Antonio Fernández y José Antonio Ferri, guardias civiles, y José Santana, policía nacional
A las siete y media de la mañana del domingo 21 de agosto de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Estella (Navarra), haciendo explotar un coche-bomba al paso de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a los agentes ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ.
El atentado se produjo a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada de la localidad navarra. El coche-bomba, un Seat 1430 matrícula de Bilbao, estaba estacionado en un paso de cebra y contenía veinticinco kilos de amonal y otros cuarenta de metralla con fragmentos de acero. Fue accionado a distancia por los terroristas al paso del Talbot Horizon en el que viajaban los dos guardias civiles, que murieron en el acto. Los cuerpos de los dos agentes quedaron carbonizados por el incendio que se desencadenó tras la explosión. La extracción de los cadáveres calcinados de los dos guardias civiles, que permanecían sentados en sus asientos, fue muy dificultosa y los equipos de la DYA, bomberos y SOS-Navarra necesitaron utilizar equipos cortachapas. Sobre las 10:30 horas el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron conducidos al Hospital Comarcal de Estella.
El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de Estella. Los terroristas los dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de otro automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue el que utilizaron los etarras en su huida. El coche-bomba quedó irreconocible y un gran fragmento del mismo voló por encima de un bloque de seis pisos y cayó en un patio interior situado a unos doscientos metros del lugar del atentado. Tres vehículos estacionados en las inmediaciones, así como ventanas y balcones de varios bloques de viviendas, resultaron gravemente dañados, al igual que numerosos establecimientos comerciales.
La violenta explosión del coche bomba provocó también heridas a María del Puy García Michelena, de 24 años, que en el momento de producirse el atentado preparaba el biberón para sus hijos gemelos de dos meses de edad en un primer piso del número 47 del paseo de la Inmaculada, lugar en el que se produjo la explosión. La metralla alcanzó el domicilio de la joven madre, hiriendo a su hijo de dos meses, Héctor Catalán. Según testigos presenciales, la mujer salió a la calle gritando y con el bebé en los brazos lleno de sangre. Inmediatamente fue conducida al Hospital Comarcal de Estella, donde fue atendida de diversas erosiones y heridas varias en el brazo izquierdo y rodilla derecha por rotura de cristales, con pronóstico leve. El bebé sufría heridas incisas en el brazo y pómulo izquierdos y erosiones varias en el cráneo por rotura de cristales, también con pronóstico leve. Ambos fueron enviados a su domicilio en las horas siguientes.
La capilla ardiente con los cuerpos de los dos agentes se instaló por la tarde del mismo día de su asesinato en el Ayuntamiento de Estella y los funerales se celebraron al día siguiente a las once de la mañana en la Iglesia de San Juan de esta localidad. A ellos asistieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
El asesinato de los dos guardias civiles se produjo en un momento en el que la banda terrorista ETA había publicado varios comunicados en los que mostraba su voluntad de negociar y proponía una tregua de dos meses. La curiosa forma que tenía de demostrar esa voluntad era asesinando guardias civiles, pues pocas horas antes del doble asesinato en Estella, la banda terrorista había hecho estallar un coche-bomba en las proximidades de Vergara (Guipúzcoa) en el que tres guardias civiles y un civil resultaron heridos, algunos de gravedad. La explosión se produjo a las 12:30 horas del 19 de agosto al paso de tres vehículos de la Guardia Civil. Poco después, ETA hizo estallar otro artefacto en Éibar (Vizcaya) al paso de otro vehículo del Instituto Armado, resultando heridos dos guardias civiles, uno de ellos de gravedad, y un civil que conducía un todoterreno en el momento de la explosión.
Todos los partidos políticos de Estella, con la excepción habitual de Herri Batasuna (HB), condenaron el asesinato de los dos guardias civiles. El concejal de HB, Patxi Lage, dijo sentirse afectado, aunque se negó a condenarlo. Esta cínica actitud provocó que la alcaldesa de Estella, Rosa López, dijese que "es increíble que quienes apoyan este tipo de sucesos tengan el cinismo de mostrarse afectados" (ABC, 22/08/1988). Pero no quedó ahí la cosa porque, por primera vez, todos los partidos políticos de la Corporación Municipal decidieron por unanimidad destituir a Patxi Lage de su cargo como presidente de la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estella: "Estamos hartos de tener miedo y nos sentimos orgullosos junto con el pueblo de Estella de ser los primeros en adoptar esta medida y queremos dar ejemplo a todo el mundo", dijo la alcaldesa (ABC, 22/08/1988).
