A las nueve y media de la noche del 14 de octubre de 1978, cuatro pistoleros de la banda terrorista ETA asesinaban en Lequeitio (Vizcaya) al guardia civil ALBERTO VILLENA CASTILLO. La víctima fue ametrallada desde un vehículo cuando paseaba por los muelles portuarios de la localidad vizcaína, muy cerca del puesto de especialistas fiscales de la Guardia Civil en el que estaba destinado.

Alberto Villena fue alcanzado por cinco disparos, uno de ellos muy cerca del corazón, efectuados desde un Simca 1200 en marcha ocupado por cuatro terroristas. Trasladado inicialmente al cuartel de la Guardia Civil para recibir los primeros auxilios, de ahí fue llevado al ambulatorio de la Seguridad Social, donde ingresó cadáver. Los terroristas huyeron en dirección a Guernica, donde abandonaron el vehículo y continuaron la fuga en un Seat 127 matrícula de San Sebastián.

Al día siguiente se celebró el funeral en Vitoria con la única asistencia de sus familiares, compañeros de la Guardia Civil y algunas autoridades.

El 16 de octubre, en un breve comunicado hecho llegar a distintos medios de comunicación, la banda terrorista ETA reivindicaba el atentado afirmando que "ya no basta con gritar que se vayan". En el mismo explicaba que su "lucha armada" se dirigía a complementar, de una forma organizada, la movilización popular.

Alberto Villena Castillo tenía 27 años. Era natural de El Padul (Granada), estaba casado y tenía una hija de 2 años, Encarna. Llevaba tres años destinado en Lequeitio, en el cargo de especialista en la vigilancia de costas con la misión de controlar el contrabando que pudiera ser introducido a través del puerto. Cuando se cumplieron 30 años de su asesinato, el 14 de octubre de 2008, el Ayuntamiento de El Padul organizó un homenaje al guardia civil asesinado, al que asistió su hija, Encarna Villena, que fue la encargada de descubrir la placa conmemorativa en presencia de autoridades políticas, de la Guardia Civil, la Policía y unos cuatrocientos vecinos de la localidad. Si esta es la de cal, la de arena la protagonizó el Ayuntamiento de Granada, que rechazó que una calle de la ciudad llevase el nombre de Alberto Villena. La solicitud la hizo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y fue rechazada en julio de 2008, alegando que una plaza con el nombre de Luis Portero, fiscal asesinado por ETA en el año 2000, Domingo Puente -peluquero de la Base de Armilla- o Jesús Escudero -policía nacional asesinado el 30 de octubre de 2000-, así como la glorieta dedicada a las víctimas del terrorismo, honran suficientemente a los caídos a manos de los terroristas.

A las 18:00 horas del 14 de octubre de 1983, un individuo entró en la consulta del doctor ALFREDO JORGE SUAR MURO, médico pediatra y facultativo del penal de El Puerto de Santa María, saliendo con él a los pocos minutos en dirección desconocida. Testigos presenciales vieron entrar al doctor Suar Muro en un coche empujado por dos personas,  mientras un tercer individuo también se introducía en el vehículo.

Horas después, empleados de la residencia sanitaria Fernando Zamácola de Cádiz vieron un vehículo Ford Escort con las puertas abiertas en las inmediaciones del hospital. Los trabajadores se acercaron al turismo y descubrieron el cuerpo del doctor Suar Muro sentado en el asiento del copiloto, recostado hacia atrás y con un impacto de bala visible bajo la oreja izquierda. Los pistoleros de la banda, tras secuestrarlo en su consulta, le habían disparado con un revólver del calibre 38, además de en la cabeza, en la columna vertebral, como se comprobó posteriormente.

