cercanos. Dos pisos de la casa-cuartel de la Guardia Civil resultaron destrozados y decenas de edificios de los alrededores resultaron dañados por la onda expansiva de la explosión, por lo que unos ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser realojados por el Ayuntamiento. La explosión provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, el estallido de cristales de numerosas ventanas y la caída de tabiques de los inmuebles cercanos. Además, la deflagración del coche bomba mantuvo esta zona de Santa Pola conocida como El Palmeral sin fluido eléctrico. La detonación del vehículo pudo ser oída en un radio de varios kilómetros, según explicaron comerciantes del lugar. La zona fue acordonada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado pues se temía que se produjera la explosión de un segundo coche-bomba.
Un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para atender a los heridos por la explosión. Los más graves, cuatro personas, fueron trasladados al Hospital General de Elche, el centro sanitario más cercano al lugar en el que se produjo el atentado. Los más leves fueron atendidos en el lugar de los hechos en una especie de hospital de campaña.
El coche-bomba estaba situado junto a la verja del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, al lado de una glorieta muy concurrida, pues allí se encontraban varias paradas de autobuses que comunicaban Santa Pola con Alicante y Torrevieja. Media hora después iba a celebrarse un festival de danza infantil en el lugar, lo que podía haber provocado un drama aún mucho mayor. A Cecilio Gallego la onda expansiva le lanzó a varios metros del lugar, provocándole la muerte en el acto. La niña Silvia sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladada al hospital.
El objetivo de la banda terrorista era provocar una matanza, pues no se recibió ningún aviso sobre la colocación del coche-bomba, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Nada más tener noticia de la acción terrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que se encontraba descansando en esa provincia con su familia, se trasladó hasta el lugar de los hechos. El titular de Interior se mostró convencido de que la intención de ETA fue colocar el coche en el lugar exacto "en el que más daño podía hacer, junto a las viviendas", destrozando todo el ala del edificio. El ministro, que visitó a la familia de la niña asesinada, aseguró que el número de víctimas "se habría multiplicado" si en el momento de la explosión se hubiesen encontrado más personas en ese ala de la casa cuartel.
Tras conocer la noticia del doble asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en un tono muy duro, y muy diferente al que actualmente se utiliza hacia el entorno proetarra, manifestó que no estaba dispuesto "a que se siga enterrando víctimas mientras que los dirigentes de Batasuna, que son basura humana y responsables tanto como los comandos de ETA de esos crímenes, estén sueltos por la calle". Por su parte, el hoy presidente del Gobierno, y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que Batasuna se "había situado una vez más al lado de la violencia y el crimen" y que era "el momento de aplicar las leyes con firmeza y seguridad, con consenso y garantías jurídicas". Estaba aludiendo implícitamente a aplicar al brazo político de ETA la Ley Orgánica 6/2002, conocida comúnmente como Ley de Partidos, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2002, semanas antes del asesinato de Cecilio y Silvia. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó Euskal Herritarrok y Batasuna, alegando en el fallo su apoyo a la banda terrorista ETA y su no rechazo a la violencia.
El cambio tan radical en la política antiterrorista que Rodríguez Zapatero dio al llegar al Gobierno motivó una dura y emotiva carta pública de Toñi, madre de Silvia, enviada a Libertad Digital el 4 de julio de 2006:
"(...) Sr. Zapatero, quiero que sepa que con su cobardía, con su desvergüenza, con su indignidad, con su maldito talante, con su pacto con los etarras, con su declaración del día 29 de junio para iniciar el proceso de diálogo, usted, transcurridos casi cuatro años, ha vuelto a asesinar a Silvia.
Usted sólo ha conseguido que los sentimientos que tuve que vivir aquella tarde del atentado, vuelvan a resurgir hoy en mí. Sentimientos que todavía trato de canalizar, después de casi tres años de ayuda psicológica y de un tratamiento médico contra la ansiedad.
Con su gestión en la política antiterrorista, ha conseguido que tenga el mismo desprecio por usted que siento por los asesinos de mi hija, de sus colaboradores y de quienes aplauden y festejan los atentados y que, para mí, son tan asesinos como aquellos que colocaron el coche bomba, cargado con 50 kgs. de explosivo, debajo del balcón de mi casa.
