ETA vuelve a atentar contra unos juzgados, lo que demuestra la inquina terrorista contra todo aquello que represente el Estado de Derecho en el País Vasco, en un momento en el que el Gobierno socialista y el juez Baltasar Garzón parecen haber decidido poner fin al paréntesis en el que sumieron la acción de la Justicia durante la negociación política con los terroristas.
Por eso, se interpreta la bomba contra los tribunales de Vergara como una respuesta de ETA a las últimas decisiones judiciales, como la de la suspensión de actividades de PCTV y ANV por su estrecha vinculación con ETA-Batasuna, como si se tratara de un nuevo formato de "diálogo" entre los terroristas y el Gobierno dentro de la escenificación de la ruptura de los contactos.
Lo cierto es que los socialistas aún pretenden mantener la ambigüedad que tan buenos resultados electorales les hizo cosechar en las últimas municipales en el País Vasco, porque parece haber indicios de recientes reuniones entre interlocutores socialistas y del entorno proetarra, como Rafa Díez Usabiaga, mientras el cabeza de lista al Congreso por el PSE guipuzcoano, Miguel Buen, se permite el lujo de mantener una opinión y la contraria con apenas unas horas de margen entre unas declaraciones y otras.
De hecho, ha quedado acreditado durante toda la legislatura, pero especialmente en los últimos meses, que el PSOE, desde el Gobierno hasta el último de sus representantes en el País Vasco, es capaz de sostener una política y la contraria en materia de terrorismo, ya que se presentan a las Generales mostrando su orgullo por la fracasada estrategia del "proceso de paz" y simultáneamente aseguran por activa y por pasiva que no volverán a dialogar con terroristas sobre sus pretensiones políticas.
En consecuencia, los españoles no sabemos a qué atenernos de cara a estas decisivas elecciones, porque el propio presidente del Gobierno y candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que volvería a dialogar con ETA en caso de que se dieran las condiciones idóneas, aunque a la vez afirma que no dialogará con los terroristas porque no se dan esas condiciones.
Como ha quedado patente a lo largo del "proceso" que nunca se dieron realmente ninguna de las condiciones que el Gobierno presuntamente había establecido para mantener los contactos con los terroristas, lo que se desprende de la actitud de los socialistas es que están dispuestos "como sea" a volver a sentarse a la mesa con los etarras, porque lo de las "condiciones objetivas" es una burda justificación para tratar de ocultar que, cuando ellos lo decidan, retomarán los contactos con los criminales.
Lo más grave de esta situación es que, precisamente, los socialistas en el Gobierno volverían a suspender la acción de la Justicia para dar cabida a las negociaciones cara a cara con los terroristas, con la impagable ayuda de jueces como Baltasar Garzón que refutan sus propios autos a conveniencia del particular "proceso de paz" del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
En esta tesitura, es lógico que etarras, proetarras y nacionalistas acusen al Gobierno de utilizar la Justicia en beneficio de sus propios intereses políticos, porque nunca antes se había deslegitimado tanto el Estado de Derecho en su acción contra ETA. Así, los nacionalistas protestan por la reciente condena del "caso Atutxa" o por el proceso abierto contra el lehendakari Ibarretxe, pero se trata de una nueva escenificación, porque saben tan bien como Patxi López y Rodolfo Ares que lo que hoy es delito, reunirse con ETA-Batasuna, mañana podría volver a ser un elemento esencial para la buena marcha del "proceso de paz".
Por eso, ETA atenta con una bomba contra los juzgados de Vergara, pero lo verdaderamente grave es que este Gobierno ha atentado contra los mismos cimientos del Estado de Derecho en España, al supeditarlo a las conveniencias de los terroristas en las conversaciones políticas con los delegados socialistas.