El asesinato del médico de la prisión de El Puerto de Santa María se produjo después de que familiares de presos de ETA denunciaran públicamente en un periódico de San Sebastián la atención sanitaria, según ellos deficiente, que recibían los reclusos de esa cárcel. El mismo día en que se descubrió el cadáver del médico, familiares de Juan Carlos Martínez Bastarrica, preso en ese penal, habían denunciado que el etarra no recibía la atención médica adecuada a su hemiplejia progresiva, que se manifestaba en la parálisis de su cara y del brazo y pierna derechos. Los familiares del preso sostenían que los primeros síntomas de la hemiplejia habían sido detectados veintidós días antes y que ningún especialista lo había examinado todavía. Además, según la familia, la solicitud de que Martínez Bastarrica fuera trasladado a un centro hospitalario fue rechazada por la Dirección de la prisión. Estas supuestas negligencias médicas fueron desmentidas oficialmente por el director del penal, que dio a conocer el parte médico del Hospital Mora de Cádiz, donde estaba siendo tratado Martínez Bastarrica, según el cual el paciente presentaba una paresia, es decir, una parálisis muy residual que tendría que evolucionar de manera espontánea, además de con los complejos vitamínicos que se le estaban suministrando (ABC, 21/10/1983).

El 18 de octubre la banda terrorista asumía el crimen y aprovechaba el comunicado de reivindicación para amenazar de muerte a todos los funcionarios de prisiones. En el comunicado se decía que los funcionarios de las cárceles donde había "prisioneros políticos vascos" eran "objetivos militares y, por tanto, reos de la justicia popular". La campaña se frenaría si hubiese "una reconsideración consecuente en el ejercicio de su tarea profesional".

La reivindicación provocó una gran sorpresa en medios policiales, porque hasta ese momento no se había asociado el asesinato del doctor Suar Muro con un atentado terrorista de ETA y la Policía lo atribuía a delincuentes comunes. "No se me olvidará nunca. Un policía que vino a casa fue muy gráfico. Con una carpeta abierta en las manos la cerró y dijo: ‘Carpetazo. Ha sido ETA’", contó su viuda al Diario de Cádiz en el año 2000.

El doctor Suar Muro fue la primera víctima mortal de la banda terrorista ETA en Andalucía y el primer atentado contra un funcionario de prisiones. A día de hoy ningún miembro de la banda ha sido juzgado por este crimen. Los dos atentados siguientes de ETA en Andalucía fueron también contra funcionarios de prisiones. El 11 de agosto de 1989, un paquete-bomba destinado a un funcionario de prisiones, Dionisio Bolívar Muñoz, acabó con la vida de la madre de éste, Conrada Muñoz Herrera. El 28 junio 1991 explotó un paquete-bomba enviado por ETA a la cárcel Sevilla-I, que ocasionó la muerte del funcionario de prisiones Manuel Pérez Ortega, de los reclusos Donato Calzado García y Jesús Sánchez Lozano, así como del visitante Raimundo Pérez Crespo, familiar de un interno de la prisión.

Alfredo Jorge Suar Muro tenía 37 años y había nacido en Argentina -aunque posteriormente se nacionalizó español-, desde donde había emigrado junto a su mujer, María Teresa Decarlini Méndez. El matrimonio tenía dos hijos, Jorge y María Ana, de 8 y 6 años cuando Suar Muro fue asesinado. Vinieron a España a finales de los setenta, "porque esto era más seguro". "Alfredo estaba convencido de que si seguíamos en Argentina acabarían por matarlo. Estaban desapareciendo médicos. Los llevaban para curar heridas de bala. Nunca volvían. Nada de testigos" (Diario de Jerez, 21/03/2009). Después de pasar por Génova, donde Alfredo se especializó en Pediatría, la familia se instaló en Cádiz. Allí echaron raíces, y Alfredo se enamoró de los toros y las ferias. "Por fin, después de tanta sinrazón, de tanto miedo, éramos felices. Vivíamos en un lugar en el que podíamos pasear con tranquilidad en la calle, donde se podía charlar, tomar algo en la terraza de un bar" (Diario de Jerez, 21/03/2009). Además de su consulta de pediatría aceptó trabajar como médico de la cárcel de El Puerto de Santa María desde dos años y medio antes de ser asesinado. Sigue contando el Diario de Jerez que "allí se hizo rápido con la población reclusa, ‘no miraba a la gente por el delito que hubieran cometido’ e incluso los etarras tenían tal confianza en él que no comían hasta que el doctor Suar no hubiera probado la comida. Es verdad que había muertos cada semana, pero el terrorismo parecía un conflicto lejano".

