Desde la Corporación municipal de Lizarza hemos vuelto a denunciar la campaña organizada por ETA-Batasuna para recoger firmas en el pueblo y pedir la dimisión de los miembros del equipo de Gobierno. Y condenamos esta campaña porque los proetarras son muy libres para montar al aire libre el teatro que consideren, pero desde luego supone una estrategia de intimidación intolerable pasarse puerta por puerta para recabar las respuestas de los vecinos.

De hecho esta campaña iba a tener una duración de dos semanas, en las que los representantes de los terroristas en el pueblo pensaban cosechar cientos de firmas en las mesas que instalaron en la Plaza de la Libertad a tal fin. Pero la realidad de Lizarza es que han tardado dos meses en recabar las 400 firmas que dicen tener, dos meses en los que se han visto obligados a llamar puerta por puerta a los vecinos para sonsacarles un voto afirmativo a su propuesta.

Sabemos que la estrategia de presión de los terroristas pasa en este caso por deslegitimar al actual Gobierno democrático y legal de Lizarza, pero no van a conseguir sus objetivos. Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora, para devolver la libertad y la normalidad democrática a los habitantes de Lizarza. Porque los miembros de este equipo no vamos a renunciar a nuestra obligación democrática al frente del Ayuntamiento.

Porque además sabemos que ni los nacionalistas, ni por supuesto los proetarras, tienen legitimidad alguna para pedirnos la dimisión: los proetarras porque fueron ilegalizados, y los partidos nacionalistas porque fueron incapaces de presentar una candidatura a este Ayuntamiento, del que el anterior alcalde, Joseba Egibar, salió huyendo tras intentar repartirse el Poder con miembros de las candidaturas ilegalizadas.

Y junto a la connivencia de los nacionalistas vascos, de nuevo he de recordar que gracias a la política del Gobierno socialista los representantes de ETA-Batasuna han vuelto a enquistarse en las instituciones democráticas y a ejercer presión contra los cargos electos en todos aquellos municipios donde sus candidaturas fueron ilegalizadas, como en Lizarza.

Esperemos que tras el 9-M el nuevo Gobierno del PP ponga fin a estos apaños de los socialistas y los nacionalistas con los terroristas, que sólo han servido para reforzar a una ETA-Batasuna que de nuevo trata de hacerse presente en los municipios vascos por todos los medios.