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Tibieza sin límites
Este miércoles leí con interés una entrevista realizada al psicólogo Javier Urra, quien fuera Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, en la que llega a afirmar que "en esta sociedad hay un factor contaminante, tóxico, grave que transmite la idea de que todo vale. Los chavales ya no saben lo que son los límites... Fallan los diques de contención que ponen freno".
Desde luego no puedo estar más de acuerdo con su análisis, aunque añadiría que ese comentario bien puede aplicarse a día de hoy a muchos de los que no son tan jóvenes. ¿Qué se puede decir de aquellos cuyo cometido es impartir Justicia? Porque en los últimos tiempos asistimos a una auténtica exhibición de estrambóticos argumentos puestos en escena por algunos jueces para quienes, al parecer, "el todo vale" es la norma superior del ordenamiento jurídico español; no la Constitución, no, sino aquello que a algunos les "mola" más defender para sentirse exquisitos cultivadores de los derechos humanos: ya sean los homenajes a terroristas, los abucheos al Rey o la permisiva Ley socialista del Aborto libre para adolescentes.
En realidad, la impresión que dan muchas sentencias es que lo que de verdad les mola a ciertos jueces autodenominados "progresistas" es lo que les indica el partido al que sirven, actualmente en el Gobierno, y no la práctica de hacer Justicia con arreglo estrictamente a la Constitución, que debería ser la guía para determinar, por ejemplo, si la futura Ley del Aborto es constitucional o no. Estoy con Agapito Maestre cuando dice que es bochornoso que ese proyecto vaya sin informe jurídico del Consejo General del Poder Judicial que legitime su constitucionalidad. A mí me resulta difícil entender cómo todo el bloque "progresista" tiene una misma opinión y todo el bloque "conservador" la opuesta. En cada bloque no hay fisuras. Pero estamos hablando a la vez de dos visiones radicalmente opuestas y enfrentadas de lo que es la Constitución.
A mí esta situación de nuestra Justicia dividida en bloques sí que no me mola nada. Porque lo que da valor y significado a la Justicia es la venda con la que se la representa simbólicamente; pero aquí, en España, en algunos altos organismos como el Tribunal Constitucional y el CGPJ, la Justicia parece más bien estrábica: con un ojo mira a la derecha y con el otro a la izquierda.
Si la politización es patente en las más altas instancias de la Administración de Justicia española, qué no diremos de algunos superjueces de la Audiencia Nacional, siempre empeñados en defender los derechos humanos en Hispanoamérica y Palestina mientras aquí, siguiendo con "el todo vale", son capaces de retorcer las más elementales interpretaciones de la libertad de expresión para justificar los homenajes públicos a terroristas, los abucheos al Rey o los pitidos al himno nacional. Lo importante es que cada cual se explaye como quiera. Que se insulta o desprecia a la Nación española, ¡no pasa nada! Que se va a permitir amparar legalmente el crimen perpetrado contra seres indefensos, ¡no pasa nada! Que las víctimas se sienten vejadas por los proetarras, ¡no pasa nada! Más importante es que los familiares de los criminales puedan manifestarse en el ejercicio de su derecho a solidarizarse con los asesinos. No hay límites que valgan.
Pero las consecuencias son graves y están bien a la vista –para el que aún las quiera ver-. Como escribe Manuel Jímenez de Parga con referencia a la pitada al Rey: "Si se admiten estas desviaciones el fin del recorrido es fácilmente previsible y no podemos contemplar impasibles la carrera como hacen los tibios."
Hombre: por poder, podemos ("Yes, we can")... pero no debiéramos. Yo en realidad pienso y siento que no podría –ciertos principios me lo impiden-, ¿y Vd., acaso puede?
La polarización en la interpretación de la constitución se debe a lo pésima que es. Por ejemplo, si en la constitución estuviese redactado un artículo en el que explícitamente se protege la vida del no nacido, se acabó el debate sobre si la ley abortista es o no constitucional.
Enterrar a Montesquieu, hace ya bastantes años, fue el acto de la clase política (y aquí van todos en el mismo saco) más egoísta, miope, torpe, antidemocrático, y hasta suicida que hemos sufrido. Sembraron la levadura para cargarse la justicia, que es un pilar básico de un estado democrático, y así hemos acabado aceptando que lo mismo vale que se legalice una tapadera terrorista, que sea legalizada sólo a medias, donde más posibilidades tenga, o se ilegalice cuando convenga. Lo mismo vale que la ley o actos del gobierno central o autonómico sea inconstitucional o no, porque si hay dudas, la justicia o se inhibe, o dilata su dictamen sine die, o escribe sentencias en papel mojado. El fin del recorrido quizás no es tan previsible como cree Jiménez de Parga, pero ya se ve muy claramente la senda por la que nos metido.