ETA ha revelado que ANV fue la marca propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que la organización terrorista Batasuna pudiera concurrir a las últimas elecciones municipales y forales, lo cual encaja a la perfección en el esquema mental de un presidente del Gobierno que pretende reescribir la Historia reciente de España para situar la legitimidad de origen del actual sistema democrático en 1936.
Porque lo que el Gobierno dejó muy claro a ETA es que no podría presentarse a las elecciones con la marca de Batasuna, lo que también se hizo extensivo a las siglas ASB (Abertzale Sozialistak Batasuna, o “Unión de Nacionalsocialistas”) que incluían dicho término, pero sí abrió la puerta de los Ayuntamientos vascos y navarros a Acción Nacionalista Vasca, con la excusa de que en los estatutos de este partido fundado en tiempos de la II República se rechazaba la violencia.
Esta burda maniobra de ocultamiento fue secundada por el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que incluso se permitió declarar que “igual nos hemos pasado” al proscribir muchas de las candidaturas de la organización. ¿Qué arbitrario criterio jurídico siguió entonces el fiscal al solicitar al Tribunal Supremo la impugnación de dichas listas? Pues el del alto o medio o bajo grado de “contaminación” de las mismas… con miembros integrantes de la ilegal Batasuna.
El uso de la Justicia y de la Ley de Partidos al antojo del presidente del Gobierno, según sus tiempos en la negociación política con los terroristas, ha dejado maltrecho el Estado de Derecho y ha deslegitimado en consecuencia su acción contra el entorno de ETA. Incluso ahora duda el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que haya que proceder contra ANV, pese a todos los informes de las FSE que vinculan a esta organización con Batasuna y a las propias declaraciones de jueces del Tribunal Supremo en el sentido de que el fiscal general los ató de pies y manos al no pedir la aplicación de la Ley de Partidos contra ANV, lo que hubiera acarreado la impugnación de todas sus listas.
Pero lo más pintoresco de esta situación es constatar que según la “memoria histórica” del presidente del Gobierno cualquier organización de tiempos de la II República parece contar de antemano con una legitimidad democrática inapelable, lo que sumado a la Ley de Memoria Histórica que contempla hasta indemnizaciones para los familiares de etarras muertos durante la Dictadura haría de ANV algo más que una marca de ocasión para ETA: un partido político democrático y legal integrado por “hombres de paz”. De este modo, ni siquiera resultaría chocante una “alianza de progreso” entre PSE y ANV, a imitación de la que gobierna Cataluña, ya que el pedigrí democrático de ANV sería equivalente al de ERC.
Pero las pruebas indican que ANV es la continuadora de Batasuna, organización terrorista según la Unión Europea, pese a toda la cobertura ideológica que le pretenda brindar un presidente del Gobierno que parece instalado en el revanchismo guerracivilista. Y como tal debe ser considerada, para su ilegalización, a riesgo de volver a los oscuros tiempos en que la propia ETA gozaba de cierta legitimidad política por su presunta “lucha contra la Dictadura”.