Una semana después del asesinato de Ignacio Uría a manos de los criminales de ETA, PNV y EA han logrado ponerse de acuerdo para arrebatarle el gobierno municipal de Azpeitia a ANV, básicamente porque a ambas formaciones les parece lógico y democrático que gobierne el municipio la lista más votada.
Ahora bien, si la nueva doctrina del PNV para la "deslegitimación social" de ETA pasa por asumir las recientes palabras de su presidente Iñigo Urkullu –"a los ciudadanos hay que ofrecerles un municipio gobernado en base a unos principios claros, por encima del ejercicio de la política, con todos y cada uno de los derechos humanos"- no se comprende por qué los proetarras continúan gobernando multitud de ayuntamientos donde sólo haría falta la misma suma de votos PNV-EA, o la de estos junto a los de PP y PSE, para echarlos del poder. ¿Es que hay que esperar a que se cometa un asesinato en Legazpia o Soraluze para que los nacionalistas sean consecuentes y procedan del mismo modo?
Similar o peor actitud demuestra el Gobierno socialista, que sólo se plantea medidas contra ANV cuando las televisiones y las portadas de los diarios ofrecen la imagen de un cadáver tapado con una manta, y sólo durante el tiempo que transcurre hasta que la actualidad vuelve a tapar el crimen bajo un manto de indiferencia y declaraciones interesadas. Porque el Gobierno no sólo no considera urgente expulsar a los proetarras de los gobiernos municipales con la Ley en la mano, sino que ni siquiera se molesta en excluir a dichos ayuntamientos del fondo para municipios de 8.000 millones de euros.
En este punto hay que dejar claro que las ayudas del fondo van destinadas a proyectos de obras concretas que deben ser aprobados por el propio Gobierno para su financiación, lo que aparentemente permite confiar en un control escrupuloso de la inversión. Ahora bien, todo ese dinero que el Gobierno le permita ahorrarse a ANV, estos lo destinarán a incrementar las partidas habituales en ayuntamientos proetarras: subvenciones a asociaciones afines y a familiares de terroristas encarcelados, para la construcción de monolitos y actos de homenaje a los criminales, etc.
Definitivamente, el crimen de Azpeitia ha vuelto a desatar las contradicciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la lucha contra el terrorismo, mostrando de manera descarnada la falta de voluntad política o el desmesurado tacticismo e instrumentalización electoralista de esta cuestión que caracteriza al presidente desde el 11 de marzo de 2004. Por eso tampoco debiera escandalizarnos, aunque nos repugne, que Rodríguez Zapatero sugiera ahora que aplicar la Ley para disolver los ayuntamientos controlados por ANV es amenazar el pluralismo político.
La desaparición de ETA se logrará únicamente proscribiendo ANV-Batasuna y todas las demás franquicias políticas y socioculturales del entorno proetarra. Para ello nació el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, que eran y siguen siendo los instrumentos más eficaces para acabar con ETA, pero sólo en las manos de quienes están dispuestos a derrotar a los terroristas. Desgraciadamente, es el propio Gobierno el que no parece estar por la labor.