A estas alturas de la legislatura parece una verdad de Perogrullo afirmar que sólo un Gobierno del PP permitirá la ilegalización de ANV y PCTV, por tratarse de partidos representantes de ETA en las instituciones democráticas del País Vasco y Navarra. Porque lo cierto es que el Gobierno socialista ha demorado tanto reactivar los mecanismos necesarios para prohibir estas organizaciones que ya es dudoso que sus previsibles candidaturas a las Elecciones Generales puedan ser proscritas.
En cualquier caso, los procedimientos de la Justicia deben ser respetados en tiempo y forma, y el PP así lo entiende y en consecuencia respeta, porque además no se trata de lentitud administrativa o de retraso de las FSE a la hora de entregar sus informes sobre las vinculaciones a ETA-Batasuna de ANV y PCTV, sino de mera falta de voluntad política de los socialistas, que hasta en cinco ocasiones han rechazado en el Congreso solicitar la ilegalización del brazo político de los terroristas pese a la vigencia de la Ley de Partidos.
Toda la política del Gobierno en esta legislatura ha consistido, en relación a la acción de la Justicia contra ETA, en suspender el Estado de Derecho mientras duraba la negociación política, a ratos. Para ello, ha utilizado diferentes tácticas, desde la inhibición a la hora de evitar que asesinos en serie como Iñaki De Juana salieran a la calle, hasta el intervencionismo más burdo protagonizado por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que se ha permitido aleccionar a magistrados y fiscales sobre "la postura" que debían adoptar durante el "proceso" de negociación con terroristas: ponerse de perfil.
Así fue en su caso, respecto a ANV y PCTV, cuando no decidió someter a consideración del Tribunal Supremo, con los centenares de pruebas suministrados por las FSE en su día, la legalidad de dichas formaciones como tales por su posible (y visible) vinculación con ETA-Batasuna. Sólo se permitió a los jueces, "atados de pies y manos", pronunciarse sobre una serie de listas de ANV y sobre todas las de la otra marca de ETA, ASB, y todas ellas fueron efectivamente prohibidas con el argumento de que servían de tapadera a los terroristas para entrar de nuevo en las instituciones.
Con estos antecedentes, lo de menos es cuándo se proceda a ilegalizar ANV y PCTV, y lo de más el hecho de que el PSOE esperará a ver los resultados del 9-M para decidir qué hace respecto a ETA. En el PP no existe ese dilema, y desde luego los españoles pueden confiar en que con Mariano Rajoy de presidente se procederá a liquidar el terrorismo de ETA de la única manera legal y legítima en democracia: a través de todos los recursos de que dispone el Estado de Derecho en la lucha contra los terroristas.
Ya se mostraron eficaces en el pasado, con los Gobiernos de Aznar y sus ministros del Interior Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes, y de hecho ha sido la política antiterrorista más exitosa que los españoles, y muy especialmente los vascos, hemos conocido hasta el momento en tres décadas de democracia. Desde el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, la colaboración internacional y la posición de la UE al incluir a varias organizaciones del entorno de ETA en sus listas de organizaciones terroristas, pasando por las operaciones policiales y la práctica erradicación del terrorismo callejero, hasta la ingente labor jurídica realizada para cerrar a los terroristas todo resquicio legal para participar en las instituciones y controlar la sociedad.
Todo ello, unido a la convicción de toda una sociedad de que se podía y debía derrotar a ETA sin dar nada a cambio a los terroristas, casi nos permitió acabar con la pesadilla hace no tanto. Ahora mismo, yo tengo la impresión de que no habrán de pasar muchos años para que los españoles podamos asistir definitivamente al fin del terrorismo etarra, pero es una esperanza fundada en la expectativa real de cambio de Gobierno. Porque el candidato José Luis Rodríguez Zapatero no lleva la derrota de ETA en su programa.