La fiscal Tagle desempeñaba fundamentalmente la acusación pública en sumarios sobre atentados de la banda terrorista ETA en la Audiencia Nacional. De hecho, y tal como declaró Parot ante la Guardia Civil, la decisión de asesinar a Carmen Tagle estuvo directamente relacionada con el interrogatorio en Francia de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, y Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros. Al mismo, que tuvo lugar en mayo de 1989 -cuatro meses antes de su asesinato-, la fiscal acudió acompañada del juez Baltasar Garzón y del comisario Pedro Díaz-Pintado. Josu Ternera se negó a declarar en español, salvo para decir, mirando a Tagle: "Cuando hablemos de las torturas que practican contra nosotros en las cárceles españolas, entonces hablaremos de eso" (en respuesta a una pregunta previa sobre si asesinar a un niño de dos años era su forma de luchar por la independencia). En otro momento, el asesino dijo que no reconocía la jurisdicción española y que no pensaba contestar a las preguntas, a lo que Tagle comentó en voz baja a Díaz-Pintado: "¡Valiente hijo de puta!", frase que Josu Ternera debió de oír "porque se volvió y le clavó una mirada... que no se me ha olvidado nunca", según contó Garzón (Pilar Urbano, El hombre que veía amanecer, Plaza y Janés, 2000).
Ese 12 de septiembre, en torno a las 15:15 horas, la fiscal Carmen Tagle se disponía a entrar en el garaje de su domicilio en la calle Julio Palacios de Madrid. Pese a que estaba amenazada, algo que había comentado con compañeros y amigos la semana antes a su asesinato, no disponía de escolta. Había salido de la Audiencia Nacional con María Dolores Márquez de Prado, su colega y amiga, a la que trasladó a su domicilio, en la calle Pío XII. De ahí se encaminó al suyo, donde Parot y Esnal aguardaban en el interior de un vehículo aparcado en las inmediaciones. Mientras la fiscal esperaba a que se abriera la puerta del garaje, Parot le disparó a bocajarro en la cabeza a través de la ventanilla, que tenía bajada. Carmen Tagle recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la nuca, y falleció en el acto. En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.
En la zona en la que vivía la fiscal tenían también sus domicilios varios magistrados que, en el mismo lugar del atentado, criticaron duramente la decisión de retirar la escolta de varios de ellos, pese a que la Policía estaba en alerta ante la posibilidad de que ETA atentara en estas fechas próximas a las elecciones legislativas. Además, en recientes documentos de la banda terrorista se hacía referencia a la conveniencia de actuar contra los jueces. No obstante, Carmen Tagle no había tenido nunca servicio de escolta.
La Asociación Profesional de la Magistratura difundió un comunicado de repulsa tras el atentado en el que señalaba que atacando "frontalmente a la justicia imparcial e independiente" se puede llegar "directamente a medios extremos de defensa del Estado, asimismo indeseables". Jueces para la Democracia, por su parte, calificó el crimen de "una muerte más contra la democracia".
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 30 años de prisión como autor material del asesinato de Carmen Tagle. En 1997, Jacques Esnal fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de lo Criminal de París. En el año 2000, la Audiencia Nacional condenó, como inductor y cooperador necesario para cometer el asesinato, a Francisco Múgica Garmendia a los mismos 30 años que al autor material, Henri Parot. Múgica Garmendia no sólo suministró la información sobre los hábitos de la fiscal, sino que facilitó a los autores materiales el vehículo con el que cometieron el atentado. Durante la primera vista del juicio, Múgica Garmendia fue expulsado de la sala por dirigirse al tribunal y decirles que "para nosotros, todos vosotros sois Tagle".
Carmen Tagle González, de 44 años, era natural de Madrid y estaba soltera. Miembro de la Carrera Judicial desde once años antes, desde hacía cuatro su actividad profesional la desempeñaba principalmente en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el juez Baltasar Garzón. La fiscal Tagle era una mujer valiente que solía expresar públicamente, cuando así se lo requerían, sus opiniones sobre la benignidad del ordenamiento legal hacia los asesinos de ETA. Un mes después de su asesinato empezó en la Audiencia Nacional el juicio contra los autores de la masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. El escrito de conclusiones había sido elaborado por la fiscal Tagle.
El asesinato de Luis Reina se debió a un error de la banda asesina ETA. Su situación familiar, su estado de salud y la falta de motivaciones claras hicieron que la Policía barajase desde el primer momento la hipótesis de que se tratara de un error. En medio de la confusión, y como había hecho en otras ocasiones, el entorno proetarra intentó desviar la atención culpando a grupos de extrema derecha del atentado. De esta forma, pocas horas después del asesinato, el dirigente de Herri Batasuna, Jon Idígoras, señaló que Luis Reina era simpatizante de la coalición proetarra y que HB colaboraría en la organización del funeral. La familia desmintió inmediatamente que existiese ninguna vinculación de Luis con los proetarras, por lo que HB tuvo que aclarar que la víctima no tenía ninguna relación con ellos.
El 23 de septiembre, ETA se atribuyó el asesinato de Luis en un comunicado publicado por el diario Egin, en el que calificaba de "equivocación y error irreparables" el atentado, por lo que hacían "la más seria y sincera autocrítica". La causa de la confusión se debía, según ese comunicado, a que un policía nacional tenía el mismo nombre que el pescadero, extremo que desmintió de forma tajante la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Chapuza tras chapuza de una banda chapucera y asesina.
El motivo real del error, según cuenta José María Calleja en su libro La diáspora vasca (Aguilar, 1999), es que la banda asesina habría confundido a Luis Reina, el pescadero, con el propietario de un concesionario de coches y motos de Bilbao, también apellidado Reina, que sí había recibido amenazas del entorno proetarra por vender coches a policías y responsables del Gobierno civil de Vizcaya. Tras las amenazas, Reina habría hablado con dirigentes batasunos para pedir explicaciones y para que le garantizasen que ETA no atentaría contra él. Habló, entre otros, con Txomin Ziluaga, que le prometió "tratar su caso para que no le pasara nada, consciente de que este hombre no merecía un atentado". Acudió, además, a Txema Montero, abogado de HB, que le garantizó que no le pasaría nada, y a Jone Goirizelaia, también abogada de la coalición proetarra, que le contestó que si "la organización" le había amenazado, era porque algo habría hecho. Cuenta Calleja que, pocos meses después de estos contactos, se produjo el asesinato de Luis Reina Mesonero, y que el propietario del concesionario se marchó del País Vasco.
Luis Reina Mesonero tenía 61 años y era propietario de una pescadería en el mercado de Abastos de Bilbao, ciudad en la que había nacido. Estaba casado y su mujer llevaba veintisiete años impedida en una silla de ruedas. El matrimonio tenía un hijo de 25 años que, desde que Luis sufrió la embolia, había pasado a hacerse cargo del negocio de la pescadería.