Y es que el asesinato de los dos agentes había provocado una gran indignación en la localidad navarra, donde eran muy apreciados. Unos días antes del atentado, los agentes Fernández y Ferri habían participado en una arriesgada operación de salvamento durante un incendio que se había desatado en Estella. Más de cinco mil vecinos participaron en la manifestación silenciosa en repulsa por el atentado que recorrió las calles de la ciudad.
El asesinato de Antonio Fernández y José Antonio Ferri era el primer atentado mortal de ETA en Estella. En esta localidad, justo diez años después, todos los partidos vascos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella o Lizarra, que tenía como objetivo explícito la consecución de la soberanía de Euskadi, pacto que fue consecuencia casi directa de la reacción social sin precedentes que provocó el "asesinato a cámara lenta" de Miguel Ángel Blanco.
En 1992 la Audiencia Nacional absolvió al etarra Germán Rubenach Roig, alias Antxon, de su vinculación con el asesinato de los dos guardias civiles al considerar que no estaba probada su participación en los hechos que le imputaba la Fiscalía. Rubenach había sido detenido el 25 de junio de 1990 en la Foz de Lumbier (Navarra), tras asesinar al sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas cuando procedía a identificarle junto a los también etarras Juan María Lizarralde Urreta y María Susana Arregui Maiztegui. Tras cometer el crimen se apropiaron de la pistola del sargento y entablaron un tiroteo con otros tres agentes de la Benemérita, en el que resultó herido grave el sargento José Domínguez Peris, mientras que Rubenach fue herido en una pierna. Las Fuerzas de Seguridad cercaron el lugar, lo que llevó, esa misma tarde, a la localización de Rubenach, gravemente herido por un disparo en la cabeza. Al día siguiente se encontraron los cadáveres de Lizarralde y Arregui. Aunque diversas sentencias judiciales no lograron esclarecer completamente el episodio, en el hospital Rubenach declaró, en presencia de su abogado y de la juez de Aoiz (Navarra), que, al sentirse rodeados por las Fuerzas de Seguridad, Lizarralde se suicidó, mientras que él mismo disparó a Arregui con el arma del sargento Hervás y luego intentó suicidarse, si bien posteriormente cambió su versión de los hechos.
Antonio Fernández Álvarez era natural de Salamanca y tenía 35 años. Había ingresado en la Guardia Civil en el año 1976, en la Agrupación de Tráfico, y estaba destinado en Estella desde 1979. Estaba casado y tenía dos hijos varones de 10 y 6 años de edad.
José Antonio Ferri Pérez, natural de Ibi (Alicante), tenía 34 años. Ingresó en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 1976 y estaba destinado en Estella desde 1986, proveniente de Barcelona. Estaba casado y tenía tres hijos de 10, 8 y 3 años de edad.
Hacia las ocho menos cuarto de la tarde del domingo 21 de agosto de 1994 la banda terrorista ETA asesinaba en Berango (Vizcaya) de dos tiros en la cabeza al policía nacional JOSÉ SANTANA RAMOS mientras jugaba a las cartas con unos amigos en la sede social del Partido Nacionalista Vasco de la localidad. En el mismo atentado resultaron heridos de carácter reservado, por el rebote de uno de los disparos, José Benedicto Herrero Hernández, de 71 años, una de las tres personas que jugaba a las cartas con el policía asesinado, y otras dos personas. Herrero estuvo durante un tiempo ingresado en el Hospital de Cruces y tardó 143 días en restablecerse de sus fracturas de húmero y radio. Según informaron testigos presenciales, José Santana se encontraba acompañado por una de sus hijas, de 8 años, que presenció el atentado mientras esperaba a su compañera, agente de la Ertzaintza.
