El pasado fin de semana tuve la ocasión de participar en Ávila en una mesa redonda organizada por el PP con motivo del trigésimo aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos en España. La cuestión que me tocaba abordar a mí, lógicamente, era la de las condiciones concretas en que se había desarrollado la actividad política en los municipios vascos; una actividad siempre condicionada, incluso a día de hoy, por la presión terrorista de ETA y el abuso de poder de sus colaboradores batasunos, en un contexto marcado por el monopolio nacionalista de las instituciones democráticas.
Se habló de los ayuntamientos como "escuela de la Democracia", una definición muy ajustada si tenemos en cuenta que la función básica de la institución municipal es aproximar la Administración al ciudadano para ofrecerle el mejor servicio, así como hacerle partícipe de las decisiones políticas que más directamente pueden afectarle. Pero, si en el resto de España los ciudadanos han sido libres para ir a su ayuntamiento, hablar con sus representantes y recibir la información pertinente en cada caso, en los municipios vascos los vecinos han padecido una situación muy distinta, una experiencia directa de lo que supone la patrimonialización de una institución democrática por parte de aquellos más interesados en avanzar hacia un nuevo régimen que en consolidar las libertades y los derechos mediante la política municipal.
A causa de ello, a muchos de los que hemos desarrollado nuestra carrera política en la vida municipal nos ha tocado defender los principios y valores constitucionales frente a las dificultades, las trabas y los peligros que nos ha deparado servir a los ciudadanos desde opciones políticas democráticas y no desde facciones al servicio de la "construcción de Euskal Herria". Todos conocemos el alto precio que hemos debido pagar al servicio de la Democracia, pues concejales del PP y del PSE (y de UPN, en Navarra) han sido asesinados por ETA precisamente por ser representantes próximos a los vecinos, caras conocidas de un proyecto democrático que el nacionalismo en su conjunto, y los terroristas en particular, siempre han visto como un obstáculo a sus delirantes proyectos separatistas.
La defensa cívica de principios constitucionales tan sagrados, tan imprescindibles como la libertad, la convivencia y la igualdad, ha sido correspondida con las amenazas de muerte, las agresiones y los atentados, en medio de un clima pavoroso de silencio cómplice, de silencio interesado, de silencio oficial por parte de las autoridades nacionalistas que siempre han estado prestas a quitar hierro a lo que ha sido una asfixiante situación de acoso y derribo para todos aquellos concejales que no han comulgado con las ruedas de molino de su proyecto. Creo sinceramente que esos concejales asesinados son a su vez maestros de honor de esa Gran Escuela de la Democracia. Porque ellos, y los que a fecha de hoy continúan con su labor constante y entregada, nos enseñan cada día lo que significa trabajar desde una concejalía por algo más importante que el urbanismo, las actividades culturales o las prestaciones sociales. Lo que implica apostar por la Democracia en un terreno abonado para hacer crecer el desistimiento, la desidia, la desesperanza y el miedo.
Por eso, a día de hoy no podemos olvidarnos de que 34 ayuntamientos vascos siguen gobernados por los etarras batasunos, 25 de ellos con mayoría absoluta, mientras en Navarra se han hecho con 8 alcaldías. En todos estos municipios los proetarras hacen y deshacen, lo que significan que tienen sometidos a sus designios a decenas de miles de personas. En estos ayuntamientos los ediles no condenan los actos terroristas, ni siquiera los asesinatos, sino que los excusan. En estos ayuntamientos se humilla a las víctimas y se ensalza a los terroristas a los que se les dedica calles o monolitos, o incluso se les concede el título de "hijo predilecto". En estos ayuntamientos se financia a los presos de ETA con el dinero de todos los ciudadanos, así como se fomenta todo tipo de manifestaciones, algaradas y actos de subversión contra el sistema democrático.
Los gobiernos de ANV siguen haciendo lo que saben: atemorizar y chantajear al diferente, al no nacionalista, mientras impulsan su proyecto independentista y promueven la justificación del terrorismo desde las mismas tribunas que debieran servir para condenarlo sin paliativos. Por eso nosotros, los que tenemos firmes convicciones democráticas, podemos albergar ahora la esperanza de un cambio radical en la vida municipal vasca, porque entre PP y PSE vamos a trabajar para que desde el Gobierno y el Parlamento vascos la escuela de la Democracia se haga realidad en cada uno de los ayuntamientos vascos. Ahí radica la fortaleza del pacto, y esperemos que sus principios se extiendan por toda la sociedad vasca para acabar definitivamente con la amenaza real a nuestros derechos y libertades.