A las cuatro de la tarde del 6 de agosto de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria mediante la explosión de un coche-bomba a los policías nacionales ANTONIO LIGERO HEC y RAFAEL MUCIENTES SANZ, en un atentado en el que también resultó herida por la metralla Obdulia Vega Solac. El atentado se produjo en plenas fiestas patronales de Vitoria en honor de la Virgen Blanca.
Los agentes formaban parte de una patrulla de rutina compuesta por dos coches de la Policía que transitaban por el Alto de Armentia. Miembros de la banda terrorista habían colocado un coche-bomba en la cuneta de una curva situada en la carretera que va desde el Alto de Armentia hasta el paseo de San Prudencio en Vitoria. El coche-bomba estaba cargado con treinta kilos de explosivo y cuarenta de metralla. En el momento en el que los coches se pusieron a la altura de la bomba, uno de los terroristas accionó el detonador a distancia. La explosión alcanzó de lleno al segundo turismo, que resultó materialmente destrozado, y sus dos ocupantes, Antonio Ligero y Rafael Mucientes, fallecieron prácticamente en el acto. Restos del turismo se esparcieron por los alrededores encontrándose trozos del mismo a un centenar de metros. En el lugar de los hechos se recogieron también bolas de rodamiento de considerable diámetro y tuercas que formaban parte de los cuarenta kilos de metralla del artefacto. Los agentes asesinados pertenecían a la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria, y llevaban varios años destinados en la capital alavesa.
Los dos policías nacionales fueron trasladados urgentemente al Hospital de Santiago, donde ingresaron cadáveres. Presentaban fractura de cráneo con salida de masa encefálica y graves quemaduras por todo el cuerpo. Fragmentos de la metralla que integraba el artefacto se incrustaron en viviendas situadas a centenares de metros del lugar de la explosión. Parte de esta metralla alcanzó la pierna de Obdulia Vega Solac, que fue dada de alta tras ser atendida en un centro sanitario de Vitoria.
La zona en la que se produjo el atentado era un lugar de esparcimiento de la capital alavesa. En el momento de la explosión, numerosas personas comían en restaurantes de los alrededores. Los cristales de domicilios y restaurantes quedaron hechos añicos y algunas puertas se desencajaron por la violencia de la explosión, escuchada en un radio de varios kilómetros.
A los pocos minutos de producirse el atentado llegó al lugar de los hechos Julen Elorriaga, delegado del Gobierno en el País Vasco. Su residencia oficial, Los Olivos, situada en el Alto de Urbieta, está muy cerca del lugar de la explosión.
Durante la celebración del funeral, un grupo de agentes de la Policía Nacional increpó a los representantes políticos presentes y reclamó que sus miembros fueran trasladados a otros puntos de destino en España. Por este motivo, la Dirección General de la Policía abrió expediente a una docena de policías. En esa época eran frecuentes las protestas sindicales por las pésimas condiciones y la deficiente calidad de los acuartelamientos de los policías destinados en el País Vasco, unido a que muchos agentes sufrían el denominado síndrome del Norte derivado de la alta tensión que padecían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el terrorismo y el rechazo social. En los días posteriores al asesinato de Antonio Ligero y Rafael Mucientes el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de gabinetes psicológicos para atender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco y en Navarra.
Un día después del asesinato de Rafael y Antonio, la banda terrorista ETA lanzó siete granadas contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaráuz (Guipúzcoa), hiriendo de gravedad por una esquirla en el cerebro a Borja Blanco Vega, un bebé de doce meses hijo de un guardia civil. Su hermano de siete años y la abuela del niño también resultaron heridos.
Diferentes sentencias de la Audiencia Nacional especifican que los responsables del atentado fueron José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto. Para ello contaron con la colaboración del matrimonio formado por Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa, que les alojaron en su domicilio desde finales de julio y les ayudaron a huir a Francia.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a 57 años de reclusión mayor a Juan Carlos Arruti Azpitarte, además de a otras penas de reclusión menor. En la misma sentencia fueron condenados a las mismas penas Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga porque "ayudaron a los miembros del comando en los preparativos". En enero de 2008 fue condenado José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a 82 años de cárcel. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional impidió que Arruti Azpitarte, Paterra, saliese de prisión -en la que está desde 1989 cumpliendo penas que suman un total de 403 años- al aplicarle la doctrina Parot. De este modo, la excarcelación de este asesino se verá aplazada hasta el año 2019.
María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, fue detenida en Francia en octubre de 2004. Con un currículum espeluznante como miembro de los grupos Araba y Madrid de ETA, ha sido la etarra que más lejos ha llegado en la cúpula de la banda, después de María Dolores González Katarain, Yoyes. Estaba huida desde 1981. El 24 de septiembre de 2010 el Consejo de Ministros aprobó continuar con el procedimiento de solicitud a Francia de la ampliación de extradición activa de Iparraguirre concretamente por el atentado del 6 de agosto de 1987. La etarra se encuentra actualmente en la prisión francesa de Fresnes en París, mientras Francia decide sobre otras solicitudes anteriores de extradición.