ETA siempre ha recurrido a la extorsión a los empresarios como parte de su estrategia terrorista, un elemento que les identifica con las organizaciones mafiosas, sólo que éstas no disfrazan sus últimos fines de “causa política”. Precisamente por esto, por la coartada ideológica que usan los terroristas para defender sus acciones ante la opinión pública, es por lo que pretenden diferenciarse de los criminales de otras organizaciones y obtener así réditos políticos e incluso ventajas penales a la hora de encarar la acción de la Justicia.
Durante toda la negociación política con ETA, el Gobierno ha preferido minimizar la importancia real de esta coacción constante a retirar la confianza en los terroristas y sus buenas intenciones, con la excusa de que el tono en que estaban escritas las cartas de las nuevas remesas posteriores al “alto el fuego permanente” había cambiado, y era menos agresivo. Como ponen de manifiesto de nuevo los empresarios vascos y navarros, en realidad la extorsión nunca fue interrumpida, y recibir una carta de ETA en casa siempre significa lo mismo: la organización terrorista reclama fondos para continuar con sus acciones violentas.
Mucho, demasiado, ha hecho el actual Gobierno socialista por blanquear la imagen de los asesinos, por disfrazar sus únicas intenciones y por tratar de hacer ver a los españoles que había una verdadera voluntad por parte de ETA de abandonar el terrorismo, cuando nunca los mensajes de la organización apuntaron en ese sentido. ETA se sentía legitimada para continuar con su “lucha armada” al principio de la negociación política, y gracias a que el Gobierno ha sido permisivo con sus medios durante todo este proceso ahora se siente más fuerte aún.
Los nacionalistas, por su parte, siempre han otorgado esa legitimidad política a las acciones terroristas, con la justificación de un “origen político del conflicto” del que surgiría ETA. Además, desde que Ibarretxe es lehendakari, el Gobierno Vasco destina cuantiosas partidas para el entorno proetarra que llegan a doblar la cantidad de lo que la organización terrorista recauda a través de las cartas de extorsión, lo que pone de manifiesto una vez más la nula voluntad del nacionalismo vasco por acabar con ETA.
La infamia es compartida en el momento actual por un Gobierno que ha hecho la vista gorda ante la amenaza terrorista a los empresarios durante toda su negociación política, para proceder poco después del fin del “alto el fuego permanente”, por boca del ministro de Justicia, a recomendar a los mismos empresarios que no cedieran a la extorsión. La presión política en este contexto ha sido clara: al minusvalorar el impacto real del chantaje económico, el Gobierno estaba pensando más en las necesidades financieras de ETA que en las de los empresarios, a los que también les ha pedido “comprensión” por su “proceso de paz” para que fueran discretos.
Definitivamente, ETA cuenta con la coartada ideológica perfecta para continuar con sus prácticas mafiosas, desde el instante en que el Gobierno socialista y el Gobierno Vasco se muestran tan comprensivos con sus necesidades financieras.