La autonomía real del Banco de España (una de las pocas instancias oficiales cuyos cimientos aún no han declarado avanzada aluminosis moral en este país) frente al Gobierno zapateresco la dará su próxima decisión sobre Cajasur, una vez reflotada esta entidad con el dinero del FROB. Porque son previsibles las visitas al Gobernador, en estos días, de enviados de la "andalousian connection", la que une al presidente andaluz Griñán con los Zarrías y los Chaves y a éstos con Zapatero, para contarle sutiles fábulas morales, nunca amenazas (a ciertas organizaciones con treinta años de poder absoluto en el mediodía de la península no les hace falta trabajar con amenazas) sobre la conveniencia de que Cajasur pase a formar parte de la Gran Caja Andaluza, sin que vengan forasteros que no son de la familia a meter las narices en el negocio. Que no salga ni un euro fuera de las fronteras, como diría Feijoo.

Porque aquí se trata de comprobar si el saneamiento del sistema financiero español lo va a llevar a cabo, como quiere, puede y debe, el Banco de España, o bien "las personas de respeto" del entramado político autonómico, las mismas que han empujado en muchas ocasiones a las cajas de sus territorios a la insolvencia. Una pequeña caja saneada, Cajamurcia, como avanzábamos en un "post" anterior, ha comprobado por dos veces ya, en estos últimos meses, cómo no sólo los organismos financieros en cuya estructura tienen presencia los políticos de la autonomía correspondiente están sometidos a la Casta, sino también están en la misma situación aquellas cajas que no son, en puridad, "cajas políticas" pero operan también en el territorio que la Casta considera exclusivamente suyo. Como Cajasur. Por dos veces ya se ha encontrado Cajamurcia el veto político, aunque la oportunidad económica era clarísima, para fusionarse con dos cajas que sus respectivos padrinos autonómicos consideran coto privado. En Valencia y, antes, en Andalucía. En la última ocasión, hace pocos días, desde el Gobierno valenciano (aunque a través de unos propios), haciéndole una oferta al presidente ejecutivo de Cajamurcia que éste debía naturalmente rechazar. Y en Andalucía, encontrándose con el cercado del cortijo mandado poner para cuestiones financieras por los señoritos dueños del mismo.

O lo que es lo mismo, los barones autonómicos pretenden que el Banco de España ponga nuestro dinero encima de sus "pufos" para salvarles el poder financiero territorial que quieren seguir disfrutando, no para garantizar la solvencia y la viabilidad del sector bancario español, que les importa lo justo. El Banco de España ha dejado que esto suceda hasta ahora, contra toda racionalidad económica, seguramente porque ha recibido suaves indicaciones del Gobierno de que esto sea así para no perjudicar el buen rollito confederal. Pero el Banco de España, si no cambia ahora su nombre y su cometido, tiene una inestimable oportunidad con lo de Cajasur para empezar a poner en su sitio a la Casta autonómica, en nombre del sostenimiento financiero de la nación. Los que tiene que decidir qué hacer con los insolventes es quienes ponen la pasta o la solvencia, no al contrario.