Faltaban pocos minutos para las ocho de la tarde cuando el etarra José Luis Martín Carmona, acompañado de Lourdes Churruca Medinabeitia, se bajó de un taxi y entró a cara descubierta en el batzoki de Berango, en la calle Sabino Arana. Acercándose a la mesa donde José Santana jugaba a las cartas, le disparó dos tiros en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. A continuación emprendió la huida junto a Lourdes Churruca, etarra que cubrió el asesinato desde la puerta del establecimiento. Ambos se montaron en un taxi, conducido por un tercer terrorista, que había sido robado minutos antes en una parada de Guecho, y su propietario encerrado en el maletero. El taxi, con el taxista, fue abandonado en Algorta, a unos cuatro kilómetros de Berango. Según el testimonio del propietario del taxi que se utilizó en la acción, un Mercedes de color blanco, los terroristas habían solicitado un servicio normal de taxi en Algorta. Después, uno de ellos le amenazó con una pistola y le obligó a introducirse en el maletero del vehículo. Una vez cometido el atentado, los terroristas abandonaron el automóvil en la calle Nicolás de la localidad de Algorta. Varias personas avisaron a la Ertzaintza, alertadas por los gritos de socorro del taxista, que permanecía encerrado en el interior del maletero del automóvil.
Vecinos de la localidad de Berango comentaron que la víctima era bastante conocida en el pueblo y acudía habitualmente al batzoki, donde jugaba a las cartas casi todos los días. Los responsables del mismo explicaron que ninguna persona que se encontraba a cargo del local pudo observar cómo sucedían los hechos, ya que todos ellos se encontraban en la cocina en el momento del atentado. Era la primera vez que la banda terrorista cometía un atentado en una sede social del PNV, y tuvo lugar un día después de que el grupo Vizcaya intentara llevar a cabo un atentado terrorista en Basauri.
A las 12:00 horas del día siguiente se celebró el funeral por el agente de la Policía Nacional en la Iglesia de los Agustinos de Bilbao, al que acudió el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el director general de la Policía, Miguel Ángel Olivares.
Los días previos al asesinato de José Santana las Fuerzas de Seguridad del Estado habían alertado sobre la posibilidad de un recrudecimiento de los atentados en vísperas de la Semana Grande de Bilbao. Días antes, simpatizantes de Herri Batasuna se habían manifestado en San Sebastián en apoyo a la banda asesina ETA coreando gritos como "Contra la represión, coche-bomba solución". Por las mismas fechas, dos ertzainas recibieron una paliza a manos de un grupo de proetarras en un bar-sede de Herri Batasuna de la parte vieja de San Sebastián, y días después del asesinato de José Santana, el 27 de agosto, un policía salvó la vida al tirarse al río Oyarzun abrasado por las llamas de un cóctel molotov que lanzaron contra el vehículo en el que patrullaba.
Cuando se produjo el asesinato de José Santana, el Partido Nacionalista Vasco, y más concretamente Xabier Arzalluz, presionaba a favor de una política de reinserción de los presos etarras, además de repetir hasta la saciedad que no era conveniente una victoria policial sobre la banda sino una salida negociada. Pero más lamentable y significativo fue que las declaraciones de Arzalluz en las que proponía que las víctimas del terrorismo no pudieran cobrar indemnizaciones ni del Estado ni de sus asesinos, lo que condenaría a la indigencia a muchas de ellas, no tuviesen respuesta del Gobierno central.
En 1997 la Audiencia Nacional condenó a 30 años de reclusión mayor a los terroristas José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. En 1999 se condenó a 14 años de reclusión a Aitor Bores Gutiérrez como cómplice del atentado, siendo el etarra que consiguió información sobre los horarios, trayectos y lugares visitados por el policía nacional. Además, la noche anterior al asesinato, los autores materiales durmieron en el domicilio de Bores Gutiérrez. Por último, en 2003 la Audiencia Nacional condenó, también en concepto de cómplice, a Jorge Martínez Aedo a 17 años de reclusión menor. Este cómplice de asesinos dijo en el juicio que lo único que recordaba del asesinato del policía era que se rió "un montón viendo a Arzalluz en televisión con un rebote de la hostia" después de que "le dieran a un txakurra" (Efe, 24/04/2003). Martínez Aedo fue detenido en Francia en noviembre de 1997 y entregado a España en julio de 2002. Estaba integrado en un grupo de apoyo al Vizcaya de ETA, el grupo Manguis, que se dedicaba a proveer de vehículos y matrículas falsas a los asesinos de la banda.
José Santana Ramos, de 37 años, era natural de Minas de Riotinto (Huelva). Tenía tres hijos y residía en Berango. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1979 y fue destinado a Bilbao en 1982, donde prestaba servicios en el Puerto de Santurce, en la sección de documentación para el control de pasajeros del ferry que comunicaba la capital vizcaína con Portsmouth (Reino Unido). Sus restos mortales se trasladaron tras el funeral oficial celebrado en Bilbao a Dos Hermanas (Sevilla), donde recibieron sepultura.