Sorprende el renovado celo antiterrorista de Baltasar Garzón, quien, a cuenta esta vez de la trama de extorsión de ETA, se permite un día la detención televisada de José Antonio Jainaga y al siguiente la de Jesús Guibert, por cierto víctima de ETA al ser secuestrado en 1983 por los Comandos Anticapitalistas, como ha denunciado la patronal guipuzcoana ADEGI.
La verdad es que recuerda algo a la espectacularidad de la intervención de AFINSA protagonizada por la Agencia Tributaria (el Gobierno), cuyos miles de damnificados aún no han sido debidamente compensados por el Ejecutivo socialista. Y hasta podría ser considerada como una de las habituales cortinas de humo tendidas por los socialistas para tapar, en la coyuntura actual, la crisis económica o las nuevas sesiones judiciales sobre el 11-M, si no fuera porque las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina.
Porque es realmente sorprendente que un juez como Garzón, que siguiendo las pautas del Fiscal General del Estado (el Gobierno), Cándido Conde-Pumpido, llegó a declarar ante los medios que los jueces debían atender a la coyuntura del "proceso de paz" (y colaborar con el Gobierno en la suspensión del Estado de Derecho), pretenda mostrarse ahora como azote de los presuntos "financistas" de ETA. Sobre todo cuando ha sido (al servicio del Gobierno socialista), capaz de tragarse sus propia doctrina sobre el entramado de los terroristas, lo que ha permitido a la banda colocar a sus franquicias (PCTV y ANV) en multitud de Ayuntamientos vascos y navarros, y pastar en sus Presupuestos.
Pero, en cualquier caso, los detenidos hoy serán puestos en libertad mañana, porque a diferencia de la operación del juez Marlaska contra los pagos de la extorsión a ETA (frustrada por un chivatazo que Garzón no quiso investigar), y de los procesos a Ibarretxe, López y Ares por reunirse con ETA-Batasuna, esto parece más bien una superoperación de imagen al servicio de la actual política "antiterrorista" del Gobierno. El PSE contra el "gran capital vasco", pero no tanto por pagar a ETA como por su presunta condición de "capitalismo explotador" asociada a la adscripción nacionalista de algunos de sus miembros, que el PSE explotará en campaña dentro de ese giro que pretenden mostrar que han dado: "El PSE contra el empresariado nacionalista que paga a ETA".
Porque ahora que el Gobierno socialista parece dispuesto a poner a Patxi López de lehendakari "como sea", se encuentra con que el PSE no ha hecho nada en los últimos años que no fuera seguidismo del PNV y negociar con terroristas y proetarras (en el periodo de alegalidad que les concedió Garzón), y que en la actual coyuntura política y mediática su estrategia taimadamente ambigüa no parece servir para afrontar el desafío creciente de Ibarretxe.
Demasiado cedieron antes los socialistas, tanto para echarse atrás ahora en su pretendido "vasquismo" como para demostrar que son alternativa al frente nacionalista. Y de ahí las muestras de pretendida firmeza del juez progresista al servicio del PSOE, imágenes para desprestigiar de manera indirecta a un sector del nacionalismo que goza aún de buena reputación entre los vascos.
A mí, por el contrario, lo que me preocupa pero desde luego no me sorprende es que dos grandes empresarios vascos hayan padecido la extorsión de ETA, desprotegidos por un Gobierno Vasco que por su parte financia su entramado político, social y cultural por activa y por pasiva desde hace una década, desde que Juan José Ibarretxe gobierna Euskadi, en unas cifras que Mikel Buesa estimó -en un estudio del Foro de Ermua- la mitad del presupuesto total de ETA.
Pero aquí, ya lo sabemos los vascos, paga desde la señora de la tienda de chucherías al prestigioso cocinero, y del médico al dueño del concesionario de coches: pagan para proteger su vida, a su familia, y su propiedad. Y esto no es considerado delito, por lo menos no entre "nosotros los vascos", que somos cabalmente comprensivos con los acosados por el terrorismo aunque parezca "síndrome de Estocolmo".
Porque yo sé bien que esto que padecemos sólo tiene un nombre: chantaje mafioso. Y desde luego todos los vascos debieran resistirse a la extorsión, pero unos han sido asesinados por este motivo, y otros han decidido irse si la opción de quedarse pasaba por pagar a ETA, ¿por qué? Pues porque nunca, salvo con el PP en el Gobierno, se han sentido verdaderamente arropados y protegidos por las autoridades. Todo lo contrario: poco han importado a Ibarretxe los problemas de los empresarios acosados por ETA, cuando con ETA estaba Ibarretxe construyendo "el futuro de la Nación vasca", en 1998 como en 2008; con Batasuna, con EA y EB, o con el PSE; en Estella como en Loyola.
Y qué esperar del Gobierno que trató de ocultar, durante los meses que siguieron al inicio del "alto el fuego permanente", que ETA seguía enviando remesas de cartas de extorsión a los empresarios, aunque "en un tono más cordial" según el Ministerio del Interior (el Gobierno). Los empresarios navarros, sin ir más lejos, lo denunciaron públicamente ante el silencio cómplice de gentes como José Luis Rodríguez Zapatero Alfredo Pérez-Rubalcaba, Cándido Conde-Pumpido, Patxi López, Juan José Ibarretxe o el sorprendente juez Baltasar Garzón.
Por eso no sorprende que ETA goce de cierta impunidad a la hora de extorsionar empresarios en el País Vasco, ni que los que pagan sean después procesados por ello.