Usted se ha puesto de rodillas ante esos asesinos, usted y su gobierno han claudicado ante esos canallas, pero por favor no nos pida a las víctimas comprensión. Sr. Zapatero, usted no cuenta con mi autorización para negociar con la sangre de mi hija.
Usted que fue tan cobarde el pasado día 28 de junio de no querer mirarme a los ojos en el Congreso de los Diputados, usted que dio las órdenes oportunas para impedir que accediéramos a las proximidades del recinto con una corona de flores, humillándonos y tratándonos como si fuésemos delincuentes, usted no conseguirá silenciar mi voz.
En su anuncio de negociación, tan esperado por la banda terrorista ETA, usted nombra a las víctimas del terrorismo, a su memoria, a su dignidad y a su honor. Casualmente siempre olvida usted mencionar la palabra "justicia". En los dos años y medio que lleva en el poder, nunca le he escuchado mencionar esta palabra cuando se refiere a las víctimas. Justicia es lo que espero conseguir contra los miserables que asesinaron a mi hija, aunque pacte usted con ellos o con el mismísimo demonio ...
Por último le rogaría que no hable usted tan alegremente del dolor de las personas que hemos sufrido un atentado terrorista. A mí, como madre de Silvia, me ha demostrado que no le importa lo más mínimo el asesinato de una niña inocente. Sr. Zapatero, desgraciadamente para mí, todos los días 4 de agosto que me queden por vivir tengo que recordar que, ese fatídico día mi hija fue brutalmente asesinada.
En mi memoria quedará, que mientras usted celebra alegremente su cumpleaños ese día, en unión de sus dos hijas y de su esposa; a mi hija, con seis añitos no le permitieron cumplir ninguno más esos individuos con lo que usted ahora negocia. A Ella y a todas las personas que fueron asesinadas les va a tener que agradecer su continuidad en el gobierno. No me queda la menor duda de que esas ansías de poder es lo que le lleva a usted a traicionar la memoria de las víctimas inocentes.
Señor Zapatero, NEGOCIACIÓN EN MI NOMBRE, NO".
Al día siguiente del asesinato, más de cinco mil personas se congregaron en la Iglesia de la Asunción de Santa Pola, en su interior y en su exterior, para despedir a Cecilio y a Silvia y mostrar su rechazo a la banda asesina. El 6 de agosto, unos veinte mil ciudadanos se manifestaron en esa localidad alicantina contra ETA y su brazo político.
Mes y medio después del atentado, el 20 de septiembre de 2002, fueron detenidos en la localidad francesa de Bagneres de Luchon los presuntos autores materiales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola. Se trata de los etarras Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, y Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, integrados en el grupo Argala de ETA. En febrero de 2011 la Fiscalía pidió en su escrito provisional de conclusiones que sean condenados a 1.180 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en el camping Bahía de Santa Pola, situado apenas a cuatrocientos metros del lugar del atentado. Allí se registraron con una identidad falsa y se desplazaron en ciclomotor y bicicleta para grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado. Todo ello ha quedado acreditado por la documentación que se les incautó cuando se les detuvo (vídeos y fotografías). Además, la Justicia francesa ha remitido a la Audiencia Nacional la "autocrítica" manuscrita realizada por Otegi Eraso que se le incautó al número uno de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi, alias Susper. En ella reconocía las actividades que ambos etarras habían llevado a cabo en España en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.
Casi diez años después del atentado, el 18 de mayo de 2012 la Audiencia Nacional condenó a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi y Óscar Celarain al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.
La sentencia atribuye a los dos terroristas el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años de edad, y de Cecilio Gallego, de 57, así como otros 51 delitos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. En la resolución, el tribunal considera que con la colocación del coche bomba los etarras "trataron de causar el mayor número de muertes posibles". Por esta razón, Celarain y Otegi colocaron el vehículo bomba "sin previo aviso junto a la valla del acuartelamiento de la Guardia Civil en Santa Pola, donde vivían numerosas familias con niños, prácticamente pegado a las viviendas, a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas, así como de personas en los alrededores, todas ellas totalmente indefensas".
Junto a los 843 años de cárcel, la Audiencia obliga a los dos asesinos de la banda a indemnizar a los padres de la pequeña Silvia, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia de Cecilio Gallego. También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5 millones) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).