María Ana Suar, hija de Alfredo, escribió una carta en el diario La Voz Digital con motivo del vigésimo quinto aniversario del asesinato, donde, entre otras cosas, decía:

Querido papá: Hoy, 14 de octubre, se cumplen 25 años sin ti. El tiempo pasa volando pero casi todo sigue igual. No sabes lo difícil que se me hace educar a mis hijas en valores como libertad, justicia, generosidad, amistad, compromiso, respeto o perdón (...) Cuando me preguntaron por qué yo no tenía papá, la única respuesta que encontré fue que te llevó la Virgen rápidamente para cuidar de los niños que están en el cielo, sentados en las nubes. Ha pasado un cuarto de siglo y poco cambia en España. ETA, en su cobardía, continúa matando por la espalda, dejando viudas y huérfanos, privándonos de libertad por conseguir la suya, con tanto orgullo como para convertirse en mercenarios y sin la humildad suficiente para pedir perdón (...).

En enero de 1984 el portavoz del Consejo de Ministros, Eduardo Sotillos, comunicó que el Gobierno iba a remitir al Parlamento un proyecto de ley extraordinario que permitiese conceder una pensión excepcional a María Teresa Decarlini, viuda del doctor Suar Muro. El proyecto de Ley fue aprobado en mayo de 1984. En octubre de 2004 el Gobierno creó en Jerez de la Frontera un Centro de Reinserción Social que lleva el nombre del médico asesinado. Antes, en el año 2000, se le concedió la Cruz al Mérito Civil a título póstumo y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le dedicaba una calle. En octubre de 2008, con motivo del veinticinco aniversario de su asesinato, Instituciones Penitenciarias realizó una ofrenda floral en el monolito dedicado al doctor Suar Muro a la entrada del penal de El Puerto.

En torno a las 22:30 horas del 14 de octubre de 1986, la explosión de un coche-bomba colocado por la banda terrorista ETA frente al cuartel de la 411 Bandera de la Policía Nacional, en la plaza de España de Barcelona, asesinaba al policía ÁNGEL GONZÁLEZ DEL POZO y provocaba heridas a otras catorce personas, cuatro de ellas también policías.

Ángel fue la primera persona asesinada por la banda terrorista ETA en Cataluña después de la llegada de la democracia, pasando a ser la segunda víctima mortal en esta comunidad autónoma. La primera fue Ovidio Díaz López, asesinado por la banda tras el enfrentamiento que varios etarras tuvieron con la Policía después de atracar una sucursal bancaria el 6 de junio de 1975. En este sentido, el coche-bomba que asesinó a Ángel González fue el primer atentado intencionado con víctimas mortales de la banda en Cataluña, preludio de lo que sería el terrible año de 1987, con el asesinato del guardia civil Antonio González Herrera (27 de marzo de 1987), de Juan Fructuoso Gómez (2 de abril de 1987) y la masacre de Hipercor el 19 de junio de 1987. Desde ésta, y hasta tres años y medio después, la banda terrorista ETA no volvería a atentar en Cataluña, asesinando a seis policías nacionales el 8 de diciembre de 1990 en Sabadell.

