El archivo de la causa contra Ibarretxe, López, Ares y los cinco batasunos procesados por reunirse entre ellos para negociar sobre los objetivos de ETA, según la conveniencia política de PNV y PSE, demuestra la absoluta desprotección que padecen los ciudadanos ante la voluntad política de dialogar con criminales. Porque si una acusación popular no está legitimada para sentar en el banquillo a sus representantes políticos, los ciudadanos dependemos absolutamente de la voluntad del Ejecutivo, a través de los fiscales, y da la casualidad de que el Gobierno socialista no está por la labor de procesar a su candidato a lehendakari.

Suscita además una cuestión inaplazable: ¿puede existir un Estado democrático en paz pero sin Justicia? Eso es más bien lo que caracteriza a un Estado totalitario, donde la paz se logra a cambio de suprimir los derechos inalienables de los ciudadanos. Es la paz del Terror, la paz de los cementerios. Por eso me parece escalofriante leer las palabras del lehendakari Ibarretxe, cuando afirma que "la Justicia debe admitir que el diálogo es la única solución"-el diálogo con los que matan para eliminar toda oposición antinacionalista, claro.

Semejante aberración en boca de un candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma Vasca a muchos nos pone los pelos de punta. Porque parece no importarle a Ibarretxe que no haya Justicia, ya que lo importante es el diálogo con los terroristas. Lo importante es reconocerlos como interlocutores válidos, como agentes políticos homologables al resto, y que la Justicia, la misma que decidió ilegalizar a Batasuna por sus vínculos con ETA, y recientemente también ha suspendido a ANV y PCTV, ahora haga caso omiso de la Ley porque los señoritos del PNV y del PSE así lo han decidido.

Por su parte, Urkullu ha dicho por el lehendakari que "nadie sabe mejor que él lo que cuesta políticamente el anhelo de paz". ¿A quién le cuesta? Porque a ellos les ha ido muy bien durante estos 30 años gobernando guiados por el "anhelo de paz", es decir, recogiendo las nueces del árbol que ETA movía y mueve, en detrimento de la Libertad. Las víctimas son las que conocen de verdad ese calvario de anteponer una falsa paz a la libertad y la propia dignidad de las personas.

Y qué decir de Patxi López, en sintonía con Ibarretxe y Otegui cuando vuelve a la carga con el leit-motiv de la negociación con ETA al querer "demostrar que la política tiene que servir para resolver los problemas", que más que una perogrullada es una invitación, de nuevo, al diálogo político. Pero no al diálogo democrático, sino a la negociación secreta con terroristas. De hecho, ése ha sido el proceder de los socialistas vascos en los últimos tiempos, imitando al PNV en sus reuniones extraparlamentarias con ETA-Batasuna, que precisamente demuestran cómo ni López ni Ibarretxe confían en el ejercicio democrático de la política, ni en sus instituciones representativas, ni en la capacidad de diálogo entre demócratas, puesto que siempre acaban acudiendo a recónditos caseríos y santuarios religiosos para continuar con sus diálogos secretos con nuestros particulares redentores totalitarios.

Ante semejante desmán, resulta que tampoco tiene una acusación popular derecho a exigir la aplicación de la Ley -sólo eso: que se aplique la Ley-, porque no es acusación particular. Ante esta actuación, ¿qué nos queda a los ciudadanos cuando vemos, con luz y taquígrafos, que se transgrede la legislación vigente? ¿Agachar la cabeza como corderos hacia el matadero?

Definitivamente, me parece vergonzoso todo lo acontecido y por ello aplaudo el hecho de que se recurra la sentencia. Esperemos que el Tribunal Supremo sea coherente con sus sentencias.