Tres días después del asesinato de Ángel González el Comité Olímpico Internacional (COI) tenía que decidir quién organizaría los Juegos Olímpicos de 1992. En relación con esto, los políticos volvieron a dar muestras de su nula sensibilidad ante un atentado de la banda terrorista ETA, mostrándose más preocupados por las repercusiones que el asesinato de un agente tendría en el futuro de la candidatura de Barcelona que por la tragedia que suponía en sí misma ese asesinato. Jordi Pujol, por entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, dijo que "sería bueno que ninguna ciudad candidata a organizar los juegos utilice este argumento, ya que el terrorismo forma parte del drama mundial". El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, también se pronunció en el mismo sentido: "Confío en que el atentado no repercutirá en la decisión de los miembros del COI".

Cuando la banda terrorista ETA reivindicó el atentado, señaló que no lo enmarcaba "en la campaña contra las Olimpiadas de Barcelona desarrollada por los patriotas catalanes" (Florencio Domínguez, ETA en Cataluña. De Terra Lliure a Carod-Rovira, Temas de Hoy, 2005).

Sobre la campaña de los ‘patriotas catalanes’ a los que aludía ETA en su comunicado, hubo rumores sobre la autoría de Terra Lliure, algo que se apresuró a desmentir el jefe superior de Policía de Barcelona, Agustín Linares, que señaló que esa banda terrorista no tenía ni la infraestructura ni la logística necesaria para una acción de este tipo.

La explosión del coche-bomba, que pudo oírse a varios kilómetros a la redonda y despidió objetos a más de doscientos metros del lugar de los hechos, se produjo en la esquina de la calle de la Cruz Cubierta, a unos metros del cuartel de Belchite, ocupado por fuerzas de la Reserva General, y junto a unas dependencias municipales contiguas al edificio policial. Provocó un gran cráter en el asfalto y los cristales del cuartel y de los edificios colindantes saltaron hechos añicos. La bomba estaba compuesta por veinticinco kilos de Goma 2 y metralla formada por tornillos y eslabones de cadenas, y contaba con un mecanismo de activación de relojería para que estallase a las 22:30 horas. El vehículo utilizado había sido robado en julio del mismo año en un aparcamiento de Guipúzcoa.

La Policía, que había acordonado la plaza y cortado la circulación nada más producirse la explosión, desalojó la zona contigua al pabellón número 1 de la Feria de Muestras y registró las dependencias por si había más bombas. En la cercana avenida del Paralelo los artificieros policiales provocaron la explosión controlada de un Renault 5 matriculado en Navarra que había sido denunciado como robado.

Los heridos por la explosión fueron repartidos por diferentes hospitales como el Clínico de Barcelona, adonde también fue llevado el cadáver de Ángel González, la residencia de la Seguridad Social de Bellvitge, el centro municipal de Perecamps y el Hospital de la Cruz Roja de Hospitalet. Entre los heridos, además de los policías, había diez civiles que, en esos momentos, salían o entraban de una boca de metro cercana. Los agentes heridos fueron Ángel Barceló Naranjo, muy grave, Francisco Sánchez Torres, Francisco Rivero Iglesias y Antonio Gómez Martín.

Ángel Barceló Naranjo fallecería diez meses después del atentado por leucosis aguda, cuando aún no había sido dado de alta de las graves heridas sufridas en el atentado. El informe médico determinó, no obstante, que su muerte no había tenido relación directa con las lesiones producidas en el atentado. Sin embargo, en las sentencias de la Audiencia Nacional por las que se condenó a los autores del atentado sí se contempló una indemnización de 3 millones de pesetas para los herederos de Ángel Barceló.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Josefa Mercedes Ernaga Esnoz a 75 años de reclusión por este atentado. En 2001 fue también condenado Rafale Caride Simón a un total de 102 años por el mismo atentado contra el cuartel de Belchite. Ambos participaron en la masacre de Hipercor y fueron condenados a centenares de años por ese atentado.

Ángel González del Pozo, de 28 años de edad, se encontraba de guardia la noche que explotó el coche-bomba. Era natural de Sevilla, y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de Huévar del Aljarafe, localidad sevillana de donde era la mayor parte de su familia. Estaba destinado en la X Compañía de la Reserva General en Barcelona.